E10 en pausa final: sector productivo espera luz verde del primer debate después del 30 de enero

El proyecto para implementar la mezcla de bioetanol E10 en las gasolinas entra en una fase decisiva. Productores agrícolas, industriales, autoridades energéticas, el sector automotriz y organismos internacionales coinciden en que el inicio del primer debate legislativo, previsto después del 30 de enero, marcará el punto de inflexión para que Panamá pueda pasar del consenso técnico a la ejecución del programa.

Durante el conversatorio sobre bioetanol organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), los distintos actores subrayaron que el proyecto ya cuenta con respaldo técnico, experiencia internacional y alineación sectorial, pero que requiere reglas claras y certidumbre jurídica para activar inversiones, ciclos agrícolas y decisiones logísticas.

La directora ejecutiva de Azucalpa, Cristina Thayer, destacó que el encuentro reunió a todos los eslabones de la cadena: producción nacional, productores independientes, distribuidores de vehículos, terminales de almacenamiento y estaciones de combustible. Según explicó, existe consenso en que el E10 es un proyecto país viable, pero que su avance inmediato depende del marco legal.

Thayer recordó que el proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, a la espera de ser agendado para primer debate, lo que se prevé ocurra después del foro legislativo del 30 de enero en Aguadulce. Para el sector, ese paso es clave para poder enlazar la actual zafra con la planificación de siembra de semillas y preparar el inicio del programa el próximo año.

Actualmente, la zafra en curso está dedicada exclusivamente a la producción de azúcar, con 22,000 hectáreas de cultivo a nivel nacional, cifras similares a las del año anterior. De aprobarse el proyecto a tiempo, permitiría comenzar la siembra destinada al etanol y preparar el ciclo productivo con anticipación. “Nosotros necesitamos prepararnos y mientras más rápido podamos sacar el proyecto, más pronto podemos iniciar el proyecto a nivel nacional y entonces incluso colaborar con productores independientes para poder avanzar el proyecto”, afirmó Thayer.

Thayer también subrayó la importancia del acompañamiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), cuyo apoyo técnico ha sido fundamental tanto para la Secretaría Nacional de Energía como para los productores independientes, no solo en la etapa inicial, sino como respaldo de largo plazo.

Por su parte, el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, explicó que el conversatorio tuvo como objetivo exponer los beneficios del programa y desmontar mitos en torno al bioetanol. Recordó que intentos anteriores, como el marco de la Ley 49 de 2011, no prosperaron porque “no establecían reglas suficientemente claras para la producción nacional”.

El nuevo proyecto de ley, actualmente en trámite, busca precisamente resolver ese vacío, creando un marco que permita desarrollar el bioetanol anhidro con reglas transparentes y previsibles.

Entre los beneficios, destacó el impacto económico de las inversiones necesarias tanto en producción como en infraestructura de almacenamiento y mezcla, así como la retención de divisas: el dinero que hoy se destina a importar gasolina podría permanecer en la economía local al desarrollarse una producción nacional.

Además, se estiman hasta 30,000 empleos, entre 9,000 y 10,000 directos, con un fuerte impacto social en zonas rurales. El secretario subrayó que, más allá de los cuatro ingenios, existen 320 productores de caña a nivel nacional, lo que amplía el alcance del programa.

En un contexto de volatilidad geopolítica y energética internacional, el bioetanol también aportaría mayor estabilidad a la mezcla de combustibles, un factor que Panamá no controla desde el mercado internacional, pero que puede mitigar con producción local.

El presidente del SIP, Rosmer Jurado, por su lado, señaló que el sector industrial apoya el proyecto, consciente de que su implementación será gradual. En una primera etapa, será necesario importar etanol mientras se desarrollan los cultivos y se construye la capacidad instalada para la destilación.

Sin embargo, enfatizó que el precio internacional del etanol se encuentra actualmente por debajo del de la gasolina, por lo que su incorporación no debería tener un impacto directo en el consumidor final. Para el SIP, la clave está en contar con “seguridad jurídica” que permita justificar las inversiones de largo plazo.

En cuanto a la materia prima, Jurado indicó que la caña de azúcar es la opción más viable para Panamá, dado que ya existe experiencia productiva y condiciones agroindustriales probadas.

Desde el sector agrícola, Patrocinio Saldaña, vocero de los productores independientes de caña, sostuvo que el proyecto es viable siempre que se priorice la producción nacional. Actualmente, los 320 productores independientes cultivan 1.935 hectáreas, con una producción aproximada de 140,000 toneladas de caña.

Saldaña afirmó que el área cultivada podría crecer entre 100 % y 400 %, incorporando nuevos actores, siempre que exista la certeza de que la producción podrá comercializarse. Para los productores, el E10 representa una oportunidad para duplicar ingresos, fortalecer el arraigo rural y mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables, especialmente en las comarcas.

El especialista internacional en biocombustibles del ICA, Agustín Torroba, recordó que el etanol E10 no es una experiencia experimental: 60 países utilizan mezclas de etanol y 30 de ellos aplican el 10%. En América, 11 de 34 países ya lo usan, y el continente produce el 87 % del etanol mundial.

Torroba destacó tres beneficios clave: reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire; dinamización del empleo y la economía regional; y sustitución parcial de importaciones de gasolina, permitiendo que esos recursos permanezcan en el país.

Por su parte, desde el sector automotriz, el gerente de postventa de GAC Motors, Armando Lore, aseguró que los vehículos fabricados desde 2001 en adelante están diseñados para soportar mezclas con etanol incluso superiores al 10 %. En autos anteriores al 2000 se recomienda una revisión periódica de sellos y empaques, pero no existe una incompatibilidad generalizada.

También aclaró que el uso de etanol no afecta la garantía, no incrementa los costos de mantenimiento ni encarece el vehículo, siempre que se cumplan las revisiones preventivas recomendadas por el fabricante.

Con los consensos técnicos ya sobre la mesa, el sector coincide en que el inicio de la discusión, -del Proyecto de Ley 443 que busca incorporar bioetanol al 10 % (E10) en las gasolinas- en primer debate legislativo, para después del 30 de enero, será determinante. De ese paso depende que Panamá pueda activar la planificación agrícola, las inversiones industriales y la transición hacia un programa de bioetanol que, según los expertos, tiene el potencial de convertirse en un motor económico, social y ambiental de largo plazo.