Capac analiza los cambios que traerá la nueva Ley de Contrataciones Públicas

En la reunión, este miércoles, con el encargado del proyecto de modificación de la Ley de Contrataciones públicas, Gaspar Tarté, los miembros de la junta directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), pudieron conocer de antemano las modificaciones, reglas y objetivos que se pretenden crear con esta norma.

En la mesa de debate se abordó el tema de la inclusión más abierta de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en las contrataciones con el Estado. Al respecto, el presidente de la Capac, Héctor Ortega, señaló que este es uno de los puntos que más apoya el colectivo. ‘Por muchos años estuvimos solicitando la inclusión de las empresas panameñas para así eliminar la subjetividad que siempre existió dentro del sistema', dijo.

Sobre transparencia y lucha contra la corrupción, ambas partes discutieron sobre la mayor divulgación de la información en todos los seguimientos que se den en los actos públicos, desde la convocatoria, la adjudicación y la firma del contrato.

Ortega destacó que en el borrador de la ley hay una propuesta de un monto de $7 millones para la inclusión de empresas nacionales.

En cuanto a las empresas internacionales que son investigadas y sancionadas por corrupción, Tarté indicó que la situación no es nueva, ya que la Ley 22 de 2006 trabaja en la función de no permitir la competencia de ese tipo de empresas.

Aclaró que las entidades deberán cumplir con los acuerdos de colaboración que están vigentes, pero que este tipo de lazos no los rige la mencionada ley de contrataciones, porque ya existe otra normativa que se encarga precisamente de esas situaciones.

También dijo que la Ley 22 no tiene relación con los rumores de algunos gremios entre los que se comenta que la misma es una iniciativa para endeudar al gobierno y un paso para privatizar muchas obras.

Tarté indicó que los mecanismos de supervisión serán los mismos, ya que la Contraloría General de la República lleva una buena parte de esa tarea, incluso antes de crear un pago con un contratista. ‘Eso en realidad no debe cambiar', manifestó.

Concluyó que la ley, una vez aprobada, tiene seis meses para entrar en vigencia y luego otros seis meses para incluir las nuevas funcionalidades dentro del sistema de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Entre las recomendaciones que realizó la directiva de Capac, se encuentra una mayor atención a los pagos de adendas.