Propuesta que crea la ANIP ‘es inconstitucional’

PANAMÁ. La idea de reestructurar la Dirección General de Ingresos (DGI) no es nueva. Elevar el brazo cobrador del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha estado en la mente del Ejecutivo desde hace algún tiempo, pero no había sido presentada de manera oficial.

Tanto el presidente de la República, Ricardo Martinelli y el ministro del MEF, Frank De Lima han manifestado las intensiones de reestructurar la entidad y así darle mayor fortaleza.

En síntesis el Gobierno busca aplicar mejores prácticas en cuanto a recaudación tributaria, además de delegarle a la DGI un poder autónomo para cautelar bienes y agilizar proceso en contra la evasión fiscal.

En su discurso de rendición de cuentas el pasado 2 de enero 2012, Martinelli dijo que ‘este país necesita una Ley que muestre, con nombres, apellidos y cifras, quiénes son las personas y empresas que le vienen robando los dineros al pueblo’.

¿Pero cuenta la DGI con el capital para realizar dichos cambios? Sí. A inicios del 2012 la entidad recibió un préstamo de 18 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de los primeros indicios de la reestructuración fue el traslado en junio de sus oficinas principales ubicadas en la avenida Perú al PH Torre Mundial, en la avenida Balboa y calle 41.

Otro de los cambios que aspira a realizar es el mejoramiento del equipo tecnológico, así como la actualización del software E-tax que se usa para el cobro de tributos.

Han transcurrido nueve meses desde que el oficilismo hizo pública su intensión de reestructurar la Ley Orgánica de DGI. No obstante, el pasado 3 de septiembre, el diputado de oposición Freidi Torres elevó ante el pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley 28 que crea la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).

La moción de Torres es considerado por los expertos como ‘inexequible’ (inconstitucional), pues la promoción de entes públicos nuevos es exclusivo del Órgano Ejecutivo. Aunque en reiteradas oportunidades La Estrella trato de obtener la versión de Torres vía telefónica este no contestó.

Entre las connotaciones que contiene el anteproyecto es que el administrador de la ANIP sería designado por el Ejecutivo por un período de 10 años.

Para José Javier Rivera, especialista en derecho fiscal, comercial y administrativo de la firma Rivera Bolívar Castañedas (RBC), la propuesta del diputado perredista no tiene fundamentos, ya que es inconstitucional.

‘Al parecer Torres no recuerda que (Ricardo) Martinelli vetó el proyecto 416 general de Cultura que proponía la creación del Ministerio de Cultura en Panamá’, señala Rivera. Citando un ejemplo de una situación similar.

Pese a lo anterior, Rivera sostiene que el anteproyecto en sí convierte a la DGI en una entidad autónoma y con poderes que inclusive rebasarían la potestad del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), entidad que se creó mediante la Ley 8 del 2010, lo que califica como un riesgo para los contribuyentes.

A Rivera le llama la atención el hecho de que el anteproyecto fue presentado por un diputado cuyo familiares han estado involucrados presuntamente al traspaso fraudulento de 88 fincas por medio de 34 sociedades anónimas en la provincia de Chiriquí, lo que contradice la idea que promueve sobre recaudación.

Considera que no se puede esperar mucho de una idea por la cual no se ha manifestado el ministro del MEF, pues establece la salida de su principal dirección y del desmembramiento de las finanzas públicas del país.

De aprobarse el anteproyecto, Panamá sería el primer país que propone que un ‘cobrador de impuesto’ permanezca en su cargo durante dos periodos gubernamentales planificando los recursos que requiere el Estado para el desarrollo de obras de infraestructura y programas, entre otros.

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