Anteproyecto de 'cielos abiertos', ¿un incentivo al turismo o a líneas aéreas?

A pesar de que todavía está en análisis y discusión, el anteproyecto de ley 150 de “cielos abiertos” sigue generado controversias entre el sector público y privado de la industria sin chimeneas y del transporte aéreo.

Y es que mientras sus proponentes aseguran que la iniciativa permitirá reactivar la actividad turística y comercial del país, sus detractores señalan que el cobro de una tasa más al turismo agudizaría la crisis en el sector.

¿Qué propone el anteproyecto de ley? y ¿a quién favorecería?

El anteproyecto de ley 150, que fue presentado a finales del pasado mes de agosto por el diputado Raúl Pineda, establecería el cobro de un peaje de $5 a cada pasajero en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y demás puertos principales, por la utilización de facilidades aeroportuarias dentro del territorio nacional.

Con esta propuesta, además, se crea una figura especial que se denominará “Fondo de Incentivos a Líneas Aéreas”, que será administrado por la Autoridad de Aeronáutica Civil.

El Fondo de Incentivos se mantendrá separado del Fondo Mixto y de otros fondos públicos bajo la custodia de la Autoridad de Turismo, especifica textualmente el anteproyecto de ley.

A su vez, indica que su objetivo es proveer de incentivos a las líneas aéreas y vuelos chárter, incluyendo un incentivo por pasajero que entre a Panamá, incentivo de exoneración de tarifas de aterrizaje para rutas nuevas, incentivo por crecimiento en número de pasajeros, exención sobre patentes y otras contribuciones.

“Básicamente la tasa a los pasajeros en tránsito que se pretende implementar sirve para incentivar aerolíneas y chárteres que traigan pasajeros a Panamá como destino final. Y la otra parte del fondo va al Fedian (Fondo Especial para el Desarrollo de la Infraestructura Nacional de Aeronáutica), que ya existe”, afirmó Úrsula Kiener, asesora de la propuesta de ley.

Según Pineda, “la iniciativa busca hacer justicia al turista panameño, pues cuando los panameños viajan les cobran $50 de impuesto; sin embargo, esos 17 millones de turistas que pasan de tránsito por Panamá no pagan ningún centavo”.

De acuerdo con sus proponentes, un elemento muy importante en toda economía que quiera promover actividad turística, de inversión o comercial, es el acceso aéreo. Y “con esta iniciativa se busca crear la verdadera oportunidad de cielos abiertos en Panamá”. Pero “para poder hacer esto se debe posicionar nuestro país a través de publicidad y canales de mayoristas que manejan las aerolíneas”, precisan.

Controversia

El anteproyecto de ley 150 se suma a otra iniciativa que propone el cobro de $25 a los turistas, cuyos fondos serían para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja de Seguro Social (CSS). Un proyecto que Kiener calificó como “una distracción”, pues “no es una propuesta que hace sentido porque un impuesto tiene que ir relacionado con el resultado”. “No es algo serio, ya que un turista no tiene nada que ver con la CSS, que es un problema nuestro”, argumentó Kiener.

El presidente de Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armando Rodríguez, afirmó que como gremio son muy enérgicos y “no” están de acuerdo con ningún tipo de aumento porque actualmente el sector turístico panameño está en su peor momento de crisis en las últimas tres décadas.

“En 30 años no se había dado una crisis tan grande en el sector turismo como ahora, por lo que cualquier aumento a la tarifa de los visitantes no sería la mejor señal para el mercado internacional y le restaría competitividad al país”, advirtió Rodríguez.

No obstante, Kiener defendió el anteproyecto de ley 150, asegurando que “sí está bien hecho y lo que sucedió con esta propuesta de ley fue que antes de que se explicara (en qué consiste) se desvirtuó con un comunicado y todos los que opinaron no leyeron el documento sobre el cual estaban opinando”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Antonio Alfaro, piensa que aunque ambos proyectos podrían tener una buena intención distan mucho de una propuesta que haya sido debidamente consultada y analizadas en todas las posibles afectaciones que podría tener en otras áreas como competitividad, afectación a otras leyes ya existentes, verdadero destino y transparente utilización de los fondos, y otros.

“Hay muchos puntos en las leyes que solo consultan lo que podría ser positivo, pero no el daño que causaría a posiciones de valor que ya Panamá ha ganado en el turismo y la aviación. Hay que hacer un serio análisis de ambas leyes, muy objetivamente, y saber a ciencia cierta si vale la pena arriesgar lo que ya tenemos por algo que arroja muchas dudas”, expresó Alfaro, quien considera que en la mesa técnica propuesta se llegue a acuerdos que resulten en lo mejor para Panamá.

El ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, considera que la propuesta “no es mala”, pero se tiene que analizar bien para procurar generar un beneficio y no afectar la competitividad. “Sentimos que la ley tiene que trabajarse a mayor profundidad y buscar un análisis holístico e integral para lograr lo mejor para el país”, afirmó .

Por su lado, el vicepresidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, mira con preocupación la iniciativa y cree que una nueva tasa impositiva podría desmotivar al viajero a que use Panamá como sitio de tránsito y eso sí es un gran riesgo para el liderazgo de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y las líneas aéreas en las que sirven este mercado.

Cerdá abogó por asegurar que este anteproyecto de ley -que se está discutiendo en la Asamblea Nacional actualmente— “no llegue más lejos”.

“Esperamos que la propuesta solo se quede en una discusión y que muera en algún momento”, manifestó Cerdá, quien considera que “es importante que la industria pueda trabajar abiertamente y que el gobierno entienda que este tipo de reforma hace más daño a Panamá y no va a ayudar”.

Según las estadísticas, en 2017 aterrizaron en Panamá 15 millones de pasajeros, de los cuales 11 millones fueron en calidad de tránsito y la diferencia entró y salió del destino, esto incluye a los residentes y panameños.

Para 2018 esta cifra disminuyó en un 10% por diferentes razones que directa e indirectamente afectaron la economía. Pero para 2020 se busca que producto del incentivo aéreo se logre incrementar en número de pasajeros turistas de entrada a 3,000,000 o sea un incremento de 44% con relación a los 1,756,000 que han entrado en el último periodo. La capacidad hotelera local de sobre las 32,000 habitaciones debe incrementar su porcentaje ocupacional y éste es el principal motivo de esta ley, indica el anteproyecto.

“El acceso aéreo debe ser parte integral de todo plan económico y estratégico del Gobierno. Para que Panamá comience un proceso de revitalización económica es preciso que se desarrolle e implante una estrategia proactiva de acceso aéreo con unas metas definidas que persigan y crear mayores oportunidades a muchas líneas aéreas, vuelos chárter y existan igualdad de condiciones que promuevan el crecimiento financiero y económico del país y buscar recuperar el negocio hotelero en Panamá e incentivar al pasajero que permanezca en Panamá a nivel comercial o de turismo”, precisó.

Actualmente, Panamá mantiene el 70% de la capacidad de asientos desde Centroamérica a Estados Unidos y cuenta con 40 vuelos diarios a 10 ciudades de los Estados Unidos. Además, Panamá es considerado como centro de conexiones de América , con acceso directo a sobre 25 ciudades en dicha región.

De acuerdo con cifras de IATA, se estima que la industria de la aviación aporta el 14% del producto interno bruto de Panamá, gran parte generado por los turistas que llegan por vía aérea. En términos de valor bruto, se proyecta que el transporte aéreo deja una derrama económica de $2,700 millones a la economía panameña, mientras que los gastos que realizan los turistas extranjeros, otros $5,800 millones. Su contribución económica totaliza $8,500 millones.