Criptomonedas en Panamá, de vuelta el debate

Durante la pasada administración gubernamental, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley por medio del cual, se pretendía legalizar la circulación y el uso de criptomonedas en la República de Panamá, este proyecto de ley fue vetado por el presidente Cortizo y la Asamblea no insistió en su aprobación, dando fin a este primer esfuerzo para permitir el uso de monedas digitales en nuestro país. Nuevamente, la Asamblea Nacional a través del Proyecto de Ley No. 247 presentado por el Diputado Suplente Gabriel Solís, pretende realizar un segundo esfuerzo para permitir el uso de criptoactivos de forma legal en nuestro país. Como quiera que parece que Panamá es un país Sui Generis para darle las vueltas a las cosas y a pesar del rechazo del primer esfuerzo, se puede observar que sin ningún marco legal que lo avale, un banco con el apoyo de la Superintendencia de Bancos, realiza operaciones con criptoactivos, se han establecido máquinas de adquisición de criptomonedas en diferentes puntos de la capital y últimamente, la Alcaldía de Panamá ha anunciado que aceptará pagos de tributos utilizando este mecanismo.

Aun cuando en el artículo “Criptomonedas en Panamá, el Dorado o el Oropel”, publicado en la Estrella de Panamá el lunes 30 de mayo del 2022, señalábamos los riesgos de exponer tanto al Estado como a los ciudadanos a la utilización de estos mecanismos de pago, consideramos prudente revisar nuevamente los aspectos principales de lo propuesto en el proyecto de ley 247, así como diferentes hechos que han comprobado los riesgos advertidos.

En primer lugar, el proyecto de ley propone la creación de un organismo denominado “Consejo Nacional de Activos Digitales (CONAD) el cual se ha de encargar de “coordinar la regulación y supervisión de los criptoactivos” y ademàs de un “Comité Interinstitucional para la Supervisión de Activos Digitales” (CISAD).

Estas propuestas ignoran que ante la ausencia de un Banco Central, la función de dirigir la política monetaria de Panamá recae en el Ministerio de Economìa y Finanzas y que la entidad que le corresponde regular todo lo relacionado con la emisión y negociación de valores de todo tipo en nuestro país es la Superintendencia del Mercado de Valores, por lo que la creación de nuevos entes gubernamentales para realizar funciones que ya le corresponden a instituciones existentes sólo habría de contribuir a aumentar la burocracia estatal en un momento crítico para las Finanzas Pùblicas agobiadas por un creciente déficit fiscal, el cual se empeoraría con la suma de nuevos gastos públicos, peor aún sin tener mayor sentido.

Adicionalmente, se continúa con la perniciosa práctica de buscar “promover” el establecimiento de empresas en Panamá a través de exoneraciones fiscales temporales y permanentes a través de la creación de “Zonas Económicas Digitales” y de regímenes fiscales y tributarios “especiales”, en tanto que los empresarios nacionales con larga trayectoria de operación y generación de empleos se ven obligados a pagar todos los tributos establecidos.

Tanto la propuesta de ley como la intención del Municipio de Panamá de aceptar estos medios de pago ignoran asuntos fundamentales que tuvimos a bien plantear en el artículo anterior como son en primer lugar, que para que una moneda sea considerada como tal, debe tener un valor los más estable posible de manera que se puedan realizar transacciones a mediano y a largo plazo sin variaciones bruscas que afecten su valor.

Siendo esto así, los fondos públicos no pueden estar valuados en activos altamente inestables que en algún momento pudieran mostrar de forma coyuntural importantes beneficios, pero que igualmente tienden a desplomarse en los momentos menos esperados arrastrando a sus poseedores a grandes pérdidas, en este caso, ocasionando importantes afectaciones al Tesoro Nacional.

Adicionalmente, el proponente de este proyecto, pasa por alto los esfuerzos que nuestro país ha realizado para identificar el origen y el destino final del dinero que entra y sale de nuestro país para prevenir el blanqueo de capitales y así poder salir de las múltiples listas discriminatorias en la cual nos encontramos al proponer el uso de una moneda digital que se caracteriza precisamente por la prácticamente imposibilidad de rastrear tanto su origen como su destino, permitiendo así que unas criptomonedas que se utilicen para pagar un tributo municipal o nacional, se hayan podido obtener a través de algún secuestro de personas, del hackeo de cuentas de empresas o de cualquier otro sinnúmero de delitos, aunque el proyecto diga que se va a garantizar la trazabilidad de estos criptoactivos, es altamente comprobado que no lo pueden garantizar.

Atendiendo las razones antes señaladas que desvirtúan el uso de criptomonedas más allá del interés de especular con ellas, el Fondo Monetario Internacional en una negociación por más de 1,400 millones de dólares con el gobierno de El Salvador, que se había promovido como la meca de los criptoactivos, y atendiendo a los motivos que hemos expuesto, le exigió a este gobierno que dejara de establecer a las criptomonedas como monedas de curso legal y que además prohibiera que se pagaran los tributos usando los Bitcons.

Según datos del diario El Litoral de El Salvador, después de cuatro años, sólo el 8 % de los salvadoreños utilizaban el Bitcoin como moneda oficial y proyectos emblemáticos como Bitcoin City, nunca se materializaron.Se espera que la Asamblea Nacional no caiga en el mismo de error del proyecto anterior aprobando un nuevo proyecto que solo por estar buscando copiar la moda del mundo digital, exponga a los ciudadanos panameños y al propio Gobierno Nacional que podrían caer en las manos de expertos digitales inescrupulosos que pudieran aprovechar su manejo de estos activos y así repetir las operaciones que defraudaron por ejemplo a miles de inversionistas Argentinos por la adquisición de la criptomoneda Libra promovida por el Presidente Milei lo que les ocasionó pérdidas de cientos de millones de dólares.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas debe cumplir su rol de salvaguarda de los recursos del Estado y de protección de los ciudadanos frente a posibles casos de defraudación y hacer valer su voz frente no sólo a posibles situaciones de riesgo que se han advertido, si no también, de casos concretos ya experimentados en otras latitudes.