ALAIAB: Panamá debe priorizar la evidencia científica para su nuevo etiquetado frontal

El debate sobre el etiquetado frontal de advertencia nutricional en Panamá, a través del proyecto de ley 265, ha cobrado fuerza en los últimos meses, en medio de tensiones entre las iniciativas legislativas nacionales y los compromisos regionales asumidos por el país en el marco del Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA), a través del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA).

La discusión involucra a la industria de alimentos y bebidas, gremios empresariales, organizaciones de salud pública y autoridades gubernamentales, todos con visiones distintas sobre cómo debe regularse la información que reciben los consumidores.

El presidente de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), Camilo Montes, en una entrevista con La Estrella de Panamá, fue claro en señalar que Panamá se encuentra en una posición estratégica dentro del debate regional.

Montes aclaró que aunque el país participa como observador en el proceso del RTCA, su rol ha sido activo y determinante en las discusiones de integración. “Aquí en Panamá no se trata de si debe haber más información para el consumidor, en eso estamos totalmente de acuerdo. Lo clave es que la decisión se tome con base en evidencia científica y que no se limite a un único modelo”, subrayó.

Esta línea coincide con las declaraciones de la directora del Movimiento de Alimentación Saludable, Betty Cruzado, quien sostiene que el etiquetado frontal debe implementarse de inmediato, respaldado por la evidencia científica disponible.

Cruzado recordó que el Artículo 36 de la Ley 45 de 2007 ya obliga a incluir advertencias en productos que representen riesgo para la salud, por lo que los sellos octagonales no crean una obligación nueva, sino que desarrollan una norma vigente.

Además, subrayó que Panamá cuenta con su propio estudio, realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Movimiento de Alimentación Saludable, en el que participaron 1,200 panameños en 31 supermercados.

El presidente del ALAIAB insistió en que el país debe evitar regulaciones apresuradas que puedan generar confusión o incluso barreras técnicas al comercio. En su opinión, la discusión legislativa en la Asamblea Nacional debe reconocer que Panamá es parte de un proceso regional más amplio y que cualquier normativa local debe estar alineada con los compromisos de integración.

“Los mecanismos de integración como el SIECA son fundamentales para que industria, gobierno, academia y sociedad civil construyan normas adoptables para toda la región. La armonización es clave para garantizar seguridad alimentaria y facilitar el comercio”, afirmó Montes.

Precisamente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) junto con otros gremios empresariales ya habían solicitado a la Asamblea Nacional suspender la discusión del Proyecto de Ley 265. En una carta conjunta, los gremios recordaron que Panamá es parte del SIECA y participa en la discusión de los RTCA sobre etiquetado. “Emitir una nueva regulación de manera unilateral nos coloca en riesgo de incumplir la normativa centroamericana y representa un retroceso del proceso de armonización”, advirtieron.

Asimismo, Ruth A. Harding Alderete, directora general de Administración de Tratados Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), confesó a este medio que cualquier normativa que el país adopte debe estar alineada al marco del SIECA.

La directora Alderete enfatizó que, bajo la coordinación de Panamá, se logró consensuar una hoja de ruta regional que define las etapas y la metodología para el análisis de este reglamento. Actualmente, dijo, el debate técnico a nivel centroamericano se centra en dos modelos de advertencia gráfica basados en pictogramas impresos: el modelo tipo lupa y el modelo de octágonos.

El presidente de ALAIAB destacó que la industria no se opone al etiquetado nutricional, sino que insiste en que cualquier modelo debe sustentarse en la mejor evidencia científica disponible. “El consumidor necesita más información, pero los modelos de advertencia como octógonos o lupas no han mostrado resultados concluyentes en salud pública. El etiquetado debe ser parte de un enfoque integral que incluya educación nutricional, actividad física y hábitos de sueño saludables”, afirmó.

Montes advirtió que experiencias en países como Chile y Ecuador, que implementaron octógonos y lupas de advertencia hace más de una década, no han mostrado resultados concluyentes en salud pública. En su opinión, el etiquetado debe ser parte de un enfoque integral que considere la educación nutricional y los hábitos de vida saludables, más allá de la simple advertencia gráfica en los empaques.

Recordó que la industria de alimentos y bebidas en Latinoamérica agrupa a más de 435 mil empresas, de las cuales el 96% son micro y pequeñas. En Centroamérica, dijo, el comercio de alimentos y bebidas supera los $9,700 millones en exportaciones, de los cuales el 46% se realiza dentro de la región, lo que refleja la importancia de contar con normas armonizadas para garantizar la seguridad alimentaria y facilitar el comercio intrarregional.