Gobierno apunta hacia el FAP y al tope del déficit

En julio, cuando se inicie la última legislatura del quinto periodo de la Asamblea Nacional, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, llevará ante el pleno la propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) y a la ley del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), que fue presentada este martes a los medios en conferencia de prensa.

De La Guardia explicó que la modificación a la LRSF pretende fijar el valor del déficit del Sector Público No Financiero en 1.5% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), eliminar la regla de ajuste actual y establecer un mecanismo explícito para el cumplimiento de una nueva regla y garantizar mayor transparencia con un menor déficit efectivo, además de contener el crecimiento del gasto corriente sin intereses ( ver gráfica ).

De La Guardia añadió que el cambio de la ley del FAP se enmarca en dos puntos: disminución de la regla de acumulación procedente de los aportes del excedente del Canal de Panamá, que bajaría de 3.5% a 2.5% del PIB, y la capitalización de los rendimientos generados hasta que el patrimonio del fondo llegue a un 5% del PIB ( ver gráfica ).

El ministro indicó que el proyecto atiende críticas, recomendaciones y comentarios de las calificadoras de riesgo soberano y del Fondo Monetario Internacional (FMI), relacionadas a la complejidad y falta de transparencia en el cálculo del déficit, siendo la visita del FMI, la semana pasada, la que impulsó la petición de reforma.

El funcionario reconoció que el gasto corriente del Gobierno Central crece más rápido que la economía y que los ingresos; por tanto, era necesario establecer un límite, tal como propone la iniciativa.

El anteproyecto para la modificación de la LRSF y el FAP plantea mitigar el crecimiento del gasto de funcionamiento en función del crecimiento del PIB, exceptuando el gasto de funcionamiento de pensiones y jubilaciones, gastos en salud, intereses a la deuda, con el fin de proveer mayor espacio a la inversión pública.

De La Guardia indicó que el gasto público del Sector Público No Financiero pasó de $8,236 millones en 2008 a $10,933 millones en 2017, debido a los aumentos salariales a empleados públicos del sector salud, educación y seguridad.

Pero hasta abril pasado, las cifras de la Dirección de Financiamiento Público del MEF revelan que la deuda total se ubicó en $24,799.9 millones; es decir, $7,160.5 millones adicionales a la deuda pública que dejó la administración de Ricardo Martinelli.

A principios del 2012, bajo la administración del entonces ministro Frank De Lima, se extendió el tope del déficit para ese año en dos puntos, pasando de 2.7% a 2.9%. El porcentaje disminuyó gradualmente hasta el 2017, cuando llegó a 1%.

En 2013 el tope de déficit era de 2.8% del PIB, luego bajó a 2.7% en 2014 y 2% para el año 2015. La reducción continuó en 2016, ajustándose a 1.5% y después bajó a 1% en 2017, para quedar actualmente en 0.5% del PIB Nominal.

Pero la propuesta del actual Gobierno es fijar el tope en 1.5% del PIB para lo que resta de su periodo.

Además, las perspectivas de crecimiento del Canal de Panamá en las que el Ejecutivo —a doce meses de culminar su administración— sustenta un cambio en la ley del FAP, se conocían desde 2014.

Las proyecciones del MEF establecían que entre 2015 y 2019, el Canal de Panamá sólo aportaría: el 1.8% del PIB en 2015; para 2016, el 1.7%; en 2017, el 2.4%; en 2018, el 2.6% y en 2019, el 2.5%.

La Ley 38 de 5 de junio de 2012, que creó el FAP, establece que todo excedente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por encima del 3.5% del PIB sería destinado al fondo soberano del país. Siendo el canal ampliado en 2015 la fuente directa de alimentación de ese sistema, pero por retrasos en su construcción se entregó un año después, las expectativas no se cumplieron.

Los estudios establecían que el Canal de Panamá aportaría por lo menos $100 millones para alimentar el FAP, pero los cálculos fallaron. La vía interoceánica ‘nunca' alimentó el FAP, sentenció el ministro De La Guardia.

Este fondo soberano del país está constituido por los dineros obtenidos de la privatización de las empresas públicas de electricidad y telecomunicaciones en 1999, cuando se constituyó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, reemplazado ahora por el FAP.

El ahorro serviría para enfrentar desastres naturales cuyos costos sobrepasen el 0.5% del PIB ($250 millones) o ante una eventual desaceleración de la economía (2%).