Anteproyecto de ley busca establecer reglas claras en la producción de biocombustibles

Con el objetivo de diversificar la matriz energética nacional y dinamizar las economías rurales del país, el pleno de la Asamblea Nacional recibió esta semana un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 42 del 20 de junio de 2011, relacionada con el desarrollo de biocombustibles y la energía eléctrica a partir de biomasa.

La iniciativa presentada por el diputado Arquesio Arias propone establecer medidas más inclusivas y sostenibles para fortalecer la producción nacional de biocombustibles, garantizando la seguridad energética, el desarrollo agrícola, la protección ambiental y la generación de empleo digno en las zonas rurales.

“Han pasado catorce años desde la promulgación de la ley original, y no se han logrado avances significativos. Es urgente reactivar el sector con un enfoque más justo y productivo”, señaló el diputado Arias, en la exposición de motivos.

“Esta propuesta busca reactivar rubros agrícolas abandonados como el arroz y dar una alternativa real a los productores, sin sacrificar la seguridad alimentaria”, agregó.

Una de las novedades del anteproyecto es la incorporación de cooperativas rurales como eje estratégico para la producción de biocombustibles. Estas organizaciones estarán conformadas por colonos, agricultores y pequeños productores, especialmente aquellos que trabajan con caña de azúcar y residuos agrícolas.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), será el encargado de coordinar un nuevo Programa Nacional de Cooperativas de Biocombustibles, orientado a ofrecer asistencia técnica, asesoría legal, acceso a créditos, subsidios y mecanismos de apoyo fiscal.

El anteproyecto también contempla abrir las puertas a la inversión internacional en el área de biocombustibles, destacando el interés manifestado por empresas brasileñas en establecer vínculos con Panamá como país asociado al Mercado Común del Sur.

También plantea que Panamá se convierta en un referente regional de energía limpia con justicia social y soberanía económica.

La Ley 42 de 2011 define el biocombustible como ese combustibles producidos a partir de materias primas de origen vegetal o animal, residuos orgánicos o biomasa (bioetanol, biodiésel).

Fue creada para establecer los lineamientos de la política nacional para promover, fomentar y desarrollar la producción y uso de biocombustibles, así como la generación y cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasas.

Sus enfoques son tres: el ambiental para contribuir al saneamiento ambiental y proteger la salud humana. El económico para dinamizar la producción agropecuaria y el empleo productivo. El energético para fomentar la autosuficiencia energética y atraer inversión nacional y extranjera.

Además, permitió la producción y comercialización de biocombustibles abierta a personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, bajo condiciones de igualdad.

La norma dictamino que el rol del Estado sería a través de la Secretaría Nacional de Energía, como la entidad responsable de implementar políticas, programas y proyectos estratégicos para el desarrollo del sector. Excluyó a la Autoridad del Canal de Panamá de la aplicación de esta ley.

A pesar de su potencial, el aprovechamiento ha sido limitado. Algunos expertos consideraron que existen factores que han frenado su implementación efectiva incluyen la falta de incentivos claros para productores rurales y cooperativa.

La débil articulación institucional entre actores públicos y privados. Escasa infraestructura para la producción y distribución de biocombustibles. Poca visibilidad del marco legal, lo que ha generado desconocimiento en sectores clave.

En Panamá, se está impulsando el desarrollo de biocombustibles, con un enfoque particular en el etanol, como parte de una estrategia para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

El gobierno panameño, a través de la Secretaría de Energía, está trabajando en un plan para reactivar la producción de etanol y establecer un marco normativo que asegure su uso sostenible.

Además, se están explorando inversiones en refinerías de biocombustibles, con el objetivo de convertir a Panamá en un líder regional en esta área.

Para el presidente de la República, José Raúl Mulino, la producción de bioetanol en el país es una actividad que puede tener un fuerte impacto económico y en la generación de empleos; por ello, adelantó, se está en la etapa final de un plan para incursionar en la actividad y aplicar el uso de este biocombustible.

El mandatario ha adelantado que ha recibido “buenas comunicaciones” de los productores de caña en el país que están interesados en sembrar más hectáreas del rubro, con fines de producir bioetanol, que es utilizado en gran parte del mundo porque mejora la calidad del combustible y es amigable con el medio ambiente.

“En el tema del bioetanol en las gasolinas, estamos comenzando ya el proceso de eso. La principal ventaja es que puede usarse en los vehículos de todo tipo, mejorando su combustión y disminuyendo emisiones. Ojalá lo podamos producir pronto en Panamá, que sería una mezcla del 10 % a cada vehículo que vaya a poner gasolina en las bombas; se ha hecho un inmenso trabajo para lograr un beneficio para todos: consumidores, productores y medio ambiente”, resaltó.

Reiteró el interés de los productores de caña en incrementar su producción para los propósitos de bioetanol, lo cual —de acuerdo con el mandatario— podría generar unos 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos y una inyección económica de $400 millones en un periodo de cinco años, en inversión y salario.

“Creo que también genera algo positivo al país, al dejar de importar tanto combustible fósil y esto ayuda con más dinero en el campo y la industria... ojalá arranquemos esto. Ya el plan se encuentra en su etapa final y deberá ser implementado en el 2026”, acotó.