Ajustan reglamentación de la Ley 473 y adoptan el concepto de ‘precio total’

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) mediante el Decreto Ejecutivo 2 del 23 de enero de 2026, modificó algunos artículos reglamentarios para adecuarlo a la Ley 473 de 19 de junio de 2025, que establece nuevas reglas sobre la información de precios en productos y servicios, y que comenzará a regir el 19 de junio de 2026.

La adecuación normativa, publicada en la Gaceta Oficial 30453-B fechada el 28 de enero de 2026, introduce un cambio clave en el concepto utilizado: en lugar de “precio único”, la reglamentación adopta el término “precio total”, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 473, que modifica la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.

De acuerdo con el artículo 5 del decreto modificado, esta reglamentación entrará en vigencia un día después de que comience a regir la Ley 473, es decir, a partir del 20 de junio de 2026. Con ello, las autoridades buscan que el marco legal y su reglamento estén plenamente alineados desde el inicio de la aplicación de la norma.

La Ley 473 establece que todos los comercios del país deberán exhibir el precio total de los bienes y servicios, el cual debe incluir impuestos, tasas nacionales y cualquier otro cargo aplicable, evitando montos adicionales al momento del cobro en caja.

Según ha explicado la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el objetivo de esta normativa es reforzar la transparencia en la información de precios y garantizar que el consumidor pague exactamente el monto que observa en estanterías, vitrinas o puntos de venta.

El director nacional de Protección del Consumidor de Acodeco, Saúl Jaramillo, ha señalado que el precio total implica que “no se le puede agregar ningún precio adicional al total que se muestra al consumidor”, ya sea en la venta de productos o en la prestación de servicios.

Como parte del proceso de implementación, Acodeco desarrolla capacitaciones dirigidas a los agentes económicos para facilitar el cumplimiento de la ley antes de su entrada en vigencia en junio de 2026. El incumplimiento de esta normativa podrá conllevar sanciones que van desde amonestaciones hasta multas de hasta $25,000, dependiendo del tipo de actividad, el tamaño del negocio y la reincidencia.

Con la modificación del decreto reglamentario, las autoridades buscan asegurar que la transición hacia el esquema de precio total se realice con claridad normativa, tanto para los comercios como para los consumidores.