Subsidio, la solución de un Estado ineficiente

El Estado panameño destinó $1,658.3 millones el año pasado en subsidios, $120 millones más que en el 2017.

El gobierno clasifica estas entregas de acuerdo con el beneficiario; es decir, a quién beneficia, en vez de hacerlo por receptor. Así, hay tres divisiones básicas, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Subsidios a hogares, a la Caja de Seguro Social y a las empresas.

Instrumento político para captar votos

PROMESAS

Más allá de su sostenibilidad, los subsidios también han sido utilizados por los políticos de los últimos gobiernos para comprometer votos.

Programas como la Beca Universal, 120 a los 65 (antes 120 a los 70) y Ángel Guardián, se concretaron después de haber sido usados como bandera política por el anterior gobierno, de Ricardo Martinelli, hoy detenido en El Renacer en medio de un juicio por supuestos pinchazos telefónicos. Su sucesor, el presidente Juan Carlos Varela, mantuvo y amplió esos apoyos.

Algunos candidatos presidenciales actuales hablan de revisar los subsidios, mientras que Rómulo Roux, de Cambio Democrático, propuso nuevas asistencias.

Dentro de los subsidios para hogares —que acapararon el 56.4% del total de subsidios otorgados el año pasado— están los intereses preferenciales para viviendas, el subsidio al gas licuado, el subsidio eléctrico, el Fondo Solidario de Vivienda, el subsidio al metro y al metrobús; que van directamente a las empresas para mitigar el costo del servicio que paga el usuario.

En la misma categoría de Hogares, están: 120 a los 65, la Red de Oportunidades, la Beca Universal y Ángel Guardián, que sí se desembolsan directamente al ciudadano.

Por otro lado, a los diferentes programas de la Caja de Seguro Social se destinaron $505 millones en 2018, ocupando un 30.9% de la cartera total de subsidios y con un aumento de 0.2% en comparación al año anterior.

En cuanto a los subsidios que el Estado ofrece a las empresas, estos incluyen el CEFA, el CFI, el CFP, el CPC, el FECI, la exoneración de impuestos a la exportación y al impuesto sobre la renta (ver tabla) .

Estos beneficios ahorraron a las empresas beneficiadas $207.6 millones el año pasado, acaparando el 12.7% de la cartera de subsidios.

Sobre esto, el último informe país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) documenta que Panamá ofrece una ‘amplia gama de incentivos a industrias que de otra manera no serían rentables sin esos estímulos fiscales', aconsejando eliminarlos para ampliar los beneficios a favor del Estado; además de mejorar la eficiencia en la recaudación de los impuestos, sin necesidad de elevarlos.

BECA UNIVERSAL

Esta fue la mayor dispensa en concepto de subsidios en 2018: $219.1 millones, lo que representó el 23.77% de todos los subsidios clasificados como para Hogares.

Para el economista Luis Morán, la Beca Universal ha mejorado la cobertura educativa; sin embargo, ‘no hay evidencia científica de que haya mejorado la calidad', sostuvo.

Además, planteó que el Estado debe procurar dirigir su presupuesto a instituciones encargadas del desarrollo, tanto social como económico, estableciendo prioridades y recordando que ‘la mejora educativa baja los niveles de pobreza y eleva la calidad de vida'.

‘Si se invierte en educación, no habría que subsidiar a otros grupos, porque una persona educada va a poder conseguir un trabajo digno y salir de la pobreza por cuenta propia', acotó.

VISIÓN DEL BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su reciente publicación ‘Panamá: Desafíos para consolidar su desarrollo', insta al gobierno a ‘avanzar con el proceso de recertificación de sus programas de transferencia monetaria condicionada, analizar la eficacia y equidad de los subsidios generalizados como el de gas, luz o transporte'.

$1,658.3

millones destinó el Gobierno a los subsidios el año pasado, $128 millones u 8.5% más que el año anterior

$1,506.4

millones se destinaron en el 2017. De un año a otro, el subsidio que más creció en proporción fue el del Fondo Solidario de Vivienda, que aumentó en 225.9%, entre 2017 y 2018

El organismo también apunta a la posible focalización de los subsidios, para liberar recursos que puedan ampliar la oferta de calidad de servicios públicos

Y es que el gasto social del país no corresponde al nivel de ingreso. Según el diagnóstico del BID, a pesar del fuerte crecimiento económico, el gasto social se ha mantenido por el orden del 8.5% al 9% del PIB, una cifra tres puntos inferior al promedio de América Latina y casi la mitad de países como Chile o Uruguay.

Esto porque los gobiernos han priorizado los gastos de capital en infraestructuras, por un lado; y por el otro, a los bajos ingresos tributarios, concluye el estudio.

Panamá es el segundo país de América Latina con la carga fiscal más baja: alrededor de 10.9% del PIB.

Morán secunda el diagnóstico del BID indicando que Panamá invierte muy poco en innovación, investigación, educación, etc. Muy por debajo del promedio de la región. Sumando gastos administrativos altos y poca atención a la calidad docente, como no se ha mejorado a través de los canales institucionales, se recurre a los subsidios para reducir la pobreza.

‘HAY QUE REVISARLOS'

Varios economistas coinciden en que los actuales subsidios que otorga el Estado deben se evaluados y focalizado luego de haber medido sus efectos.

El economista Francisco Bustamante reseña que los subsidios surgieron como consecuencia del Consenso de Washington en la década de 1990, luego de que las políticas reformistas buscaran reducir la participación del Estado en la economía real.

Pero para el economista, por ejemplo, el subsidio al interés para la compra de viviendas no se justifica, porque ‘la tasa es tan baja, que desde el punto de vista del costo financiero del dinero, ese no es un obstáculo para la compra venta de las casas'.

Morán, por su parte, concluye que los subsidios deberían ser temporales, evaluarse y focalizarse.