Abogados tachan de 'ilegal' pretender eliminar a MiAmbiente de la Comisión Nacional de Pesca Responsable

Tras la discusión en primer debate del proyecto de ley que propone una nueva ley de pesca para Panamá, más de treinta organizaciones ambientales y/o vinculadas a las ciencias naturales rechazan  la exclusión de las organizaciones de investigación científica y las ONG de carácter ambiental marino como parte de la Comisión Nacional de Pesca Responsable.

El pasado viernes 22 de octubre, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 13 de 2020, que regula la pesca y la acuicultura en la República de Panamá, según los manifestantes, "desoyendo los llamados de los grupos ambientales y científicos por evitar que se adoptase la redacción propuesta para el artículo 152". 

Aseguran que dicho artículo, "amplía la participación de los representantes del sector pesquero, a expensas de la representación de las organizaciones de investigación científica, de las ONG de carácter ambiental marino, y del Ministerio de Ambiente".

Advierten que la redacción aprobada en esta propuesta, además, le "resta liderazgo" a la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap) como autoridad rectora, al eliminar su rol de Presidente de la Comisión y designarle el de Secretaría de la Comisión. 

Lo que pasa, explicó la abogada del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) María Gabriella Dutari, es que tal y como fue aprobado en primer debate, el proyecto 131 modificaría la Ley 44 de 2006, para excluir de la Comisión Nacional de Pesca Responsable al Ministerio de Ambiente, al representante de organizaciones de investigación científica y al representante de las ONG de conservación. 

Dutari expresó que esto es algo que contradice el mismo Código de Conducta de Pesca Responsable, que recomienda fomentar la plena participación de las partes interesadas en la lucha contra la pesca ilegal. 

"La Comisión es un ente consultivo cuya función es dar recomendaciones para el desarrollo sostenible de la pesca. La perspectiva y experiencia de estos actores es relevante y tiene qué aportar para ese fin", manifestó.

Por su parte, la  abogada y ambientalista, María Soledad de Porcel, fue más allá al expresar que "el pretender eliminar la participación del Ministerio de Ambiente, es ilegal, porque la ley que lo crea (Ley 8 del 2015) le concede competencia en el tema".

Añadió que  "por eso la ARAP se opuso a sacar de la Junta Directiva... al Ministerio de Ambiente. Le aclaró que esto había sido solicitado por los pescadores, al igual que la eliminación de los centros de investigación y ONG ambientales de la Comisión de Pesca Responsable".

A su juicio "obviamente, no desean que nadie que proteja el ambiente participe, pues podrían tomar decisiones obviando información científica que contradiga esa decisiones.

En el artículo 27 del proyecto de ley se especifica que la Comisión Nacional de Pesca Responsable estará integrada por una lista de unos 16 miembros, con derecho a voz y voto, en la cual no se observa la representación ambiental del país, como lo señala la ONG.

La lista estará integrada en primer lugar por el administrador General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, quien actuará como secretario.

Igualmente, la integran el director General del Servicio Nacional Aeronaval, un representante de un centro universitario nacional afín con las actividades de recursos acuáticos, pescadores deportivos, pescadores recreativos y turísticos, pescadores artesanales, trabajadores dedicados a la faena de la pesca, pesca de servicio internacional, comercializadores y exportadores de productos provenientes de la pesca, entre otros.

La abogada y también ambientalista, Susana Serracín, catalogó como "sumamente peligroso" lo que está sucediendo con la ley de pesca y que "es inconcebible" el hecho de excluir arbitrariamente a las organizaciones no gubernamentales expertas en el tema marino, el sector científico y académico como parte de la Comisión Nacional de Pesca.

Lo anterior, sustentó Serracín, va abiertamente en contra de la sostenibilidad de la pesca. "Atenta a todas luces contra el principio de no regresión ambiental y deja la actividad a merced de los intereses del sector pesquero, sin soslayar que con la nueva ley le resta liderazgo a la Autoridad Nacional de los Recursos Acuáticos (ARAP), ya que queda relegada de su rol de Presidente de la Comisión y pasarle a la Secretaría de la Comisión", afirmó Serracín.

