Decreto sobre apps de transporte abre nueva disputa entre conductores, Estado y plataformas

El Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 marca un giro en la regulación del transporte por plataformas digitales en Panamá. La nueva norma, que deroga el Decreto 331 de 2017, modifica el modelo bajo el cual operaban servicios como Uber y redefine el equilibrio de poder entre empresas, Estado y conductores.

A diferencia del decreto firmado en 2017 por el entonces presidente Juan Carlos Varela, que legalizó las plataformas bajo la figura de transporte selectivo de lujo y permitió su operación con relativa autonomía empresarial, el nuevo marco introduce un esquema más controlado por el Estado.

El Decreto 331 establecía requisitos para conductores —como licencia tipo E1, récord policivo y edad mínima de 21 años—, así como condiciones para los vehículos, pero dejaba en manos de las plataformas aspectos clave como tarifas y operación del servicio. En ese modelo, las empresas tecnológicas eran las principales gestoras del sistema, con un rol predominante en la fijación de precios y condiciones.

Sin embargo, ese decreto fue objeto de controversia. La Corte Suprema de Justicia anuló artículos clave, como la prohibición del pago en efectivo y las limitaciones geográficas del servicio, lo que dejó vacíos legales y un conflicto persistente entre plataformas y el transporte tradicional.

El nuevo Decreto 10 de 2026 busca precisamente corregir esas inconsistencias. Ahora, el servicio pasa a ser supervisado directamente por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y se establece que los conductores deberán operar bajo una organización de transporte autorizada (prestataria), además de cumplir con certificaciones formales.

También se redefine el rol de las plataformas, que pasan a ser intermediarias, mientras que la prestación del servicio recae en actores regulados por el Estado.

Para Omar Jaén, conductor de Uber, este cambio no necesariamente mejora la situación del trabajador. “El conductor de plataforma no tiene opción”, afirmó a La Estrella de Panamá. Según explicó, ahora deberán responder simultáneamente a la plataforma, a la prestataria y a la autoridad.

“El decreto le quitó el poder a las plataformas para dárselo a las prestatarias”, señaló. A su juicio, el problema persiste: la exclusión de los conductores en la toma de decisiones. “Nunca hemos sido considerados”, agregó.

Desde el Gobierno, la narrativa es distinta. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que el nuevo decreto responde a un mandato de la Corte Suprema tras la inconstitucionalidad parcial del marco anterior. “Lo que hemos hecho es ordenar lo que no estaba regulado”, indicó.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, defendió la medida como un paso hacia la modernización, destacando que los conductores ahora contarán con certificados de operación que les otorgarán seguridad jurídica, independientemente de la permanencia de las plataformas en el país.

En tanto, el sector de transporte tradicional celebró la medida. La abogada de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Dorina Pérez, aseguró que el decreto “cierra una era de incertidumbre” y permite integrar el sistema bajo reglas claras.

No obstante, también han surgido críticas desde el ámbito político. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, cuestionó la normativa al señalar que “castiga la innovación” y nivela el servicio hacia abajo en lugar de modernizar el transporte tradicional.

El modelo panameño contrasta con el de otros países de la región. En Colombia y México, por ejemplo, las plataformas operan bajo esquemas regulatorios que exigen registros y contribuciones, pero mantienen mayor independencia operativa. En Argentina, la regulación varía por jurisdicción, con modelos más restrictivos en algunas ciudades.

Panamá, en cambio, apuesta por una integración más directa al sistema tradicional de transporte, bajo mayor control estatal.

Mientras tanto, entre los conductores predomina una mezcla de incertidumbre y resignación. “Ahora nos toca adaptarnos”, resumió Jaén.

El desafío estará en la reglamentación y ejecución del decreto. De su implementación dependerá si logra equilibrar los intereses del sector o si abre una nueva etapa de tensiones en un sistema que lleva años en disputa.