Instan a aprobar ley de fraude fiscal

El Gobierno panameño instó ayer al parlamento de su país a discutir y aprobar el proyecto de ley que penaliza el fraude fiscal para poner a Panamá a la altura de los estándares internacionales.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De la Guardia, dijo, tras un acto oficial, que el Ejecutivo ha recibido con ‘complacencia' la reciente evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) que reconoce los avances contra el blanqueo de capitales.

‘Cuando comparamos el informe de 2012 con el de 2017 ha habido avances significativos de Panamá, así que estamos muy complacidos de los resultados, la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo es permanente y tenemos un reto como país que es el debate de la inclusión del fraude fiscal como delito', reiteró.

Explicó que el Ejecutivo ‘preparó el proyecto de ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal, luego de consultarlo al sector privado, incorporando todas las observaciones que se pudieron incluir, siempre y cuando cumplamos con los estándares internacionales'.

El Ejecutivo ‘ha presentado el proyecto de ley y estamos exhortando a la Asamblea (Nacional de Diputados) que se dé el debate, creo que es para el beneficio de Panamá, no para la administración del presidente Juan Carlos Varela, la ONUnos está exhortando que se incluya el fraude fiscal como delito', acotó.

Según De la Guardia, también se lo ha pedido ‘el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras instituciones internacionales, y creo que es importante que se lleve a cabo el debate'.

El Ejecutivo panameño presentó el pasado 18 de enero al Parlamento el proyecto legislativo, que establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes evadan el pago de impuestos por encima de $300 mil anuales.

En la legislación panameña actual la evasión fiscal es una falta administrativa, y la iniciativa oficial de convertirlo en delito penal, por recomendación de organismos internacionales, y según han dicho portavoces del Gobierno Nacional, ha encontrado resistencia en sectores legales y empresariales.