Abogados y economistas reprochan que el Registro de Beneficiarios Finales se ejecutara en tiempos de Covid-19

Con la crisis por la pandemia del coronavirus (Covid-19), abogados y economistas mostraron su descontento sobre como la Ley 69 del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales fue promulgada en tiempos donde el Estado no estará centrado en fiscalizar de forma óptima unas de las principales recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exigió a Panamá para avanzar en su salida de la lista gris.

Daisy Chacón, abogada especialista en prevención de lavado de dinero, expresó a La Estrella de Panamá que la Ley 69, a pesar de ser publicada en Gaceta Oficial, todavía no está reglamentada, así como tampoco se ha realizado la toma de posesión del superintendente de Sujetos No Financieros.

Chacón manifestó que esta situación es un poco contradictoria, ya que se genera un "limbo jurídico", en que "la ley va por delante de su ejecución". "El rol administrativo es una de las áreas que Panamá debe corregir, porque es la razón principal por la que estamos en la lista de GAFI", advirtió.

La especialista indicó que el cumplimiento de esta ley, que es una imposición de GAFI, la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para salir de las listas negras y grises, "dependerá mucho del trabajo que haga la Cancillería".

Para el economista Felipe Argote establecer mecanismos como los que estipula la Ley 69 es "absurdo", porque hoy en día las personas no saben cómo el planeta va a tomar su rumbo al final de la crisis del Covid-19.

Carlos Barsallo, de Transparencia Internacional (TI) acotó que el cumplimiento de la Ley 69 se va a estar probando paso a paso.