Argentina extiende el plazo para lograr acuerdo de reestructuración de la deuda

Argentina decidió alargar diez días más las negociaciones con poderosos fondos de inversión para llegar a un acuerdo que permita reestructurar $66,238 millones de deuda externa, en un momento clave para el país por la recesión que arrastra desde 2018 y la amenaza de caer en un nuevo cese de pagos.

En una resolución oficial emitida por el Ministerio de Economía, el Gobierno anunció que extendió el plazo desde este viernes y hasta el 2 de junio para continuar las conversaciones con los tenedores de diversos bonos emitidos bajo ley extranjera, "salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada".

Esta no es la primera prórroga dispuesta para llegar a buen término. En un principio, el Ejecutivo de Alberto Fernández, que llegó al poder a finales del año pasado, fijó el 8 de mayo como fecha límite para que los bonistas decidieran adherirse a la oferta de canje lanzada por el Gobierno, pero el plazo fue alargado al 22 de mayo por el poco éxito que cosechó la propuesta argentina.

"Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa", expresa el texto difundido por la cartera de Economía.

En esa resolución, se advierte que el país cree "firmemente" que un final satisfactorio contribuirá a estabilizar la condición económica actual, aliviando las "restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía" devenidas de la actual carga de deuda, con la vista puesta en "reencauzar la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo".

Este viernes era también un día clave por otra razón. El vencimiento del periodo de gracia de 30 días al que se acogió Argentina tras no pagar en abril $503 millones de intereses de tres títulos incluidos en la oferta de reestructurar.

Fuentes gubernamentales dijeron a Efe que "no es correcto hablar de default (cese de pagos) en sentido clásico" por no pagar ese monto, ya que se da en un "impás" a la espera de la "madurez de las negociaciones".

Con la crisis del 2001 en la memoria, año en que el país entró en el mayor cese de pagos de la historia hasta ese momento, y del que no salió por completo hasta 2016, Argentina busca ahora evitar caer en un nuevo 'default' que dificulte más aún sus ya complicados pronósticos.

El miércoles se conoció que la actividad económica, tras dos años en recesión, se hundió un 11,5 % interanual en marzo, afectada ya por las medidas de aislamiento obligatorio que ese mes decretó el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Fernández, en multitud de apariciones públicas desde que ganó en las urnas a su antecesor, Mauricio Macri, a quien acusa de haber endeudado altamente a Argentina, ha insistido en que la voluntad es pagar la deuda, pero cuando la economía vuelva a crecer, para no tener que realizar ajustes en un país que ya cuenta con un tercio de su población en la pobreza.

Esta misma tarde, el propio presidente ironizó al considerar que la economía que recibió al llegar a la Presidencia ya estaba en cese de pagos.

Posteriormente, en una visita a la cercana Tucumán, agregó que el Gobierno ha hecho una oferta a los acreedores "con mucha sensatez y rigor", tratando de garantizar que los nuevos compromisos asumidos pueden ser cumplidos.

El 17 de abril pasado, Argentina lanzó oficialmente su propuesta, consistente en canjear bonos emitidos entre 2005 y 2016 por otros títulos nuevos con vencimiento entre 2030 y 2047, con el fin de reestructurar $66,238 millones de deuda, solo una porción de los $323,192,6 millones totales que debe el país.

Entre los puntos clave, se establece que Argentina empezaría a pagar la deuda a reestructurar en 2023, con una quita de 5,4 % sobre el capital adeudado ($3,600 millones) y una reducción de intereses del 62 %, equivalente a $37,900 millones.

Sin embargo, diversos grupos de acreedores rechazaron la propuesta, y posteriormente el Gobierno recibió tres contraofertas, que siguen sobre la mesa de negociación.

En las negociaciones, Argentina cuenta con palabras de aliento del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que en 2018 aprobó un rescate de $56,300 millones para el país, de los que hasta ahora se han desembolsado alrededor de $44,000 millones.

Gerry Rice, portavoz del FMI, se mostró este jueves "animado por la voluntad" del Gobierno y los acreedores privados de llegar a un acuerdo.

Si bien matizó que no quería "especular sobre el resultado" de la negociación, el funcionario reiteró el optimismo de que Argentina y los acreedores puedan "encontrar un acuerdo para sentar las bases de una senda sostenible para que la economía argentina avance".