Panamá buscará aprobar ley de sustancia económica para salir de lista de la UE

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que evalúa convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional (AN) para discutir el proyecto de ley sobre sustancia económica, considerado clave para que Panamá logre salir de las listas de supervisión de la Unión Europea (UE).

El mandatario explicó que, aunque existen varias iniciativas pendientes, esta en particular es prioritaria debido a que la UE fijó octubre como fecha límite para evaluar el cumplimiento del país en esta materia.

“Estaré viendo si pido alguna sesión extraordinaria en la AN. Hay proyectos de leyes que todavía no sé si se logren aprobar antes que culmine el periodo en abril, pero hay una en particular que sí es fundamental, que es la ley de sustancia económica para poder salir de la valoración en positivo de la comunidad europea en octubre, y esa ley la tenemos que pasar para sacar al país de esa lista”, expresó.

Mulino adelantó que el anuncio oficial se realizará el próximo martes y que ya conversó con el presidente de la AN sobre la importancia de este proyecto. “Si bien las demás son importantes, esta es más importante porque tiene fecha de cumpleaños en octubre por la UE, pero lo anunciaré en el tiempo que corresponde”, puntualizó.

La discusión sobre la ley de sustancia económica ha generado diversas reacciones en el ámbito jurídico y económico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está proponiendo cambios al Código Fiscal que cobrarían impuestos a empresas multinacionales y podrían afectar el sistema de renta territorial panameño.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño Vásquez, confirmó que el gremio ha participado en mesas de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque aún no conocen la versión final del proyecto. “Nosotros vamos a esperar que se presente y tenemos que dar algunas observaciones al respecto. En realidad, el proyecto no debe llevar de ninguna manera el cambio de la metodología del cobro de impuestos, que nosotros tenemos impuesto territorial.”, señaló.

Cedeño advirtió que, de no aprobarse la iniciativa en el calendario previsto, Panamá corre el riesgo de mantenerse en las listas discriminatorias de la UE. “La próxima inspección entiendo que debe verificarse en octubre. El Ejecutivo tiene entre sus planes lograr alguna aprobación antes de esa fecha, pero nosotros nos mantendremos en la posición de que, dependiendo cómo venga ese proyecto, haremos los análisis correspondientes y fijaremos la opinión del gremio”, agregó.

El exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, también se refirió al tema y coincidió en la importancia de la ley, aunque subrayó que su alcance debe estar claramente delimitado para no afectar la actividad económica legítima en el país. “Es una ley necesaria, importante para poder salir de las listas grises de la UE. Lo que previene la ley es evitar que se utilice Panamá como una plaza para evadir impuestos en otros países. Sin embargo, hay que ver el texto final para que no afecte operaciones reales de empresas que sí generan actividad económica desde Panamá”, indicó.

Aramburú recordó que el principio de territorialidad debe mantenerse intacto. “Las rentas generadas fuera de Panamá deben ser exentas. Ese principio no debe alterarse. Lo que sí se está incluyendo es el elemento de que las personas que generen rentas fuera de Panamá tengan una operación real desde el país, no simplemente sociedades de papel”, explicó.

El exministro advirtió que la ley tiene “muchas aristas” y que, si no se define con precisión, podría impactar negativamente a sociedades panameñas legítimas que mantienen inversiones en el exterior. “Sabemos que va a afectar en alguna medida sociedades que están inscritas en Panamá y que van a tener que pagar impuestos si no tienen una actividad real en la economía. La ley es importante, pero debemos tener mucho cuidado de que no se afecte el principio de territorialidad.

Aramburú mencionó que aquellas empresas multinacionales que tienen rentas pasivas, como dividendos o alquileres, y que no tienen sustancia económica, van a ser gravadas. Sin embargo, explicó que ‘se debe excluir a las empresas panameñas locales, tanto personas jurídicas como naturales, que pueden tener sociedades con inversiones y rentas pasivas en Panamá o en el exterior y que no deberían ser afectadas por la ley’.