Gobierno detalla el costo de mantener el subsidio del combustible tras conflicto del Medio Oriente

En medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el Gobierno de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional los detalles de su estrategia para financiar el nuevo programa de subsidio al combustible, que podrían poner presión en su política fiscal.

El ministro encargado de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, compareció este jueves ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional donde le fue aprobado un traslado de partida por el orden de $30 millones para cubrir la primera fase de estabilización temporal del precio por galón de gasolina de 91 octanos y diésel.

Durante la sustentación, Fernández señaló que los $30 millones fueron establecidos mediante la Resolución de Gabinete 20-2026, con un fondo inicial de $100 millones.

Los recursos, dijo, provienen de ahorros en el servicio de la deuda, logrados tras operaciones de refinanciamiento y cancelaciones anticipadas de bonos que redujeron el costo de intereses. “No estamos dejando de pagar la deuda, estamos utilizando los ahorros generados por la reducción de tasas”, enfatizó Fernández.

El subsidio cubrirá gasolina de 91 y 95 octanos y diésel, beneficiando en su primera fase a unos 45.000 vehículos del transporte selectivo y colectivo. Según Fernández, el costo semanal estimado es de $4.2 millones, con topes de consumo definidos para cada tipo de transporte. En fases posteriores se incluirán la pesca artesanal, el transporte de carga de alimentos y eventualmente la maquinaria agrícola, sectores clave para la cadena de suministro y la seguridad alimentaria.

En el proceso de debate, varios diputados expresaron preocupación por el manejo de la deuda pública y el impacto que podría tener en el perfil crediticio del país.

Manuel Samaniego insistió en que el sector agropecuario debía ser incluido, señalando que tractores y maquinaria agrícola también dependen del combustible subsidiado.

Mientras que Benicio Robinson cuestionó que se utilicen partidas de deuda para financiar subsidios, pidiendo claridad sobre cuánto ahorro real se generará de los $8,800 millones presupuestados para el servicio de la deuda.

Por su parte, Neftalí Zamora advirtió que la medida es paliativa y que se requiere una reforma estructural de la Ley de Transporte Público para garantizar transparencia y sostenibilidad. “No debe ser solo una curita, necesitamos una reforma de fondo que permita un sistema más justo y eficiente”, señaló.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se refirió al tema y exhortó a los transportistas a inscribirse en la plataforma Panamá Conecta para acceder al subsidio: “No hay excusa, el que no se inscribe no quiere. Me preocupa escuchar que no se está haciendo nada cuando hacemos lo que se puede hacer, que es mantener un subsidio temporal para que el precio de la comida, el transporte, la pesca y sus productos no suban de precios”.

Mulino reconoció que “mantener las tarifas implica un esfuerzo fiscal gigante todos los días y todos los meses, mientras dure una crisis mundial que no avizora un final próximo. El Estado compensa la diferencia entre lo que realmente vale y lo que se paga en favor de los usuarios y demás sectores de la población”, añadió.

Con la Resolución N.24-26, el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá topes a los precios de los combustibles: $3.33 por galón ($0.88 por litro) de gasolina de 91 octanos y $3.41 por galón ($0.90 por litro) de diésel bajo en azufre. La medida tendrá una vigencia de hasta 10 meses.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, explicó que se trata de una medida temporal que implica un aporte adicional de $15 millones mensuales, sin afectar el presupuesto de inversión. Reiteró que se mantienen los subsidios al Metro y al Metrobús, así como al gas de cocina y la tarifa eléctrica, y que ahora se suma un apoyo directo a la pesca artesanal.

El director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, informó que el programa ya registra avances significativos a un día de su implementación. Según detalló, se han realizado más de 33 mil despachos de combustible subsidiado y al menos 33,289 vehículos han sido aprobados tras completar el proceso de registro en la plataforma Panamá Conecta.

Durante su intervención, Fausto Fernández señaló que el programa de subsidio al combustible no debería alterar de manera significativa las proyecciones de crecimiento económico ni el perfil crediticio del país.

Explicó que los recursos provienen de ahorros en el servicio de la deuda, producto de operaciones de refinanciamiento que redujeron los intereses de bonos de largo plazo. Agregó que esto significa que el gasto en subsidios se compensa con menores pagos de deuda, manteniendo un impacto fiscal neutro: “El efecto en el déficit es de cero, porque lo que ahorramos en intereses lo estamos utilizando para financiar el programa”, dijo.

Sobre el PIB y las perspectivas de crecimiento, el ministro encargado del MEF aclaró que el subsidio busca precisamente evitar un efecto negativo en la economía interna. Al contener el alza de los combustibles, dijo, se protege el costo del transporte público, la cadena de suministro de alimentos y la pesca artesanal, sectores que tienen un efecto directo en la inflación y en el consumo de los hogares.

En sus palabras, el objetivo es “mantener la estabilidad de los precios básicos para que el crecimiento económico no se vea erosionado por la crisis externa”.

En cuanto al perfil crediticio de Panamá, Fernández recordó que la reciente ratificación del grado de inversión por parte de Standard & Poor’s fue resultado de las reformas fiscales y de la estrategia de manejo de deuda. Señaló que las operaciones de canje y pago anticipado de bonos han reducido el costo promedio de financiamiento, lo que fortalece la posición del país ante los mercados internacionales. “No estamos improvisando ni debilitando la credibilidad financiera; al contrario, estamos aprovechando las condiciones favorables para mejorar nuestro perfil de riesgo”, subrayó.

El ministro adelantó que el Gobierno evalúa alternativas fiscales en caso de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue por los próximos diez meses. Entre ellas, detalló ajustes en la programación de deuda, coordinación con la Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco) para evitar abusos en estaciones de combustible y posibles ampliaciones del programa hacia sectores productivos estratégicos.