Bioetanol en Panamá: inversión millonaria y el reto de duplicar la producción de caña

La producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar vuelve a colocarse en el centro del debate económico y energético de Panamá. A través del Proyecto de Ley 443, que será discutido en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el país busca incorporar una mezcla obligatoria del 10 % de etanol (E10) en las gasolinas, como parte de una estrategia de transición energética y reactivación del sector agroindustrial.

Cristina Thayer, directora ejecutiva de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), explicó que esta iniciativa no es nueva, pero ahora cuenta con una base técnica y económica más sólida. “Desde hace más de diez años hemos estado pendientes del avance del proyecto. Hoy existe una propuesta que se llevará a la Asamblea y se espera comenzar a debatir en enero”, indicó Thayer en entrevista con “La Decana”.

Aunque Panamá ya dispone de una legislación marco sobre biocombustibles, Thayer señaló que es necesario introducir ajustes puntuales para garantizar la viabilidad del programa. “Se necesitan algunas modificaciones a la legislación para darle viabilidad económica y técnica al proyecto como lo estamos presentando en este momento”, afirmó.

Entre los cambios clave destaca la seguridad jurídica para atraer inversión privada. “No solamente las empresas productoras de bioetanol, sino también los productores independientes necesitan un cierto nivel de seguridad jurídica, y este proyecto de ley lo brinda”, explicó. La iniciativa también regula las importaciones, estableciendo licencias y requisitos tanto para importadores como para productores nacionales.

El papel del Estado será fundamentalmente regulador. “El gobierno va a ser un regulador del sector, igual que lo es hoy del mercado de combustibles. Es un proyecto privado con regulación estatal a través de la Secretaría Nacional de Energía”, precisó Thayer.

Desde el punto de vista operativo, la incorporación del etanol no requiere cambios complejos. “El proceso de mezcla es muy sencillo”, señaló la ejecutiva. El etanol de producción nacional llegará por vía terrestre a las terminales de importación de combustibles, mientras que el etanol importado y la gasolina lo harán por vía marítima. “En ese lugar se hace la combinación y de ahí salen las cisternas de gasolina E10 ya mezcladas”, explicó.

La propuesta se alinea con los compromisos internacionales de Panamá en materia ambiental. “A través de la incorporación del etanol a la gasolina se bajan las emisiones de gases de efecto invernadero y se acelera la transición energética”, sostuvo Thayer, quien destacó además el potencial de la cogeneración eléctrica con bagazo de caña como fuente de energía limpia.

Actualmente, la industria azucarera panameña está integrada por cuatro ingenios: dos en Coclé, uno en Veraguas y uno en Chiriquí. En conjunto, el país cuenta con unas 22,000 hectáreas sembradas de caña de azúcar. Sin embargo, para sostener la producción de bioetanol, será necesario duplicar esa superficie. “Actualmente son como 22,000 hectáreas y necesitamos doblar eso para poder hacer la producción de etanol”, indicó Thayer.

La expansión no podrá lograrse únicamente con las plantaciones propias de los ingenios. “Vamos a necesitar incorporar más productores independientes (los colonos) porque necesitamos mucha más caña para llegar a lo que aspiramos”, explicó.

El calendario de la zafra es otro elemento clave. Hoy, la cosecha se extiende aproximadamente por 90 días, desde enero hasta marzo. No obstante, el objetivo del sector es ampliarla. “Quisiéramos que se extienda hasta 110 o 120 días para poder tener mayor producción y entrar de lleno al mercado del etanol”, señaló Thayer, advirtiendo que “mientras no haya un cambio legislativo, no va a haber mayor producción de caña”.

El impacto económico del programa es uno de sus principales atractivos. Azucalpa estima inversiones privadas de entre $390 y $450 millones para adecuar instalaciones, ampliar destilerías y aumentar la producción agrícola.

Además, se proyecta la creación de más de 30,000 empleos directos e indirectos, principalmente en áreas rurales. “En un país con altos niveles de desempleo, la creación de empleo en el interior es uno de los beneficios más importantes del programa”, subrayó Thayer. A esto se suman aportes económicos regionales estimados entre $100 y $120 millones anuales, derivados de salarios, pagos a la Caja de Seguro Social y contratación de servicios.

La industria cañera también destaca por su modelo de economía circular. “Todo se usa”, explicó Thayer.

La caña se destina a la producción de azúcar, subproductos para fertilizantes y, finalmente, el bagazo se utiliza para generar energía. Con la ampliación productiva, se estima que la cogeneración podría alcanzar entre 90 y 110 megavatios durante el período de zafra.

La cercanía entre los campos y los ingenios es determinante. “Para producir etanol necesitas áreas cañeras cercanas, más o menos a 100 kilómetros de los ingenios, porque la caña pierde las propiedades necesarias si pasa mucho tiempo entre la cosecha y el procesamiento”, explicó.

Uno de los compromisos centrales de la industria es no trasladar costos al consumidor. “El compromiso que tiene la industria es que esto no va a generar un aumento en el precio del combustible”, afirmó Thayer. Aunque en ciertos escenarios podría contribuir a estabilizar precios, aclaró que cualquier reducción dependerá de la volatilidad del petróleo.

Desde el punto de vista técnico, la mezcla E10 -que se incorporaría tanto en las gasolinas de 91 como de 95 octanos- está ampliamente probada. Más de 60 países aplican mezclas obligatorias de etanol, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, países europeos y latinoamericanos. “Hay más de 60 países donde estas mezclas funcionan bien y no generan problemas en los motores”, indicó.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) aseguró recientemente a este medio que el proyecto de biocombustibles responde a la necesidad de contar con un marco legal claro, ordenado y seguro, que permita su incorporación sin afectar la confiabilidad del sistema energético ni los precios al consumidor, y sin requerir cambios en la flota vehicular existente. “Es una alternativa probada internacionalmente, con beneficios ambientales, económicos y sociales”, afirmó la SNE.

Si bien el proyecto ya cumplió su etapa en el Órgano Ejecutivo, ahora le corresponde a la Asamblea Nacional iniciar su análisis y discusión del proyecto.

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional convocó a un conversatorio para el 15 de enero donde analizará la propuesta, mientras que Azucalpa organizará un encuentro técnico el 21 de enero con expertos internacionales, adelantó Thayer. “Queremos que la población tenga confianza en el proyecto y en el producto”, concluyó Thayer, al invitar a la ciudadanía a respaldar una iniciativa que, según afirmó, beneficiará a la economía, el ambiente y el empleo en el interior del país.