Huecos, baches o alcantarillas sin tapa ponen en riesgo a los conductores que transitan por las deterioradas carreteras de Panamá, bajo lupa con una nueva...




- 21/07/2025 00:00
No es de ahora que la economía panameña se ve mermada en su flujo de efectivo, luego de la irresponsabilidad financiera de la administración gubernamental del período 2019–2024.
Hacia finales de la década de los 80, la crisis política provocó que los ciudadanos guardaran todo el efectivo posible y retrasaran los pagos al Estado como herramienta contra el régimen de turno. Igualmente, los bancos redujeron su exposición, limitando el flujo de dinero hacia sus depositantes.
El régimen no se quedó atrás y ejecutó una serie de medidas como retrasar el pago de las quincenas del funcionario público y realizar pagos con monedas acuñadas para determinada ocasión, debido a que el movimiento de dólares se retrajo enormemente.
Si bien estas medidas, de lado y lado, no forman parte del menú actual, sí lo es la abultadísima deuda pública de ese momento, tal cual hoy está la misma, pero con montos casi que inmanejables.
Retomada la democracia en 1990, el gobierno adopta tres decisiones vitales:
a) Sanear las finanzas públicas
b) Ordenar la deuda externa con organismos multilaterales
c) Lotería fiscal
Una de las máximas del momento era que no se podía gastar un centavo si un centavo no entraba en las arcas del Estado.
En cuanto a la deuda pública, su renegociación bajo el Plan Baker y el Plan Brady, ayudado por un entorno internacional con la mayoría de países latinoamericanos ahogados en deuda, permitió a Panamá una rebaja sustancial en los montos a pagar. Con ello, la senda del crédito internacional se despejó.
La última decisión buscaba el apoyo ciudadano al solicitar este último las facturas de compra, con el objetivo de que, a través del consumo, se captaran recursos por la vía del ITBM e incrementar la mermada recaudación fiscal.
Entre 1994 y 1999 el gobierno adopta cuatro decisiones importantes en materia financiera y comercial:
a) Renegociación de la deuda externa comercial
b) Entrada de Panamá a la OMC (Acuerdo de Marrakech)
c) Reforma tributaria
d) Fondo de Ahorro de Panamá (producto de las privatizaciones)
La reestructuración de la deuda externa comercial coadyuvó a tener un manejo claro y planificado de nuestros compromisos internacionales, y permitía no solo recursos frescos, sino también mejores tasas de interés. Esto lograba que la amortización de la deuda pública fuese cónsona con nuestra realidad fiscal.
En 1997, Panamá se adhiere a la Organización Mundial del Comercio, y parte de su compromiso con los países miembros era facilitar el comercio global. Por ello, la defensa arancelaria del país se redujo sustancialmente.
No contento con ello, el gobierno de ese momento decide bajar mucho más la franja arancelaria y la sitúa con un techo entre 10 % y 15 %, lo cual provocó que la competencia por el mercado interno fuese más difícil, desencadenando compras y cierres de muchas empresas industriales para convertirse en importadores netos.
Casi inmediatamente a estas decisiones, se realiza una reforma tributaria integral, en la cual se eliminaba una gran cantidad de impuestos, mejorando con ello las bases para una mejor recaudación.
El proceso de privatización conlleva la venta a proveedores internacionales del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), lo cual permite el establecimiento de un fondo de inversión producto de dicha venta.
Entre 1999 y 2004 dos hechos importantes a destacar:
a) La operatividad del Canal pasa a manos panameñas
b) Primer diálogo por la Caja del Seguro Social
Ante un escenario internacional muy poco amigable, la entrega de la operación del Canal de Panamá a manos panameñas dio inicio a un cambio sustancial en las finanzas públicas.
Igualmente, le permite al gobierno el mejor aprovechamiento de todos los bienes adquiridos en la reversión, cuyas ventas serían dirigidas al fondo previamente señalado.
Por otro lado, la situación de la CSS, especialmente su sistema de pensiones, genera el primer diálogo nacional para evaluar el estado de dicha entidad, dejando sentadas las bases para su posterior reforma.
Para el período 2004–2009 destacan tres decisiones:
a) Reforma a la CSS
b) Exoneración del ISR
c) Ampliación del Canal de Panamá
Se realiza la primera reforma integral con miras a darle sostenibilidad a la seguridad social panameña, abriendo la posibilidad de cotizar sobre cuentas individuales y cerrar el sistema de beneficio definido (sistema solidario).
El gobierno decide el no cobro del Impuesto Sobre la Renta a personas que ganan hasta $800 mensuales, lo cual merma la recaudación tributaria.
La ampliación del Canal de Panamá inicia un proceso de inversiones estratégicas para el tránsito por la vía y, con ello, mejorar la operatividad y los ingresos derivados de la misma. Parte de estos comienzan a reforzar el Presupuesto General del Estado.
Para la administración 2009–2014 se destaca lo siguiente:
a) Crecimiento económico de doble dígito
b) Aumento de salarios a funcionarios públicos
c) Incremento del ITBMS
d) Revisión de exoneraciones
e) Grado de inversión
La gran cantidad de proyectos de inversión gubernamentales de gran envergadura permitieron que la economía creciera como nunca, permeando hasta las capas más bajas de los estratos sociales.