Agregó  que todos esos hechos han dado lugar a un descontento y malestar generalizado por parte del sector ambiental, por lo que, sentenció, "rechazamos categóricamente lo planteado en esa normativa y exigimos que en segundo debate se modifique el artículo 152 y no incurramos en decisiones contrarias a los mejores intereses del país, particularmente de la pesca sostenible y de la toma de decisiones debidamente informada y consensuada entre todos los sectores".

Mientras que en un comunicado, una treintena de organizaciones ambientales y/o vinculadas a las ciencias naturales alertaron que "con la estructura adoptada, la Comisión Nacional de Pesca Responsable, entidad encargada de generar políticas y prácticas para regular la actividad pesquera, queda dominada y controlada por casi exclusivamente el propio sector pesquero". 

Sostienen que "bajo esta nueva estructura, los regulados toman el control del ente regulador alejándose de los balances que buscan promover una gestión eficiente y sostenible de los recursos pesqueros a través del apoyo de la ciencia y la participación".

De ser aprobado este artículo tal y como está, advierte "tornaríamos a esta comisión en una figura acéfala, sesgada, desregulada ambientalmente, cuya composición ni siquiera garantiza las condiciones necesarias para una adecuada participación de todos los sectores allí representados", pese a que "esta comisión es un escenario donde se necesita más que nunca la participación de los sectores científico y ambiental, para garantizar la sostenibilidad de la pesca".

En ese contexto,  hicieron un llamado a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo, así como al propio sector pesquero, para que no se retrase el esfuerzo de adoptar la nueva Ley de Pesca que reemplace a la actual que data ya más de sesenta años, pues precisan que  "esta acción atenta contra el principio de no regresión en materia ambiental reconocido en nuestra jurisprudencia por la Corte Suprema y además desconoce compromisos internacionales adoptados por el país en materia de participación pública tan importantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 14) y el Acuerdo para el Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en asuntos ambientales".

En ese sentido, reiteraron la necesidad de impulsar un equilibrio y manejo justo en todas las decisiones vinculadas a los recursos pesqueros y sus ecosistemas interelacionados sometidos ya a grandes presiones. Este manejo requiere del fortalecimiento de la institucionalidad y de la labor conjunta intersectorial para buscar enfoques integrales a los desafíos actuales.

En el 2020, el Diagnóstico integral del sector pesca y acuicultura de la República de Panamá realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció que las exportaciones de pescados y mariscos desde Panamá disminuyeron de $425.6 millones en el 2005 a $111.5 millones en el 2018, que equivale a una caída del 73.8 %. 

De manera consecuente, la importancia de las exportaciones de pescados y mariscos con respecto al total de mercaderías exportadas cayó del 44.2 % en el 2005 al 16.6 % en el 2018. 

De acuerdo con los manifestantes, estas caídas se relacionan estrechamente con la disminución de la producción pesquera del país, que cayó de 272,281 toneladas en el 2005 a 185,992 toneladas en el 2018, cifras que evidencian una contracción del 31.7 %. 

Se asume, enfatizan, "esta disminución de la productividad y competitividad en el sector pesquero y acuícola fue ocasionada por la sobreexplotación de las especies costeras - marinas, la contaminación de los ecosistemas, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y el cambio climático. Un 60% de los pescadores artesanales entrevistados considera que hoy hay menos pesca".

Por todo lo anterior, insisten, "hacemos un llamado para que la Asamblea Nacional en segundo debate modifique este artículo 152, restituyendo a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá como Presidente de la Comisión y restituyendo la participación de los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de investigación científica. Los contrapesos pueden parecer incómodos, pero son necesarios para la toma ponderada de decisiones". 

El proyecto de ley 131, que actualizará la pesca, la acuicultura y las actividades conexas de la República de Panamá y sustituirá la Ley básica de pesca Nº17 de 9 de julio de 1959, pasó a segundo debate en la Asamblea Nacional.

Este proyecto, denominado Ley General Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas, entre sus objetivos propone reglamentar e incentivar actividades como la acuicultura, pesca deportiva, industrial y artesanal.

El proyecto de ley 131 incorpora nuevos conceptos como pesca de consumo doméstico, antes conocida como pesca de subsistencia, y crea y define la pesca artesanal. Pero los pescadores artesanales también han mostrado su rechazó.