Congreso Asocupa 2023 se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre

Una vez más, Panamá demuestra querer cumplir con lo que sea necesario para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa) llevará a cabo un congreso el 19 y 20 de octubre en el hotel Decápolis de la ciudad de Panamá, donde los participantes, tanto de Panamá como de otros países, explorarán estrategias multidisciplinarias, compartirán perspectivas, y abordarán temas cruciales como la actualización normativa, las tecnologías emergentes y las tácticas de cumplimiento más efectivas, según un comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá (ANP).

Los oficiales de cumplimiento pertenecen a una red de investigadores, en mayoría abogados, que lidera proyectos para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá y para que se acaten los puntos del programa internacional de cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

La ANP entrevistó a Abdiel Castrellón, quien es parte del comité organizador del Congreso Asocupa 2023 y es abogado, profesor universitario en varias universidades en Panamá y posee un certificado antilavado de dinero del Financial & International Business Association (Fiba), una asociación comercial sin fines de lucro dedicada a cultivar la excelencia en el sector bancario internacional.

Castrellón explica que dentro de instituciones financieras y algunas no financieras se le delega internamente a una persona, que se denomina “oficial de cumplimiento”, la tarea de prevenir el blanqueo de capitales. Estos oficiales de cumplimiento necesitan capacitaciones constantes y periódicas; de ahí la importancia del Congreso Asocupa 2023, a través del cual “nosotros mismos (los agentes de cumplimiento) podemos acceder a capacitación de calidad, de primera línea y crear un espacio en el que podamos interactuar con los reguladores, las autoridades competentes y con nuestros pares de otros sectores empresariales”, dice Castrellón.

Castrellón enfatiza que en el congreso participarán conferencistas de Estados Unidos, Colombia, Guatemala y República Dominicana, los cuales contarán sus experiencias en distintos tipos de organizaciones.

La figura del oficial de cumplimiento y el proceso de gestionar, documentar y medir el riesgo de blanqueo de capitales en Panamá es mucho más conocido dentro del sector bancario, más que en cualquier otro sector, explica Castrellón. El sistema financiero de Panamá está formado por bancos, empresas de valores, fondos de pensiones, aseguradoras, cooperativas, empresas financieras, bancos de desarrollo, las compañías de leasing, y asociaciones de ahorro y crédito para la vivienda.

Desde hace más de 20 años, explica Castrellón, el sector bancario es el que ha tenido el mejor crecimiento en el desarrollo de herramientas y programas de cumplimiento para mitigar los riesgos asociados al delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (Adm).

Sin embargo, conforme la normativa ha ido evolucionando y “según las recomendaciones que hace el Gafi en sus documentos, Panamá ha ido integrando, como sujetos obligados, a otros jugadores”, dice Castrellón. Estos incluyen al sector no financiero, como las distribuidoras de autos, el sector inmobiliario y las zonas de libre comercio, que ahora tienen nuevas obligaciones de integrar elementos de control en su proceso operativo para reducir las posibilidades de que se cometan actos ilícitos. Todo esto desde que fuera aprobada la Ley 23 del 27 de abril de 2015, “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Según indica la Ley 23 de 2015, las medidas básicas de debida diligencia en caso de tratar con una persona natural, incluyen identificar y verificar la identidad del cliente solicitando y consultando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, debidas referencias o recomendaciones, así como información confiable del perfil financiero y perfil transaccional del cliente; identificar el beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar la información y documentación que se obtenga de cada una de las personas naturales que se identifiquen con el beneficiario final; establecer un perfil financiero, tomando las medidas razonables que sustenten el origen de los fondos, frecuencia de los movimientos y si el cliente depositará en efectivo, cuasi efectivo, cheques o transferencias electrónicas; entre muchas otras obligaciones con personas naturales o jurídicas. Estas fueron algunas de las obligaciones fundamentales en las que Panamá se veía obligada a trabajar mayormente para poder salir de la lista gris, según el Gafi.

“Los sujetos obligados no financieros fueron integrados a cumplir con la obligación que está en el marco jurídico a partir de la Ley 23” de manera más contundente, explica Castrellón. Si bien ya estaban obligados obviamente desde antes de 2015, esta ley ha sido crucial para formalizar algunos requerimientos y enfatizar algunas obligaciones puntuales que deben documentarse también de los sujetos obligados no financieros.

“En efecto, estos nuevos jugadores han ido fortaleciendo sus políticas, sus procedimientos, y sobre todo la capacitación que le dan al equipo humano responsable de gestionar el riesgo de blanqueo de capital dentro de sus organizaciones”, expresó Castrellón.

Castrellón dijo sentirse confiado de que Panamá saldrá de la lista gris del Gafi, ya que tanto el Gobierno de Panamá como el sector privado “han trabajado de manera muy fuerte y consistente”.