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MEF considera necesario una ley que eleva a delito la evasión fiscal
- 27/12/2018 17:35
El MEF comunicó a la Asamblea sobre los efectos adversos que sufriría el país al no dar prioridad a la discusión de este proyecto
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera necesario para Panamá que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero.
Desde hace más de un ato el país debate sobre la importancia de este proyecto de ley, a fin de evitar que Panamá vuelva a caer en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizó hace unas semanas durante su reunión plenaria en Quito, Ecuador, el progreso técnico de Panamá en cerrar brechas para cumplir con las recomendaciones de GAFI, identificadas en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) publicado en enero de 2018.
GAFILAT, en este informe, ha concluido que Panamá viene progresando en relación con el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM. Por ello, se han re-calificado positivamente las recomendaciones 14, 19, 32 y 33.
Sin embargo resalta como deficiencia que los delitos fiscales no están tipificados como delitos determinantes al lavado de activos. Según el análisis del equipo evaluador, esta omisión impacto en uno de los principales riesgos identificados que es la colocación de activos provenientes de ilícitos cometidos en el exterior.
La gravedad de que el Proyecto de Ley No. 591 no se apruebe radica en que el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la Lista Gris de GAFI en el 2019. Esta es la deficiencia que aún permanece sin abordar, indica el informe.
El Proyecto de Ley 591 que modifica el Código Penal aborda tres deficiencias a saber: 1) la recomendación 3 (Delito de Lavado de Activos por fraude fiscal); 2) la recomendación 11 (Mantenimiento de registros); y 10 20 (Reportes de Operaciones Sospechosas).
El Ministerio de Economía y Finanzas ha comunicado a la Asamblea Nacional sobre los efectos adversos que sufriría el país al no dar prioridad a la discusión de este proyecto que fue presentado a este órgano en enero del 2018.
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