Criptoactivos y comercio de armas de destrucción masiva, las regulaciones en las que debe avanzar Panamá

La prevención del blanqueo de capitales debe ser un mecanismo basado en estrategias que resulten en datos y no en percepciones.

Con la experiencia de permanecer en la listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), Panamá ha venido implementando una serie de medidas para fortalecer su sistema de prevención de blanqueo de capitales, destacó Sergio Andrés Reyes Díaz, subdirector de Infolaft, empresa especializada en prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

“Hoy veo un escenario de compromiso que posiblemente en el pasado no era tan notable o claro. Hoy la realidad es distinta y veo un compromiso de alto nivel y un país cuyo sistema de prevención de blanqueo evolucionó de forma muy importante en los últimos cinco años”, dijo Díaz a La Estrella de Panamá.

Un escenario que también es importante de cara al futuro para Panamá, según este experto, es avanzar con las regulaciones relacionadas a los criptoactivos y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

“[La regulación de] los criptoactivos será una de las preguntas del próximo examen del Gafi. Mientras que el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva sí es una exigencia, que si bien no afecta mi modo de ver a América Latina, sí que es una norma que se tiene que cumplir”, aseguró.

Díaz manifestó que la erradicación del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva tiene mucha relación con la ley de extinción de dominio, ya que es una norma con acción real y ya muchos países de América Latina la tienen implementada. “De esta forma, las autoridades tienen las herramientas para afectar de manera rápida y oportuna los activos de las organizaciones y estructuras criminales”, dijo.

¿Qué acciones ha tomado Panamá? En 2021, el ministro de Seguridad Pública (Minseg), Juan Manuel Pino, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 625 “que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos”, con lo que se busca tener una herramienta jurídica de persecución del crimen organizado y el narcotráfico, y cómo poder llegar a esos bienes producto de las actividades delictivas. La iniciativa ha presentado muchos altibajos. Incluso críticas de políticos que consideran que la norma podría ser utilizada para armar persecuciones contra opositores.

Después de una larga batalla, en el pasado mes agosto el Consejo de Gabinete autorizó la presentación ante la Asamblea Nacional del nuevo proyecto de ley de la extinción de dominio sobre bienes relacionados con actividades ilícitas.

La propuesta que será llevada al Legislativo incluye varios cambios a la anterior iniciativa que fue archivada por los diputados, entre estos se especifican los delitos que serían investigados con esta ley: blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo, trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita para delinquir. La iniciativa tiene entre sus características la declaración ilícita de los bienes, por lo que tiene un carácter in rem, es decir, no va contra la persona.

Para el experto, es comprensible el temor que tienen los empresarios y el sector público respecto a la figura de una ley de extinción de dominio, que es “muy agresiva”. Sin embargo, rescató que el proyecto de ley que busca nuevamente impulsar Panamá, tanto en su versión anterior como la nueva, mantiene la figura del “tercero de buena fe”, que es una opción que le permitiría al empresario mostrar que fue diligente en la realización de sus negocios. “Con esta alternativa no hay porqué tener temores frente a la extinción de dominio”, dijo.

Con el escenario que vive Panamá, Díaz defendió que la ley de extinción de dominio es más una exigencia internacional que se está aplicando y no obedece, desde el punto de vista técnico, a persecuciones de ningún tipo.

Estas mismas percepciones generalizadas, dijo, son las que también existen en torno a los criptoactivos, en la que se habla de altos riesgos, pero los datos muestran que es uno de los sectores con menos investigaciones, casos o condenas, en comparación con los que históricamente sí dominan estos temas: narcotráfico y lavado de dinero, por mencionar algunos.

“Cuando uno profundiza en los criptoactivos se da cuenta de que todo queda registrado en una cadena de bloques y nada queda como un secreto. Por un lado, la información de las transacciones sí quedan registradas y, por otro lado, los proveedores de servicios de activos virtuales están en capacidad de identificar quién es el originario de una transacción bitcoin y quién la recibe”, señaló Díaz.

“Hay claramente unos proveedores de servicios virtuales que tienen mayores riesgos y sobre eso debería sentarse el control, y no generalizar y cerrar la puerta a este mercado que a mi modo de ver tiene potencialidades muy importantes de desarrollo económico para América Latina”, añadió.

Para este experto, darle un reconocimiento jurídico a esta actividad no implica solo poner a tributar a los que están involucrados en estos mercados, sino además supervisarlos.

Recordó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) defiende el principio de misma actividad, mismos riesgos y misma supervisión. Sobre este tema, dijo, el organismo emitió una guía de regulación de criptoactivos, en la que sugiere, básicamente, que los países tienen dos caminos: regularizar la actividad y ponerle una supervisión o establecer una prohibición. Hace también un llamado a la no discriminación del sector.

Entre los países que han avanzando en una regulación se encuentran Argentina, Chile y Brasil. Mientras que Colombia hace dos meses casi regula el sector, pero la iniciativa fue rechazada en el último debate; mientras que en Panamá, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inexequible todo el proyecto de ley que regula el uso de criptomonedas. La decisión fue plasmada en el edicto 835, que fue publicado el 14 de julio de 2023.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, envió a la Corte en enero el proyecto de ley 697 de 2021, que regula la comercialización y uso de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales y dicta otras disposiciones, para que esta instancia del Estado decida lo que corresponda.

El Ejecutivo objetó, por inexequible y por razones de fondo, los artículos 34 y 36; y por razones de forma, la totalidad del proyecto de ley. Entre las consideraciones que hizo el Ejecutivo al objetar el proyecto de ley remitido a la Asamblea Nacional se precisa que la iniciativa legislativa requiere “adecuación” a las normas que regulan el sistema financiero y el modelo monetario panameño.

Rodrigo Icaza, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá, en una entrevista con La Estrella de Panamá explicó que este tema en la CSJ va a tomar algún tiempo por la carga administrativa y de funciones propias de la entidad, que provocarán una espera del fallo entre meses o algunos años.

Pese a esta línea de tiempo, Icaza reconoció que no le sorprendería si la CSJ en función del proceso jurídico y con el debido proceso falle como “constitucional”, precisamente por temas de forma y fondo de cómo impacta el contenido de ese proyecto de ley a todo el sistema administrativo de Panamá.

“Con una ley de criptoactivos, Panamá se posicionaría con ventajas en la región por el hecho de contar con un sistema [financiero] robusto, además de que se extrapolaría en cuanto a conocimiento, mayor interacción y el sistema financiero daría un gran paso. No obstante, todo esto trae retos, porque los bancos o las financieras deberán actualizar su sistema hacia una transformación digital. No he visto ningún país que sea referente en materia digital, en este renglón, como lo pudiera ser Panamá, pese a que hay países más amigables en temas como apertura de cuentas bancarias o impuestos, pero Panamá tiene mucho potencial por cómo se ha desarrollado en este tema”, destacó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá.

Díaz recalcó que los criptoactivos son una tendencia que cada día crece más. Cree que “América Latina tiene la capacidad importante de crecer y generar millonarios recursos en este sector, con la debida regulación”.