Esta ventana de gran flujo de efectivo favoreció a que el gobierno aumentara los salarios de la Policía Nacional y de los docentes.
El gobierno decide ajustar en dos puntos hasta el 7 % el ITBMS, con miras a paliar no solo las exoneraciones salariales otorgadas, sino también a revertir la baja recaudación por la vía del consumo de bienes y servicios.
La crítica en torno a la gran cantidad de exoneraciones hace que el gobierno considere ajustar hacia abajo el nivel de exoneración respecto a la energía eléctrica, considerando que la misma debe estar dirigida a los que menos consumen, regulando así el consumo en exceso y focalizando el mismo.
La mejora de nuestras cifras de crecimiento y los ajustes económicos realizados permiten que el gobierno nacional logre un hito sin precedentes: alcanzar el grado de inversión. Esto favorece que la inversión extranjera vea a Panamá como mejor destino, logrando además que el crédito internacional fuese más barato y aliviara la carga del pago a nuestros acreedores.
Para los siguientes dos períodos gubernamentales:
Lo más destacable es el incremento sustancial de la deuda pública, sin los mayores retornos en cuanto a obras de infraestructura se refiere, minando el impacto logrado por las inversiones pasadas. Esto provocó que, de a poco, las entidades calificadoras fuesen restándole peldaños a Panamá en cuanto a su riesgo país, y lo que eso conlleva en cuanto a crecimiento económico.
Todas estas decisiones, en una forma u otra, han condicionado la imagen fiscal con la cual se mide a la República de Panamá, tanto por acreedores como por inversionistas.
Las últimas protestas, tanto por la mina como por la Ley 462, han favorecido para que las finanzas públicas estén en el ojo de la tormenta, dado que el cierre de la misma mermó aún más los ingresos del gobierno. Por el lado de la CSS, el sistema de pensiones requería una reforma que diera luz al mismo, y todo ello repercutía profundamente en el erario público.
Pero no solo eso fue criticado. Parte de la sociedad política y profesional indicaba que se requiere de mayor transparencia en el manejo de la cosa pública, señalando que el “juega vivo” en el pago de impuestos de toda índole podría considerarse un robo a mano armada, incluso bajo preceptos legales.
La elusión y/o la evasión fiscal hacen su aparición en escena como parte del problema a intentar mitigar por la actual administración, luego de que propios y extraños señalasen las enormes sumas de dinero que, de ingresar parte importante al tesoro nacional, no habría necesidad de financiarnos externamente.
De aquí en adelante pasaremos revista al comportamiento de los impuestos recaudados y cómo ellos repercuten en el financiamiento del Estado, sin descuidar la carga que representa para el ciudadano de a pie y los empresarios, tal cual se muestra en el siguiente cuadro.
La presión fiscal sobre el PIB destaca niveles bajos para que el mismo pueda soportar el financiamiento gubernamental, por lo cual se palpa, aun siendo bajo el nivel de los tributos, problemas en su recaudación.
Los jefes de cartera y sus equipos tienen el compromiso de realizar una gestión responsable de sus cargos y, para ello, la primera tarea que los debe guiar es preparar el presupuesto respectivo para consolidar cada uno de ellos en el Presupuesto General del Estado.
El cuadro siguiente, a modo de ejemplo, revela el último año de las últimas administraciones gubernamentales, en cuanto a los ingresos que se estiman para presentar el Presupuesto General del Estado y los ingresos recaudados.
Determinar los gastos es parte importante de esta tarea, ya que el pago de planillas, alquileres, inversiones, etc., son cifras bastante conocidas para la administración de cada dependencia. Pero la estimación global de cómo todo ello será financiado es, en parte, un arte de prestidigitación, ya que dependerá de cómo se comportan las diversas actividades del país.
El cuadro que antecede destaca lo que en su momento fue presupuestado y lo recaudado, acorde con los informes de recaudación y los boletines tributarios de la Dirección General de Ingresos.
La columna de diferencias revela, claramente, el fallo al sobreestimar los ingresos que amparan los gastos previstos en el Presupuesto General del Estado y subestimar los ingresos a ser recaudados.
Esas diferencias son las que, al final, provocan que, interna o externamente, el gobierno se dirija a los mercados para financiar su gestión, sea para gastos operativos o inversión de proyectos.
Esta es parte de la realidad fiscal con la que convive la economía panameña.
Si bien la carga tributaria que soporta el ciudadano de a pie y los empresarios es considerada fuerte, no lo es a los ojos de otras economías, incluso las cercanas a la nuestra, con impuestos más elevados que el ITBMS (o IVA como se le conoce en dichas latitudes). Por otro lado, debe considerarse disminuir las exoneraciones existentes.
Los abultados presupuestos y los problemas de recaudación sacan a relucir posibles problemas de elusión y de evasión fiscal, y esto amerita una evaluación más profunda que, dependiendo de los resultados, podría dirigirse a un ajuste fiscal o una reforma tributaria que elimine los excesos.