Más de 26 mil funcionarios sin protección laboral

Unos 26,460 servidores públicos carecen de la protección de la ley de Carrera Administrativa, por lo que con los cambios de gobierno, cada cinco años, están sometidos al vaivén de la política. La razón: el proyecto de ley 230 que reposa desde agosto de 2015 en la Asamblea Nacional, pendiente de discusión en primer debate, manteniendo en un limbo administrativo al 35% de la planilla estatal que, a abril pasado, conformaban 215,941 personas.

La incertidumbre laboral de los más de 26 mil funcionarios públicos es más evidente luego de que en 2008-2009, el gobierno de Ricardo Martinelli desacreditara a más de 30 mi empleados públicos, restringíendoles ese derecho, por lo que la administración de Juan Carlos Varela quiere arreglar esa situación, dijo David Montenegro, director general de Carrera Administrativa.

Actualmente, el proyecto de ley presentado el 12 de agosto de 2015 por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reposa en los archivos de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral de la Asamblea.

La propuesta cayó en mora, pues dentro de su establecimiento, detalla que la aplicación del Procedimiento Especial de Ingreso (PEI), será a partir del 4 de enero de 2016, para todos los servidores públicos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el Manual Institucional de Clases Ocupacionales y el mismo regirá hasta el 30 de junio de 2017, por lo que el ingreso exclusivo de servidores públicos al Estado, será por medio de procedimientos ordinarios de ingreso o concurso a partir del 3 de junio de 2017.

Además, la iniciativa tiene como norte ayudar a la administración pública a mejorar en todos los sentidos y los conflictos colectivos son tomados en cuenta en el proyecto.

El proyecto nació con la finalidad de profesionalizar al servidor público, educarlo para que mejore la calidad del servicio al ciudadano y otorgarle derechos. Fue consensuado y apoyado por diversos instancias tanto públicas como privadas, así como, varias organizaciones activistas, ya que el mismo se baso en la ley original y solo fue adecuado, "hubo mucha aceptación e interés no entendemos por qué no se le ha dado la discusión del tema", argumentó Montenegro.

Y es que la búsqueda de la acreditación de parte de 26,460 funcionarios se suma al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró en contra de la acción impuesta por la pasada administración. Este proceso especial de ingreso, que se dará en cumplimiento al fallo ‘nos obliga a buscar y conocer el estatus laboral actual de esos funcionarios que están activos que debieron estar en la carrera administrativa', explicó Montenegro.

Para el regente de la Direccion General de Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia, ‘es necesario arreglar la situación conforme a lo que establece la ley (de aprobarse el proyecto) pues buscamos justicia para casi 30 mil funcionarios que no gozan de los privilegios de las leyes especiales y quienes también son duncionario que sirven al país y la ciudadanía en general'.

A nivel de los salarios entre los servidores públicos hay una distorsion y disparidad total entre maestros, médicos policías y otros funcionarios que los amparan las leyes especiales, quienes gozan periódicamente ajustes salariales y una estabilidad laboral, a diferencia del grupo de funcionarios que esta a merced de los vaivenes políticos cada 5 años.

Lo que buscamos es hacer justicia para que un funcionario que tiene 20 o 30 años laborando en el Estado se les haga justicia, "pues ellos no tienen la culpa de lo ocurrido en los programas del gobierno, ellos debieron ser capacitados, gozar de ajustes salarios por mérito, entre otros beneficios, ya que ellos hacen un trabajo que merece ser evaluado y gratuficado", apuntó Montenegro.

El sistema de evaluación de desempeño, trata que todo servidor público sepa, conozca y aplique la misión, la visión y las metas definidas de cada institución.

Se trata de que cuando se evalue al funcionario aquel que ingrese a la institución lo haga mediante concurso, luego para seguir en el puesto e incluso aplicar a otro este requiere de dos evaluaciones satisfactorias para ingresar al régimen de carrera administrativa, eso actualmente no se está haciendo en dereimentro de una masa laboral importante.

La propuesta también tiene como objetivo revisar las estructuras a cargo de la aplicación del Régimen de Carrera Administrativa, crear el Tribunal Administrativo de la Función Pública, reactivar la producción del Manual de Cargos y Clases Ocupacionales del Estado, implementar las evaluaciones de desempeño como método de ingreso a la Carrera Administrativa y a su vez, impulsar la adopción de la Ley General de Sueldos, actualizar el régimen de las asociaciones de los servidores públicos y reconocer derechos de los mismos, tales como la estabilidad laboral, reintegro e indemnización, bonificación por la antigüedad y capacitación.