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18 de Oct de 2019

Economía

¿Competencias separadas colocó a Panamá en lista negra?

El manejo de información sobre defraudación fiscal y blanqueo de capitales proyecta poca cooperación del país en materia de transparencia

En mayo de 2017, expertos del Gafilat visitaron Panamá para recabar información.

El país ingresó oficialmente a la lista negra de la Unión Europea (UE), el pasado martes, y aunque el Gobierno Nacional rechazó la acción al considerar que ‘esta desconoce los claros avances del país en materia de cooperación y transparencia fiscal', para Rolando Lorenzo, expresidente de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, todo se debió a ‘un error de focalización y no de interpretación, como se cree', ya que en Panamá el tema de la defraudación fiscal y el blanqueo de capitales lo ven dos entidades distintas.

La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mira la parte de defraudación fiscal y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo pertinente al blanqueo de capitales.

‘En Francia, la defraudación fiscal es un delito precedente al blanqueo de capitales y se le considera prelavado', explicó el experto.

A juicio de Lorenzo, que participó en la evaluación de la efectividad de la Ley 23 del 2015 sobre las medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, ‘es por esa razón que la Unión Europea tiene la impresión de que Panamá no coopera de manera suficiente con el intercambio de información en materia fiscal'. No obstante, el país firmó tratados de intercambio de información con países de ese bloque económico, los cuales serán efectivos en 2018.

Al crearse la Ley 23 se incorporaron nuevas figuras, entre ellos los sujetos obligados, como abogados y contadores, así como inmobiliarias, zonas francas, comercio exterior y casinos, entre otros.

A criterio de Lorenzo, Panamá quedaría bien ante la UE si incorpora a la Ley 23 la defraudación fiscal como ‘delito precedente al blanqueo de capitales, estableciendo una cifra inicial de $300 mil a $500 mil'. ‘La DGI sería la entidad que alerte y reporte actividades sospechosas ante la UAF, para que se establezca la conducta delictiva de blanqueo de capitales y sea penalizada', detalló.

Lorenzo recordó que cuando el Gafilat, grupo regional perteneciente a la red GAFI/FATF con su sede dentro de la OCDE en París, requiere información sobre defraudación fiscal, se reúne con las autoridades del MEF o la DGI, pero cuando necesita recabar información sobre el blanqueo de capitales, acude ante las autoridades de la UAF.

¿Qué está ocurriendo?, cuestiona el contador. ‘Las entidades se están manejando con funciones o competencias por separado y lo que requiere el GAFI son los delitos que están vinculados al blanqueo de capitales y defraudación fiscal' .

ANTECEDENTES

A mediados de mayo de 2017, durante once días siete evaluadores del Gafilat expertos en finanzas, tecnología y legal, entre otras áreas, se entrevistaron con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y diversos representantes de otras entidades del Gobierno Nacional, así como con líderes de la empresa privada.

Durante esa visita, se conoció que culminadas las entrevistas y la recopilación de información, que forman parte de un proceso continuo, los evaluadores hicieron una presentación informal a las autoridades de lo encontrado. Posteriormente, esos hallazgos se ensamblan y fueron llevados a la plenaria en noviembre pasado, con la intensión de presentarlo en la plenaria del GAFI en 2018.

En la visita analizaron y verificaron la aplicación de los cambios y adecuaciones a la Ley 23, además si esa la normativa se ajusta a lo establecido en las 40 recomendaciones del GAFI.

La lista negra de la Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea la conforma Panamá junto a otras 16 jurisdicciones no cooperadoras, entre ellas: Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

Poca transparencia, fiscalidad justa e implementación de las normas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos fue lo que provocaron, según Lorenzo, el ingreso a la lista negra de la UE.