Créditos fiscales bajo investigación: banca panameña rechaza complicidad con el blanqueo

La Superintendencia de Bancos de Panamá se encuentra realizando investigaciones sobre los créditos fiscales que habrían sido utilizados en operaciones irregulares dentro de la Dirección General de Ingreso (DGI), en el marco del denominado caso Pandora, donde se generó una lesión patrimonial contra el Estado por más de $40 millones.

“Estamos ahorita mismo investigando, para ver si se incumplieron algunas normas”, señaló el superintendente Ayón Wong, al precisar que las indagaciones buscan determinar posibles fallas administrativas y verificar el cumplimiento de los controles internos establecidos en la normativa bancaria.

El superintendente explicó que las sanciones más comunes en el sector —que rondan los $8 millones— están relacionadas con deficiencias en la debida diligencia y en el seguimiento de los perfiles de clientes, lo que genera movimientos no previstos y expone a las entidades a riesgos de lavado de capitales.

Ayón Wong subrayó que la labor de la Superintendencia se centra en supervisar los controles administrativos, mientras que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público tienen competencias en la investigación penal de los casos de alto perfil.

Las declaraciones del superintendente se dieron en el contexto de la inauguración del XXX Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que se convirtió en un escenario clave para reafirmar el compromiso del sistema financiero panameño en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

En medio de un contexto marcado por investigaciones de alto perfil, como el caso Pandora, Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, defendió que los bancos no son cómplices de la corrupción ni del lavado de dinero, sino colaboradores esenciales de la justicia.

“Los bancos son el primer y más eficaz colaborador de la justicia y el eslabón más fuerte en la lucha para prevenir el abuso del sistema”, afirmó.

Berguido reconoció que el sistema no es infalible y que las organizaciones criminales siempre buscan ir un paso adelante, pero subrayó que la banca panameña ha demostrado capacidad de adaptación y compromiso técnico.

Aseguró que la labor de los oficiales de cumplimiento y equipos de prevención, cuyo trabajo muchas veces se desarrolla lejos de los reflectores. “Cada alerta revisada, cada expediente actualizado y cada reporte elevado a la autoridad representa una barrera frente al uso indebido del sistema”, señaló, insistiendo en que la banca es parte de la solución y no del problema.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comentó que Panamá está construyendo su futuro sobre la base de confianza en su economía, instituciones y capacidad para cumplir con estándares internacionales, protegiendo al mismo tiempo nuestra competitividad.

Chapman recordó que Panamá logró salir de las listas de alto riesgo de GAFI y la Unión Europea, pero advirtió que el reto ahora es demostrar la efectividad de las reformas y mantener resultados sostenibles.

“Salir de una lista no significa que el trabajo terminó. El reto es demostrar que las instituciones funcionan y que los resultados son permanentes”, señaló, al anunciar que el país se prepara para la quinta ronda de evaluaciones internacionales.

El ministro también destacó la aprobación de la Ley 526 de mayo de 2026, que incorporó al Código Penal reglas de justicia económica para garantizar que las estructuras que se beneficien del régimen fiscal panameño respondan a una actividad económica lícita y con sustancia real. “Queremos limpiar definitivamente el nombre de Panamá y demostrar con hechos que estamos comprometidos con la transparencia fiscal y financiera”, concluyó.

La banca panameña aclaró que no son un obstáculo, sino un aliado en la lucha contra el blanqueo de capitales, en un contexto donde casos como Pandora ponen a prueba la credibilidad del sistema.

Sin embargo, el caso Pandora llevó al MEF a introducir cambios en el sistema e-Tax, con el fin de reforzar los mecanismos de control y evitar que los créditos fiscales sean utilizados para fines ilícitos, toda vez que la trama estaba conformado por una presunta organización de funcionarios de la DGI y particulares.

El grupo habría eliminado o alterado dentro del e-Tax cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos.

El objetivo, según la Fiscalía, era hacer aparecer esos recursos como pagos no aplicados y convertirlos posteriormente en créditos fiscales.

Hasta el momento hay 17 personas imputadas, pero se estima que la cifra podría aumentar eventualmente hasta 20 o más personas.

La Fiscalía busca demostrar que se trata de una estructura coordinada en múltiples niveles.

Recientemente, el banco BAC Panamá anunció que tomó la decisión por iniciativa propia de incorporarse al proceso penal de la Operación Pandora para aportar directamente a las autoridades la trazabilidad y documentación de sus operaciones.

La respuesta llega después de que un informe del MEF reveló en 2025 cómo se habrían generado millones de dólares en créditos fiscales ilegítimos en la Dirección General de Ingresos, que luego habrían sido traspasados a sociedades y finalmente vendidos por dinero real a entidades bancarias, principalmente al BAC International Bank.