Fracaso del GAFI contra la corrupción pública en América Latina

Las medidas contra el blanqueo de capitales que es producto de la corrupción pública, entendida esta como la apropiación ilegal o abusiva de fondos públicos para su aprovechamiento por individuos o instituciones privadas, basadas en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, no producen resultados efectivos en numerosos países de América Latina, de acuerdo con las evaluaciones llevadas a cabo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Estas conclusiones fueron presentadas en la conferencia ‘Las acciones contra el blanqueo de capitales de la corrupción pública en América Latina', dictada por Ricardo M. Alba, consultor en Asuntos Económicos y Bancarios de Panamá, en el Simposio Internacional sobre Delitos Financieros que tuvo lugar el 11 de septiembre en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Este simposio, que se ha llevado a cabo durante 33 años, tuvo una participación de 980 delegados y conferenciantes provenientes de 55 países. Estuvieron basadas en las evaluaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela hechas por las citadas organizaciones.

La conferencia presenta los aspectos más salientes de la corrupción en los países seleccionados, como son el soborno, los sobreprecios y otras formas de uso incontrolado e impune de fondos públicos. Indica el detalle de las normas contra el blanqueo de capitales que deben cumplirse en general y específicamente respecto a la corrupción pública. Recoge la percepción pública de la efectividad de los bancos para combatir el blanqueo, que va desde la opinión de que los bancos mantienen indiferencia o complicidad con este delito, hasta que los bancos cumplen rigurosamente con todas las normas para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales correspondiente. Señala las conclusiones de las evaluaciones respecto a que el esfuerzo es ineficaz para reducir o eliminar la corrupción pública como delito subyacente del blanqueo de capitales, para aplicar sanciones penales a los delincuentes y para recuperar los fondos substraídos ilegalmente del patrimonio público, aspectos estos que son los más importantes en una política nacional contra el blanqueo de capitales. Hay un relativo grado de eficacia en cuanto a disuadir del abuso de los servicios tanto a los proveedores de servicios financieros como a los usuarios de los servicios y para el intercambio de información en el ámbito internacional, aspecto este que más interesa al GAFI y a otros organismos internacionales y Gobiernos.

En la realidad, más útiles que la falta de aplicación efectiva de las normas del GAFI contra el blanqueo de capitales por actos de corrupción pública son las denuncias de medios de información pública y organismos de Contraloría, y las fuerzas sociales, políticas y profesionales que se ponen en movimiento contra la corrupción pública como consecuencia de cambios en la correlación de fuerzas políticas y cambios de gobierno de los países.

Ante esta generalizada ausencia de resultados, pregunta el conferenciante si es conveniente continuar con un esfuerzo ineficaz, costoso y complicado que afecta a clientes de los servicios, a proveedores de servicios, a las autoridades y a los contribuyentes, y que al final de cuentas parece beneficiar solamente a los países que reciben información para perseguir a sus delincuentes y recuperar su dinero. Considera que a pesar de la falta de resultados este esfuerzo debe continuarse e incrementarse, y para ello, recomienda acciones que tienen tanto que ver con el marco operativo de los proveedores de servicios y organismos de supervisión, como con normas referentes al ámbito legal y reglamentario.

Entre las primeras están la definición correcta de las llamadas ‘Personas Políticamente Expuestas (PEPs), los procesos de apertura de cuentas, los perfiles de los clientes, el seguimiento de las transacciones, los reportes de transacciones sospechosas, la investigación de posibles casos de blanqueo y enjuiciamientos y la aplicación de sanciones administrativas y penales. En el segundo grupo de propuestas se incluye la ampliación del delito de blanqueo debiendo saber y con ignorancia intencional, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la independencia de los organismos de supervisión, la debida diligencia de las autoridades, la rendición de cuentas de los PEPs y el cumplimiento de las norma y la corrección de los conflictos internos de intereses en Bancos y otros proveedores de servicios.

Se informó a la audiencia sobre los esfuerzos que realiza Panamá para mejorar su cumplimiento de las reglas del GAFI. En referencia a la corrupción pública, la adopción de nueva legislación y reglamentación podría mejorar la capacidad del país para combatir la corrupción pública al incrementar los niveles de diligencia debida de las ‘Personas Políticamente Expuestas'. Además, a pesar de que el tema de la corrupción pública no ocupa un lugar destacado en las recomendaciones del GAFI a Panamá, estas si recogen la propuesta de aumentar el grado de responsabilidad de los directivos de empresas proveedoras de servicios. Quedan todavía importantes puntos que impulsar de la lista de acciones necesarias recomendada por el conferenciante.

CONSULTOR EN ASUNTOS ECONÓMICOS Y BANCARIOS

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REGLAS

Los pasos de Panamá para salir de la lista gris del GAFI.

Se aprobó la Ley 23 del 2015 y su respectiva reglamentación, que modifica el régimen de acciones al portador y crea un nuevo ente fiscalizador.