Desarrollo tecnológico inclusivo

El 30 de abril de 2019 se vence el plazo brindado por la última modificación del Decreto Ejecutivo 237 de 2018 para realizar cobros en efectivo. Esta modificación busca que las empresas de transporte como Uber y Cabify se limiten a realizar sus cobros exclusivamente a través del sistema bancario.

Aunque la regulación pareciera enfocarse en impulsar los cobros electrónicos por el uso de tarjetas de crédito, realmente la consecuencia es la misma. Lo que hace es poner una barrera para el desarrollo económico y social nacional porque deja por fuera a miles de panameños que hoy no forman parte del sistema financiero, limitando el acceso a servicios más modernos.

Inclusión es la palabra clave de los últimos años. Luego de una era de avances económicos significativos, nos hemos dado cuenta de que los países no pueden avanzar por partes y que cualquier rezago en una parte de la población, se torna en un ancla para el desarrollo integral de la nación.

Por eso, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas han propuesto objetivos de desarrollo sostenible e inclusivo como metas para contrarrestar la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la tecnología ha sido un gran agente de inclusión.

El internet, los teléfonos celulares y las florecientes apps han aumentado la participación activa de muchos sectores marginados. No obstante, hoy día la falta de conocimiento que impulsa medidas proteccionistas tradicionales continúa manteniendo una brecha entre un crecimiento inclusivo y otro liderado por intereses políticos.

Un ejemplo claro de esta relación lo observamos en los problemas que tienen las apps de transporte compartido. Si bien hoy en Panamá disponemos de estos servicios, la entrada de estas empresas al país ha sido difícil. Por un lado, estaba el mercado tradicional que hizo lo imposible por no permitir la entrada, y por el otro, estaba la burocracia y los favores populistas que limitan los avances.

Las autoridades se enfrentaron a la disyuntiva de sacar una política pública pensada en los usuarios o una que protegiera los intereses de algunos sectores. El camino de las autoridades fue el de limitar áreas geográficas en detrimento de la población de seis provincias, los conductores y las licencias para favorecer a algunos grupos y el cobro se limitó solo a tarjetas de crédito.

Pero aunque esto se tradujo en favoritismo y popularidad para ciertos líderes, lo mismo significó la exclusión de varios grupos de la sociedad. Sin embargo, un mejor servicio, eficiente y a precios competitivos, no tiene rival, así que al igual que con otras tecnologías, este avance no se ha podido contener.

‘Medidas proteccionistas tradicionales que sirven a causas populistas y la corrupción continúan manteniendo una brecha entre un crecimiento inclusivo y otro liderado por intereses políticos',

EDDIE TAPIERO

ECONOMISTA

Resulta contradictorio que aunque el efectivo es un medio de pago válido en todo el territorio nacional, se restrinja su uso para el acceso a nuevas tecnologías. Restringir el pago a solo tarjetas de crédito no es cónsono con las ventajas que ofrece la tecnología, ni con los objetivos de inclusión que se busca tener en Panamá.

Es más, el resultado de esta regulación es favorecer a ciertos grupos económicos sobre otros, siendo que la proporción de tarjetahabientes en Panamá es mucho menor que el resto de la población que no tiene tarjeta de crédito. Un ejemplo claro de este efecto lo vemos en nuevos servicios de transporte para personas con discapacidad que, aunque se ofrezcan los servicios a través de una app , no todos podrán beneficiarse de los mismos, ya que un gran porcentaje no tiene acceso a instrumentos financieros.

Cabe mencionar que estas apps no solo ayudan a la movilidad de este grupo de personas con ajustes, sino también ayudan a ajustar a Panamá a las normativas internacionales de derechos humanos que indican que la movilidad y el acceso al transporte es un derecho humano y por esto es que se han requerido mejoras en la infraestructura local.

En Panamá hay pocos taxis modificados para servir a los discapacitados. Sin embargo, existen apps que brindan a los discapacitados servicios de transporte con vehículos adecuados y los seguros requeridos. Sin embargo, muchos de los discapacitados no tienen tarjetas de crédito.

Como resultado, la regulación es excluyente y no permite que este grupo importante de la ciudadanía obtenga servicios adecuados, decentes y eficientes para su movilidad. Esto va en contra de la apuesta que hace Panamá hacia la globalización y la inclusión para un desarrollo sostenible en línea con los objetivos de las Naciones Unidas.

En resumen, Panamá ha avanzado mucho con la tecnología. Hoy día tenemos banca en línea, e-pago y utilizamos Waze desde nuestro smartphone para encontrar las rutas más rápidas al manejar; en fin, para resolver muchos temas de nuestras vidas. Esto es posible porque muchas de estas apps son gratis y buscan conectar en vez de segmentar.

Sin embargo, pareciera que las ventajas de la tecnología cambian cuando hay intereses de por medio. Las políticas públicas que se están tomando hoy día con respecto a la tecnología parecen tener un matiz más populista que de gobierno inclusivo.

Por esta razón, las autoridades deben pensar mucho en el tipo de regulaciones que se generan y en el impacto que estas tienen en la población. Si bien las tecnologías impulsan hacia la inclusión, las autoridades deben facilitar su implementación y garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los más vulnerables, tengan acceso a la tecnología, para hacerlo cada día más equitativo.

ECONOMISTA