Análisis de UICN detecta inconsistencias en auditoría de Cobre Panamá

El análisis revela que 155 de los 371 compromisos evaluados, más del 40 %, carecen de evidencia suficiente en los anexos publicados para respaldar las declaraciones de cumplimiento

Una revisión independiente realizada por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) identificó limitaciones metodológicas y vacíos de información en el Informe Final de la Auditoría del Proyecto Mina Cobre Panamá, lo que —según sus conclusiones— impide sustentar de manera consistente los resultados presentados.

El análisis revela que 155 de los 371 compromisos evaluados, más del 40 %, carecen de evidencia suficiente en los anexos publicados para respaldar las declaraciones de cumplimiento.

“La auditoría reconoce dificultades para dar seguimiento a los recursos o evaluar sus resultados, pero aun así concluye que varios compromisos fueron cumplidos solo porque se presentó documentación”, explicó Isaías Ramos, biólogo e integrante de la mesa técnica.

Ejemplos de inconsistencias señaladas:
Estabilidad de relaves y drenaje ácido: El tomo 9 califica como “conforme” pese a deficiencias en monitoreo geotécnico que limitan la capacidad de respuesta ante riesgos de inestabilidad.
Plan de Emergencia: No se verificó un protocolo integral para comunidades aguas abajo ni mecanismos de alerta.
Informes de MiAmbiente: Los resultados de laboratorio de 2026 muestran excedencias significativas de parámetros de agua, pero no fueron incorporados en el análisis.
Inversión comunitaria: El compromiso de $5 millones anuales no pudo ser verificado, pues solo se revisaron registros de 2018 y 2019.
Hallazgos

Daniel Holness, director ejecutivo de Ceaspa, comentó que los hallazgos refuerzan la necesidad de que las decisiones públicas se basen en información verificable.

“Cuando una revisión encuentra que una parte de las conclusiones no puede corroborarse con la evidencia disponible, lo responsable es completar ese análisis antes de darlo por concluido”, expresó el director ejecutivo de Ceaspa.

Holness recordó que Panamá es uno de los tres países carbono negativos del mundo, lo que convierte su patrimonio natural en un activo ambiental global.

Por ello, insistió en que el cierre de la mina debe apoyarse en análisis rigurosos que contemplen sus implicaciones ambientales, sociales y económicas.

Entre las recomendaciones que la Mesa Técnica exige a las autoridades, se encuentran:

No aceptar el Informe Final mientras persistan vacíos metodológicos.
Emitir las no conformidades y requerir la evidencia faltante con plazos claros.
Ejecutar procesos sancionatorios según la normativa vigente.
Revisar la suficiencia de la garantía financiera frente a pasivos ambientales.
Garantizar transparencia y participación ciudadana conforme al Acuerdo de Escazú y la Resolución de Gabinete No. 19.

Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que el objetivo de la Mesa Técnica es aportar criterios independientes que fortalezcan el proceso de cierre.

“Nuestro análisis no busca sustituir las competencias de las autoridades, sino contribuir a que las decisiones se adopten con el mayor rigor y transparencia”, comentó Guevara.

El informe

La auditoría realizada por la empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc. evaluó de manera independiente los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.

De acuerdo con la auditoría, el proyecto tiene un 87.7% de cumplimiento. Evaluó cuatro componente principales.

El componente A verificó los temas legales, administrativos, fiscales y tributarios. En este componente hubo un cumplimiento de 88.2%.
El componente B fue sobre desempeño ambiental. Encontró cumplimiento general operativo, pero también identificó puntos que requieren atención y acciones correctivas. El cumplimiento fue de 87.6%.
El componente C fue de Aspectos Operacionales y técnicos. Es aquí dónde mejor puntuó la mina, con un cumplimiento de 90.2%.
El componente D evaluó los riesgos y pasivos ambientales. En este apartado se identificó “incidentes y accidentes” ocasionados por las condiciones de operación. El cumplimiento en este componente fue de 81.7 %.
Acción estatal

El Gobierno instaló La Comisión de Alto Nivel integrada por los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias, y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

El equipo interinstitucional consultará las opiniones de expertos en temas jurídicos, técnicos, económicos y medioambientales para determinar el futuro de la mina bajo información clara y objetiva, con datos concretos.

Chapman fue el encargado de confirmar que la Comisión Nacional trabaja en la elaboración de las recomendaciones que serán presentadas al presidente de la República, José Raúl Mulino, en relación con el informe de la mina de Donoso.

Aclaró que, aunque no existe una fecha límite formal, el compromiso es entregar el documento antes de que finalice el 2026, dada la urgencia de definir el futuro del proyecto.

“No tenemos efectivamente lo equivalente a una fecha límite, pero sí hemos conversado de que esto definitivamente debemos llevar una solución al presidente antes que finalice el presente año. Esta situación angustiosa de indefinición nos preocupa a todos los panameños”, comentó el ministro de Economía.

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