Bancos advierten riesgos de proyectos de ley que buscan regularlos

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) levantó la voz de alerta frente a la creciente cantidad de iniciativas legislativas que se discuten en la Asamblea Nacional y que, de manera directa o indirecta, impactan al sistema financiero.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, calificó la situación como “casi sin precedente”, al señalar que actualmente existen más de 23 proyectos de ley en trámite que afectan a los bancos.

Berguido subrayó que la banca es una actividad técnica que requiere un análisis especializado y consultas previas con actores clave como la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional.

“Cuando uno toca el sistema bancario tiene que entender que eso va a tener un impacto en el resto de la economía”, advirtió.

Uno de los proyectos más polémicos busca imponer controles a las tasas de interés, incluyendo topes contractuales en préstamos hipotecarios, comerciales e industriales.

Berguido recordó que Panamá ya vivió esa experiencia en décadas pasadas, cuando existía un límite máximo de 24% anual. Esa política, dijo, fue eliminada en 1998 con la nueva Ley Bancaria, tras concluir que los controles “le hacían daño al sistema y a la economía” al impedir la competencia y limitar la participación de más entidades en el mercado.

El ejecutivo destacó que, gracias a la apertura y competencia entre casi 40 bancos de licencia general, Panamá ha logrado mantener tasas de interés de consumo entre las más bajas de América. Como ejemplo, citó que la tasa hipotecaria promedio en el país es de 6.5%, prácticamente igual a la de Estados Unidos, y menor que la de la mayoría de países latinoamericanos, salvo Chile, donde existe un subsidio estatal. “Es por la competencia que tenemos un mercado tan competitivo y precios tan bajos”, enfatizó.

Berguido también advirtió sobre los riesgos de fijar tasas referenciales obligatorias en un mercado dolarizado y sin banco central, donde los costos de los fondos dependen de la oferta y demanda y de la volatilidad de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordó que en varias ocasiones, cuando los costos de los fondos superaron las tasas de referencia, los bancos se vieron obligados a retirarse del mercado hipotecario preferencial para proteger su solvencia.

En la misma línea, Ernesto A. Boyd Jr., presidente de la ABP, resaltó que la eliminación de los topes en 1998 permitió un crecimiento exponencial de los depósitos y créditos, multiplicando por cuatro el monto de los recursos disponibles en el sistema. “Uno de los factores relevantes fue la liberación del techo de la tasa, pero aún más importante fue la confianza en el desempeño de nuestro país, que atrajo a la banca regional”, señaló.

Boyd advirtió que imponer controles podría excluir a segmentos de la población del acceso al crédito regulado y empujarlos hacia prestamistas informales, como los llamados gota a gota, que cobran intereses diarios exorbitantes. “Tenemos que cuidar a esos panameños, sobre todo a los que trabajan en la informalidad, no con medidas que los expongan al mercado no regulado, sino con educación financiera y herramientas para cuestionar si sus necesidades están siendo bien atendidas”, afirmó.

Ambos dirigentes coincidieron en que la banca panameña es solvente y sólida, con un capital robusto que respalda los ahorros de los depositantes.

Sin embargo, insistieron en que cualquier reforma debe considerar el costo-beneficio y evitar rigideces que pongan en riesgo la estabilidad del sistema. Berguido recordó experiencias internacionales, como Holanda y Costa Rica, donde la imposición de topes a las tasas de interés provocó la salida de bancos del mercado y dejó a cientos de miles de personas sin acceso a crédito.

La ABP reiteró que no se opone a las iniciativas legislativas, siempre que estas sean producto de discusiones técnicas y busquen un impacto positivo en la economía.

“Lo único que pedimos es tener el espacio necesario, no en el calor de discusiones políticas, sino en el contexto de discusiones técnicas”, señaló Berguido. Boyd complementó que la clave está en fortalecer la educación financiera de la población, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en manos de prestamistas informales.