Arap buscará crédito para cumplir evaluación de la UE sobre pesca ilegal

Tras la instalación de su nueva Junta Directiva, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) aprobó resoluciones orientadas a reforzar las acciones institucionales en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como a garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el país.

La primera resolución autorizada se relaciona a la solicitud de un crédito extraordinario para la vigencia fiscal 2025 por $7.238.639.00 ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), compuesto por $4.338.639.00 para funcionamiento y $2.900.000.00 para inversión, recursos que permitirán ejecutar actividades pendientes durante el año en curso, especialmente aquellas asociadas al proceso de evaluación que mantiene la Unión Europea (UE) sobre Panamá.

La segunda resolución aprobada respalda el anteproyecto de presupuesto de la ARAP para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de $17.238.417.00, distribuidos en $16.738.417.00 para funcionamiento y $500.000.00 para inversión, el cual será formalmente presentado ante el MEF.

El administrador general de ARAP y secretario de la Junta Directiva, Eduardo Carrasquilla, explicó que “estos recursos son fundamentales para cumplir con las actividades requeridas por la UE en el marco del procedimiento de tarjeta amarilla impuesto a Panamá desde 2019, y que se mantiene vigente tras una revisión realizada en 2022”.

Según estimaciones institucionales, Panamá podría recibir en noviembre del 2025 una auditoría final que permitiría alcanzar la anhelada tarjeta verde, certificación que avala la legalidad de los productos pesqueros panameños y abre mayores oportunidades de acceso a mercados internacionales.

“Estamos alineando nuestros recursos y esfuerzos técnicos para que este año se logre la certificación verde, lo cual sería un hito para el país y un reconocimiento al compromiso de esta administración con la sostenibilidad pesquera”, subrayó Carrasquilla.

La auditoría programada por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE) de la Comisión Europea para noviembre próximo —la última antes del bloqueo— fue reprogramada para el segundo trimestre de 2025, en consideración al cambio administrativo en la ARAP.

La DG-MARE de la Comisión Europea fiscaliza el desarrollo y la aplicación de la política marítima integrada para la gestión y la política pesquera común, con el fin de promover el desarrollo sostenible de las actividades marítimas, así a la explotación sostenible de los recursos pesqueros dentro y fuera de aguas comunitarias de los 27 Estados miembros de la UE.

La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en 2019, explicó el administrador general de la Arap.

Después de 2019, dijo, hubo dos auditorías, una en 2020 y 2022, sin resultados para salir de la sanción de la tarjeta amarilla, situación que representaría que la tercera auditoría fuera una sanción para una tarjeta roja.

El Reglamento INDNR entró en vigor el 1 de enero de 2010. Es aplicable al comercio de productos de la pesca marítima con la UE, y su objetivo es garantizar que ningún producto de la pesca capturada ilegalmente acabe en el mercado de la UE. También complementa el Plan de acción internacional, recomendado por la FAO en 2001, que contempla el objetivo de desarrollo sostenible 14.4 de la ONU para poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada a más tardar en 2020.

Mientras tanto, Panamá como socio comercial de la UE, durante varias administraciones viene realizando adecuaciones para cumplir con la sugerencias, ya que la pesquería que manda a Europa, principalmente son atún (90%), camarones y langostinos.

La exportación de mariscos es el segundo rubro alimenticio con mayores envíos al bloque después del banano, según datos de la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias.

El ministro encargado de Ambiente, Oscar Vallarino, destacó que las aprobaciones de los créditos reflejan una visión integral de respaldo institucional a la ARAP, y aseguró que estos fondos permitirán reforzar acciones clave para erradicar la pesca ilegal y avanzar hacia la salida definitiva del esquema de tarjeta amarilla.

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, reiteró el compromiso del MEF en garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, y señaló que el crédito extraordinario aprobado responde a necesidades heredadas de la administración anterior, así como a prioridades operativas del presente año fiscal.

Finalmente, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, recalcó la importancia del sector pesquero para el país, señalando que Panamá debe seguir impulsando esta actividad a lo largo de todo el litoral nacional, de frontera a frontera.