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13 de Jun de 2021

Economía

Interponen querella penal contra el director de la DABA; MEF aclara

La querella tiene relación al supuesto mal manejo de 10 vehículos aprehendidos a un empresario mexicano que es investigado por el MP

Valentín Jaén y José Almengor
Los abogados Valentín Jaén y José AlmengorCedida

Interponen querella penal contra el director de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos (DABA,) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Ferreira Sánchez, por el presunto delito contra la Administración Pública, en la modalidad de abuso de autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

La querella fue interpuesta por los abogados Valentín Jaén y José Abel Almengor, por el supuesto mal manejo de 10 vehículos aprehendidos dentro del caso de un empresario mexicano que es investigado en el Ministerio Público (MP), del cual los abogados son los defensores.

Los juristas detallaron, en conferencia de prensa, que la acción obedece a que su cliente recibió listado del movimiento, a través de Panapass de uno de los autos que permanecen en custodia de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos (DABA) del MEF, el cuál arrojó un saldo económico negativo por la suma $1,191.15 evidenciando un “mal uso indiscriminado del automóvil por los diferentes corredores del país”.

“La acción penal tiene como propósito que se castigue a los responsables en el evento de que no se haya cumplido con el procedimiento que indica la ley y determinar quiénes son en la actualidad los responsables de los bienes aprehendidos y que se aclare a quienes se le ha asignado los vehículos, cuál fue el criterio utilizado para la asignación y que misión están cumpliendo los mismos”, comentaron los abogados.

Almengor indicó, además que “las residencias que fueron aprehendidas no se les ha pagado los gastos de administración y al cliente es a quien le cobran. Esto genera un impacto muy negativo porque si en el futuro esas casas van a ser devueltas o vendidas tendrán una carga muy grande sobre el pago de administración, que debe ser saldada antes de realizar cualquier tipo de operación, de esta manera no se pueden manejar los bienes aprehendidos porque luego de estar sacándole provecho que requiere el Estado están creando cargas adicionales a la persona investigada”.

“Entonces nos preguntamos: ¿Qué se ha conseguido con quitarle esa función al MP? si se la damos a otra entidad que lo está haciendo tan mal o igual de deficiente como lo estaba haciendo una autoridad que no era la llamada al manejo de bienes aprehendidos porque no tenía la infraestructura para manejar los bienes aprehendidos”, criticó Almengor.

MEF aclara

Sobre la declaraciones vertidas por los abogados en contra del director de la DABA, el MEF aclaró los siguientes puntos:

  • Las asignaciones en uso y custodia de bienes que se encuentran a órdenes de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, tienen su fundamento en el Decreto Ejecutivo N°359 de 2015, que en su artículo 8 establece que la misma, mediante resolución motivada, podrá asignar el uso y custodia provisional de los bienes aprehendidos a favor de instituciones públicas u organizaciones gubernamentales.
  • Por su parte, el artículo 12 de la citada norma, establece que es responsabilidad exclusiva de las instituciones públicas o de las organizaciones no gubernamentales, a quienes se les haya asignado el uso y la custodia provisional de uno o más bienes aprehendidos, el velar por el buen funcionamiento, mantenimiento e integridad del bien, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento. Además, deberán cumplir con todas las obligaciones de un buen padre de familia y responderán civil, penal y administrativamente por el deterioro o daño sufrido por culpa o negligencia. 
  • Alegan los abogados que uno de los vehículos aprehendidos a su representado, dentro de las sumarias que le sigue el Ministerio Público por el delito de blanqueo de capitales, y que se mantiene a órdenes de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, refleja movimientos y un saldo moroso por el uso de PANAPASS, así como que no cuenta con la correspondiente póliza de seguro. 
  •  Sobre el particular, hacemos la aclaración que los vehículos asignados en uso y custodia por esta Dirección, cuentan con póliza de seguro que debe ser presentada obligatoriamente por la institución beneficiaria de la asignación, previo a la entrega del bien, y mantenerse vigente durante el tiempo que dure la asignación. Por otro lado, cualquier saldo reflejado por el uso de corredores, debe ser cancelado en su totalidad por el custodio provisional del vehículo previo a la devolución del bien.
  • La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos cumple a cabalidad y dentro de las atribuciones que establece la Ley, con la custodia y administración de los bienes que son puestos a sus órdenes, niega categóricamente las acusaciones vertidas y brindará toda la colaboración e información que pueda requerir el Ministerio Público en todo momento.

Querellas, demanda y amparo

El equipo legal del empresario mexicano ya ha presentado tres querellas penales: dos contra los fiscales del Ministerio Público,  Isis Soto y Marco Mosquera, por el presunto delito contra la honra, y otra contra la fiscal de atención primaria, Sonia Almengor.

Sobre los fiscales Soto y Mosquera reposa una demanda civil por $50 millones.

Asimismo, los juristas, fueron a las instancias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron una demanda contra del Estado panameño por la supuesta violación de los derechos legales que ha vivido el ciudadano mexicano desde el inicio de las investigaciones por el MP.

Al caso que se le lleva al empresario mexicano ya le fue acogido un Amparo de Garantías (admitida el pasado 16 de marzo). 

"Esto (la admisión del Amparo) es muy importante puesto que la misma permitirá que a nuestro cliente se le vincule al proceso para poder defenderse que es lo que siempre él ha querido y es importante porque esta acción de amparo abre la posibilidad de que cibernéticamente él mismo pueda presentarse al proceso, ser imputado, concluir las investigaciones para poder así demostrar su inocencia, y se dicte su sobreseimiento o, en su defecto, el retiro de la acusación por parte de la fiscalía", apuntó Almengor.