Licitación para limpieza de nueve hospitales atrae a 23 empresas

Un total de 23 empresas participaron en el proceso de homologación de la licitación convocada por el Ministerio de Salud (Minsa) para contratar los servicios de limpieza, desinfección y manejo integral de residuos en nueve hospitales públicos durante los próximos cinco años.

La amplia participación empresarial evidenció el interés que genera una contratación considerada estratégica para el funcionamiento de la red hospitalaria, ya que los servicios licitados están directamente relacionados con la bioseguridad, la prevención de infecciones y la operación diaria de los centros de salud.

Durante la jornada, representantes de compañías nacionales y extranjeras formularon numerosas observaciones al pliego de cargos, varias de las cuales fueron reconocidas por la entidad y serán corregidas mediante adendas antes de la presentación de propuestas.

Entre las 23 empresas que participaron en la reunión de homologación figuran Millenium Cleaning Services, Eiger Business, Tempoaseo, Profesional Cleaners, Manuquinsa, Panamá Clean Services, Global Delfos International, Trebol Services, JPM Enterprises (Cleaning Hub), Smart Health (Sicabelle Holdings), Clean & Pest Master, Grupo Salud Limpia, GA Desarrollo de Infraestructuras e Ingeniería, Consulting Design Development and Engineering, Consorcio Ingiemed, Mediclean Pro, Servicios Técnico de Limpieza, BM Industries Health, ISS Facility Services, Elvis Valdés (persona natural o empresa unipersonal), Elior Services, Prowess Consulting Group y Hombres de Blanco Corp.

Uno de los principales temas planteados por las empresas estuvo relacionado con los requisitos financieros. Los participantes señalaron inconsistencias entre los montos exigidos para las referencias bancarias y los criterios utilizados para asignar puntajes durante la evaluación de las ofertas. Ante los cuestionamientos, funcionarios del Minsa admitieron que existen discrepancias y confirmaron que serán corregidas.

También surgieron opiniones divididas sobre la carta de intención de financiamiento exigida a los proponentes. Mientras algunas empresas solicitaron reducir el porcentaje requerido, otras defendieron mantenerlo o incluso aumentarlo. La entidad indicó que revisará los planteamientos antes de adoptar una decisión definitiva.

La vigencia de la fianza de cumplimiento fue otro de los aspectos cuestionados. Los participantes detectaron diferencias entre los plazos establecidos en distintas secciones del pliego, situación que podría generar interpretaciones contradictorias. El ministerio informó que aclarará este punto mediante una adenda.

La experiencia exigida a los contratistas se convirtió en uno de los temas más debatidos. Varias empresas consideraron que algunos requisitos podrían limitar la competencia al privilegiar únicamente la experiencia desarrollada en hospitales. Los representantes empresariales argumentaron que compañías con trayectoria en aeropuertos, centros comerciales, terminales de transporte y otras instalaciones de alto tránsito cuentan con capacidades similares para ejecutar labores de limpieza y desinfección a gran escala.

Entre las observaciones destacó la exigencia de demostrar experiencia en hospitales de gran tamaño y la obligación de presentar certificaciones emitidas por clientes hospitalarios para acreditar el uso de plataformas tecnológicas de supervisión y control.

El Ministerio de Salud defendió la necesidad de mantener requisitos vinculados al sector sanitario. Según la entidad, la limpieza hospitalaria implica protocolos especializados de bioseguridad, control de infecciones y manejo de áreas críticas que justifican exigir experiencia directamente relacionada con instalaciones de salud. No obstante, los funcionarios señalaron que revisarán algunos mecanismos de acreditación para evaluar alternativas que permitan ampliar la participación sin comprometer los estándares técnicos del proceso.

Las condiciones aplicables a supervisores y personal clave también generaron observaciones. Varias empresas solicitaron uniformar los años de experiencia exigidos y aclarar diferencias detectadas entre distintas secciones del documento. Asimismo, cuestionaron la obligación de presentar certificaciones emitidas por clientes anteriores para validar la experiencia profesional, argumentando que este requisito depende de terceros ajenos al proceso de contratación.

Otro punto recurrente fue la obligación de presentar contratos como evidencia de experiencia. Algunas compañías señalaron que muchos acuerdos comerciales contienen cláusulas de confidencialidad que limitan la divulgación de información sobre clientes, montos o condiciones específicas de los servicios prestados. Ante estas inquietudes, el Minsa indicó que evaluará mecanismos alternativos para acreditar experiencia sin comprometer información sensible.

La plataforma tecnológica requerida para supervisar y controlar la ejecución del contrato también motivó consultas. Las empresas solicitaron claridad sobre la metodología de evaluación y expresaron preocupación por la necesidad de revelar información vinculada a clientes actuales. Entre las alternativas propuestas figuraron capturas de pantalla, demostraciones controladas y presentaciones digitales que permitan verificar el funcionamiento de los sistemas sin divulgar datos confidenciales. El ministerio confirmó que este requisito será revisado.

Las empresas extranjeras aprovecharon la homologación para plantear inquietudes sobre requisitos regulatorios, entre ellos el Permiso Sanitario de Operaciones, documentación laboral y certificaciones emitidas por autoridades de otros países. Algunos participantes solicitaron que ciertos documentos pudieran presentarse después de la adjudicación o mediante mecanismos alternativos mientras completan los trámites correspondientes.

Sin embargo, el Ministerio de Salud mantuvo inicialmente la exigencia del permiso sanitario, argumentando que se trata de una contratación directamente vinculada con servicios hospitalarios. La entidad recordó además que las compañías extranjeras pueden participar mediante consorcios con empresas locales que ya cuenten con las autorizaciones requeridas por la legislación panameña.