Apede pide eliminar figura del secuestro del reglamento de Contraloría

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) instó al contralor general de la República, Anel Flores, a revisar el Reglamento de Medidas Precautorias y eliminar la figura del secuestro, al considerar que excede las competencias legales de la Contraloría General y vulnera principios esenciales del Estado de Derecho y del debido proceso.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, reconoció que el reglamento era necesario para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32, que faculta a la Contraloría a adoptar medidas precautorias en casos de irregularidades. Sin embargo, advirtió que la inclusión del secuestro sobrepasa ese marco, ya que solo puede establecerse mediante ley y bajo control judicial, no por vía reglamentaria.

“El secuestro es una figura jurídica muy delicada que solo puede aplicarse con supervisión judicial. Incorporarla en un reglamento administrativo transfiere funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa y abre la puerta a decisiones arbitrarias”, afirmó De Sanctis.

La dirigente empresarial enfatizó que la Contraloría debe proteger los recursos públicos, pero no puede ejercer facultades coactivas que afecten el patrimonio de personas o empresas sin autorización judicial previa.

Añadió que el Tribunal de Cuentas, como órgano ejecutor de la Contraloría, tiene competencias para cautelar bienes, no para decretar secuestros. “Confundir cautela con secuestro crea un vacío legal y erosiona la separación de poderes”, sostuvo.

De Sanctis subrayó que Panamá necesita una Contraloría “fuerte, eficaz y transparente”, pero sin concentrar funciones propias del poder judicial. “La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, recalcó.

Asimismo, la presidenta de Apede expresó la disposición del gremio a participar en espacios de diálogo jurídico y técnico para fortalecer los mecanismos de control estatal sin debilitar las garantías constitucionales.

“La seguridad jurídica es tan esencial para el desarrollo como la eficacia administrativa. Cuando un inversionista percibe arbitrariedad o concentración de poder, se debilita la confianza en Panamá como destino de inversión y generación de empleo”, concluyó.