Arroceros debaten legalidad de importación de arroz uruguayo

Bajo una tensa expectativa, este lunes se celebró una reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de Arroz en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), convocada tras denuncias sobre la importación irregular de más de 463.227 quintales de arroz en cáscara provenientes de Uruguay. Productores, industriales y comerciantes debaten si se respetaron o no los procedimientos legales para la entrada de este rubro considerado “sensible” en la política comercial nacional.

La controversia surge por la llegada de un barco con arroz uruguayo que, según los productores, no pasó por los canales formales de validación establecidos por la Cadena Agroalimentaria, lo que representa, en palabras de Omar Spiegel, presidente de los productores de Veraguas, “un riesgo para la soberanía alimentaria del país y las miles de plazas de empleo que genera el sector”.

Spiegel explicó que los productores consideran que las únicas vías legales de importación de arroz son a través de contingentes por desabastecimiento o mediante los tratados comerciales vigentes como la OMC o el TPC, con Estados Unidos. Según los inventarios presentados por el MIDA, el país cuenta con arroz suficiente hasta el 2 de febrero de 2026, por lo que, a juicio de los productores, no hay justificación para importaciones fuera del procedimiento legal.

“No se puede permitir que se traiga arroz sin pasar por los mecanismos establecidos. Hoy se determinará si esa importación violó la ley panameña”, subrayó Spiegel.

Por su parte, Raúl Palacios, vicepresidente de la Asociación Nacional de Molineros (Analmo), defendió la actuación de las industrias que participaron en la importación. Afirmó que se trató de una medida paliativa ante la falta de aprobación oportuna de un contingente adicional que permitiera cubrir el déficit proyectado en la demanda nacional. Según explicó, seis industrias compartieron el arroz uruguayo y pagaron un arancel del 90 %, como permite la legislación panameña para importaciones fuera de contingentes.

“El arroz fue traído con el impuesto correspondiente, sin intención de competir deslealmente con la producción nacional. La compra fue por necesidad ante el retraso en las decisiones de política comercial”, argumentó Palacios.

Además, cuestionó que no exista claridad entre las funciones del MIDA y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) sobre la interpretación legal de estas importaciones, algo que —asegura— genera vacíos que afectan tanto a productores como a industriales.

El encuentro de este 21 de julio reúne a todos los eslabones de la cadena: productores, industriales, comerciantes, autoridades del MIDA y del MICI. El objetivo central es definir si la importación en cuestión cumplió con las normativas vigentes y, de no ser así, establecer mecanismos para evitar que se repitan procedimientos que podrían afectar el equilibrio del sector arrocero nacional.

La decisión será clave no solo para aclarar la legalidad de la importación desde Uruguay, sino también para trazar una hoja de ruta clara sobre cómo se deben manejar futuras adquisiciones de productos agrícolas sensibles.