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18 de Oct de 2019

Economía

Propuestas del salario mínimo para el 2018 serán presentadas hoy

La Ley estipula que el salario mínimo debe ser revisado cada dos años.

Hoy jueves los sectores empresarial y obreros presentarán sus propuestas del nuevo salario mínimo para ser discutidos en la mesa de diálogo que deberá entrar a regir el 1 de enero de 2018.

La Comisión de Salario Mínimo está reunida en sesión permanente desde el 12 al 15 de diciembre para analizar y evaluar los puntos a considerar en la fijación de la nueva tasa salarial y presentar las recomendaciones al presidente de la República, Juan Carlos Varela.

En caso de no llegar a un acuerdo entre la empresa privada y los representantes de los trabajadores, corresponderá al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Luis Ernesto Carles, en su calidad de presidente de esta comisión hacer las recomendaciones al mandatario y presentar el ajuste que debe recibir el nuevo salario mínimo.

En Panamá, el primer salario mínimo se registró el 1 de enero de 1960. En esa ocasión se dividió el país en dos regiones y cada una tenía un salario mínimo distinto. La Región 1 era conformada por las ciudades con más de 20,000 habitantes y tenía un salario de 40 centésimos de dólar la hora. La Región 2 la integraban las ciudades de menos de 20,000 habitantes y tenía un salario de 25 centésimos de dólar la hora. Desde 1960, se han realizado 15 acuerdos de salario mínimo. El último ajuste, que se aprobó en diciembre de 2015 para 2016 y 2017, fue del 8,5 % y elevó el salario mínimo más alto de la historia: $677,04.

Con el tiempo, la estructura del salario mínimo se ha complicado. De una estructura inicial en 1960 muy sencilla, dentro de la cual se establecía básicamente dos salarios mínimos, con el tiempo se ha pasado a una estructura compleja basada en tres pilares. El primero, el salario mínimo por región; segundo, el salario mínimo por actividad económica y el tercero, el salario mínimo por tamaño de empresa.

El objetivo central de una política de salario mínimo se enmarca dentro del ámbito social, específicamente en la protección y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores que devengan los menores ingresos, de forma que se constituya en un instrumento de redistribución del ingreso y reducción de la pobreza.