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- 30/03/2022 00:00
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Los agentes de la Policía Nacional no han sido provistas de uniformes desde hace más de cinco años, enfrentando problemas de desgaste y deterioro en su vestimenta. Incluso los policías han optado por pagar en grupo sus propios uniformes e implementos, ante la falta de respuestas en la institución.
Ello ha llevado a crear diferencias entre los estamentos de seguridad y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que arbitrariamente decidió someter la compra de los uniformes de todos los estamentos de seguridad al mecanismo de convenio marco, un mecanismo que en el pasado ha sido cuestionado por permitir la discrecionalidad, en lugar de la competencia abierta entre las empresas.
Ello sorprendió a la Policía Nacional, entidad que estaba en proceso de coordinar la compra de sus uniformes a través de una licitación ordinaria, revelaron fuentes oficiales.
La DGCP citó para mañana a la reunión de homologación del acto 2022-1-27-0-99-LM-002667 para establecer el convenio marco por donde se comprarían a futuro los uniformes policiales, entre ellos el de la Policía Nacional, el Senafront, Senan y el SPI.
Se trata de un mecanismo de contrataciones que nunca se había implementado para la compra de los uniformes de los estamentos de seguridad, debido a que se trata de pedidos de artículos e implementos específicos que requieren de tiempo de fabricación y manufactura. Además, se presentan otros elementos como tiempo de vencimiento y expiración de garantía.
“Por eso el convenio marco no es el mecanismo indicado o más viable para este tipo de compras, al igual que sucede en la compra de medicamentos, equipos electrónicos y personales”, señaló una fuente.
También se debe considerar que los artículos de uso policial exclusivo requieren de permisos internacionales para su importación, lo cual alteraría totalmente el propósito del convenio marco que es agilizar entregas, dijo un fuente vinculada a los estamentos de seguridad.
Pero la DGCP no hizo las consultas pertinentes y fue más allá. La entidad estableció en las especificaciones de los uniformes de la Policía Nacional el uso obligatorio de la marca 5.11., representada en el país por la empresa 5.11 Panamá S.R.L., cuyos apoderados son Francisco Morales y John Fairbank Wicks. Es la misma empresa contratada directamente en la administración Varela y el exdirector de la Policía Nacional Omar Pinzón para varias compras millonarias de uniformes que acumularon más de $21 millones.
En ese entonces, 5.11 panamá S.R.L. era representada por la sociedad Asia Latin Store, ligada a Tony NG de ascendencia asiática, que en febrero de 2020 fue detenido por un supuesto caso de narcotráfico. Se desconoce si en la actualidad 5.11 Panamá sigue siendo representada por Asia Latin Store, denominación comercial de la sociedad Royal Holding Group. A Tony NG se le imputaron cargos por blanqueo de capitales. Su nombre aparece en numerosas sociedades anónimas, dijo el fiscal Raúl De La Torre, “hay más sociedades, más dinero y vamos avanzando”, indicó el entonces fiscal de Drogas Miguel Gallardo.
Ahora la DGCP, dirigida por Raphael Fuentes, intenta renovar la vestimenta de todos los estamentos de seguridad, pero con especificaciones que favorecen a una empresa o marca. Sin consultar a las entidades de seguridad, la DGCP ni siquiera disimuló su posible favoritismo por 5.11 y utilizó sus artículos como recomendación para los uniformes que se comprarían por el convenio marco que se quiere imponer.
Por ejemplo, para el renglón 14 de los más de 200 que se crearían, la DGCP estableció en el pliego de condiciones que recomienda a “5.11 para bordado tono a tono con el acrónimo PNP. Bordado de 3 cuartos alto por 2 1/8 ancho, colocado sobre solapa del bolsillo tipo cargo de la pierna izquierda en tipografía Arial”. Igual especificación de 5.11 pidió para los uniformes de patrullaje de los Linces.
La DGCP intentó corregir su pliego para evitar impugnaciones a través de una adenda donde se quitó el nombre de 5.11, pero el resto de la especificación quedó igual aun favoreciendo a la marca.