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22 de Oct de 2019

Economía

Panamá, rezagada en la protección de datos

En enero, el Legislativo regresó al Ejecutivo el proyecto de ley 463. Normativa europea exige a empresas transnacionales ponerse a tono

Las empresas tienen que esforzarse en evitar la filtración de datos personales o serán sancionadas.

Luego de que en enero pasado la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional regresó al Ejecutivo el proyecto de ley 463, de protección de datos de carácter personal, debido a que no existían los recursos y otros elementos para su ejecución, Panamá ha quedado rezagada en esta materia frente la Regulación General de Protección de Datos (RGPD), una normativa europea que entró a regir el pasado 28 de mayo; sin embargo, el borrador fue modificado y se está a la espera de su presentación en Gabinete.

Irvin A. Halman, titular de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), informó que el proyecto de ley 463 será remitido nuevamente a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y al Consejo de Gabinete para su consideración y posterior presentación ante la Asamblea Nacional.

Halman comentó que el proyecto de ley que se presentará es consecuente con los principios generales del RGPD y que son pertinentes a Panamá como legislación requerida para el beneficio de los usuarios de las plataformas digitales.

No obstante, Halman aclaró que ‘Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con este tipo de legislación, dejando un vacío legal, así como requerimientos que establecen otros convenios internacionales de los cuales somos signatarios, como lo es el Convenio de Budapest, que atiende, principalmente, además de la protección de datos personales, la materia del ciberdelito. Para el pleno avance de la economía, gobierno y sociedad digital, se requiere de este tipo de legislaciones', indicó Halman.

El jueves 28 de mayo de 2018 entró en vigencia en Europa, el nuevo RGPD, que consta de una serie de lineamientos y requisitos en el procesamiento, tratamiento y almacenamiento de datos en la Internet, para toda empresa prestadora de servicios u oferentes de productos, que aunque no tengan un establecimiento comercial en la Unión Europea, oferten bienes o servicios a usuarios que se encuentren dentro de ese continente.

Ante esa realidad, Pavel Orozco, de Forcepoint, explicó que en Panamá operan diversas Sedes de Empresas Multinacionales que ya debieron adoptar un lineamiento o, de lo contrario, podría ser sancionadas por la RGPD. ‘La idea es que las empresas que hagan negocios con empresas europeas tengan una debida protección de datos desde que se genera hasta que la misma es desechada, la idea es que el negocio no sea vulnerado con fuga de información'.

‘El proyecto en Panamá está bien completo y se ajusta a las necesidades que requiere la regulación', comentó Orozco.

Por su parte, Rafael Montenegro, especialista en Derecho Digital y Protección de Datos de EY Law, manifestó que aun cuando toda empresa que recopile, almacene, procese o realice algún tratamiento sobre datos personales cuente con el consentimiento informado de su titular, ahora, con el RGPD también debe contar con el consentimiento informado de menores de edad, en caso de ofertas de bienes y servicios dirigidos a ellos, exceptuando a los jóvenes de 16 años o más.

De no se llevarse a cabo lo anterior, ‘toda inacción generará sanciones económicas, las cuales podría tener consecuencias legales si no económicas, las multas pueden ascender hasta 20 millones de euros'.

Montenegro hizo referencia a que la normativa toma especial relevancia ante el escándalo en el que Mark Zuckenberg, fundador de Facebook, una de las redes sociales más utilizadas en Panamá, manifestó en su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos y la Comisión Europea que investigarán decenas de miles de aplicaciones conectadas a Facebook y prohibirán el acceso a la plataforma si han realizado alguna actividad ilícita con los datos de los usuarios.

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‘Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con este tipo de legislación, dejando un vacío legal en la Constitución',

IRVIN A. HALMAN

TITULAR DE LA AIG