Una votación sin sorpresas redefine el Tribunal Electoral

Desde mucho antes de que se abriera la lista para registrar los votos, el nombre de Jaime Miguel Barroso Pinto ya estaba instalado en el ambiente político.

No era una predicción arriesgada ni una apuesta incierta. Era, más bien, una certeza que se repetía en voz baja en los pasillos de la Asamblea Nacional, en conversaciones entre asesores y en los cálculos de las bancadas.

La sesión plenaria, en ese sentido, no comenzó con suspenso. Comenzó con confirmación.

Aun así, el ritual democrático se cumplió en toda su extensión. Discursos, argumentos, advertencias y llamados a la conciencia. Cada intervención parecía querer dejar constancia, más que cambiar el resultado.

El tema no era menor. Elegir a un magistrado del Tribunal Electoral (TE) implica decidir quién tendrá en sus manos una parte esencial del equilibrio democrático del país: la organización de elecciones, la garantía del voto y la custodia de la voluntad popular.

Pero en esta ocasión, el trasfondo iba más allá. También se leía en clave política, en un momento en el que el gobierno de José Raúl Mulino consolida correlaciones de fuerza en la Asamblea y en instituciones clave del Estado.

El proceso arrancó formalmente con la postulación de Alfredo Juncá Wendehake por parte de la diputada Grace Hernández, quien defendió la continuidad como un factor determinante en la estabilidad del Tribunal Electoral.

Hernández destacó la trayectoria de Juncá al frente de procesos electorales recientes, su papel en la modernización tecnológica del organismo y su desempeño en momentos críticos como la pandemia. En su intervención, insistió en que el país atraviesa una etapa que requiere experiencia acumulada, liderazgo y conocimiento interno de la institución.

Su mensaje no solo fue una defensa de un candidato, sino de una visión: la continuidad como garantía de estabilidad en un sistema electoral bajo presión.

En contraste, el diputado Eliecer Castrellón, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Popular, presentó la candidatura de Jaime Miguel Barroso Pinto, marcando una apuesta por la renovación con base en la experiencia jurídica y administrativa.

Durante su intervención, Castrellón subrayó que la designación de un magistrado del Tribunal Electoral constituye una de las responsabilidades más delicadas del Legislativo, al tratarse de una figura clave para garantizar la legalidad electoral, la pureza del sufragio y el respeto a la voluntad popular.

Cuando llegó el momento decisivo, el resultado confirmó lo que ya se anticipaba: Barroso obtuvo 52 votos, mientras que Juncá alcanzó apenas 18.

La diferencia no solo fue amplia; fue políticamente reveladora. Los partidos tradicionales mostraron una disciplina de voto casi absoluta a favor de Barroso. Las bancadas de Realizando Metas, Cambio Democrático y el Partido Panameñista, junto con la bancada Mixta, se alinearon sin mayores fisuras detrás de su candidatura.

La bancada Vamos, que había acordado respaldar a Juncá, terminó evidenciando divisiones internas. Tres de sus diputados —Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego— rompieron la línea y votaron a favor de Barroso.

Ese quiebre, aunque numéricamente no cambió el resultado, sí dejó una señal política: incluso dentro de los bloques que apostaban por la continuidad, la decisión no fue completamente uniforme.

La elección, aunque anunciada, no fue monolítica.

En el pleno, las posiciones se agruparon en dos grandes corrientes.

Por un lado, quienes defendían la continuidad de Juncá lo hacían con un argumento central: la experiencia.

El diputado Ernesto Cedeño lo planteó con claridad. En su visión, el TE necesita una figura que conozca la institución desde adentro, que haya vivido sus procesos, sus tensiones y sus momentos críticos.

Para Cedeño, esa experiencia no es un detalle menor. Es, en realidad, el factor que permite equilibrio dentro de un organismo colegiado con perfiles distintos.

Reconoció los méritos de Barroso. Lo calificó como un candidato “votable”, con trayectoria y solvencia. Pero insistió en que la diferencia no estaba en la calidad general, sino en la especialización electoral.

Del otro lado, el discurso fue más crítico.

El diputado Luis Eduardo Camacho Castro llevó el debate a un terreno más estructural. No se trataba solo de elegir entre dos perfiles, sino de responder a una pregunta de fondo: ¿goza el Tribunal Electoral de la confianza ciudadana?

Su respuesta fue directa.

Planteó que la institución ha perdido credibilidad y que ha dejado de actuar como un árbitro neutral. Habló de presiones externas, de decisiones que han sacado candidatos de la contienda y de inconsistencias en los procesos de conteo.

En ese contexto, la renovación no era opcional. Era necesaria.

Su respaldo a Barroso se construyó sobre esa premisa: la necesidad de abrir una nueva etapa.

En medio de esas dos posiciones, la diputada Yamirles Chong introdujo un matiz distinto.

No centró su intervención en defender a un candidato, sino en advertir sobre el proceso.

Reconoció el valor de los aspirantes que participaron en la convocatoria —24 de ellos incluidos en el informe presentado por la Comisión de Credenciales— y destacó su compromiso cívico.

Pero también señaló lo evidente: el resultado coincidía con lo que ya se anticipaba.

Su mensaje fue claro. Más allá de cómo se llegó al cargo, el nuevo magistrado deberá demostrar independencia, apego a la ley y compromiso ético.

La legitimidad, en este caso, no se agotaba en la votación.

Había que construirla.

El perfil de Barroso

En ese escenario, la figura de Barroso se consolidó como una mezcla de experiencia pública y narrativa de renovación.

No es un desconocido en la administración estatal. Su trayectoria incluye haber sido alcalde de Arraiján, secretario en distintas instituciones y magistrado suplente del Tribunal de Cuentas. Actualmente, se desempeña como fiscal general de Cuentas.

Tampoco es ajeno a la política. Tuvo militancia partidaria en el pasado, aunque renunció en 2019.

Durante su paso por la Comisión de Credenciales, dejó clara su visión: garantizar elecciones “puras, honestas y con resultados indiscutibles”.

Sus propuestas apuntan a reforzar la cadena de custodia de votos y actas, fortalecer el Registro Civil, mejorar la organización electoral y apostar por el uso de tecnología, aunque sin presentarse como un especialista en el área.

En temas sensibles, optó por la cautela. Defendió el fuero penal electoral con límites claros, reconoció la necesidad de aumentar el presupuesto del Tribunal y evitó posiciones definitivas sobre la quema de papeletas.

También respondió a los rumores. Negó ser el candidato de algún grupo de poder y aseguró que su respaldo se basa en su trayectoria y en el apoyo de los diputados.

Pero para entonces, el debate ya no era sobre percepciones, sino sobre votos.

La derrota de Juncá marca el fin de una gestión que fue defendida por su experiencia y cuestionada por su impacto en la confianza institucional.

Sus partidarios destacaron su papel en la modernización del Tribunal Electoral, su manejo de procesos complejos y su continuidad en momentos críticos como la pandemia.

Sus detractores, en cambio, lo vincularon a los cuestionamientos que hoy pesan sobre la institución.

La votación dejó claro cuál de esas lecturas prevaleció en el pleno.

Junto a Barroso, también fue electo su suplente, Gilberto Estrada, quien obtuvo 62 votos frente a los 4 alcanzados por Javier Ordinola. A partir de enero, el Tribunal Electoral queda conformado por, además de Barroso, Luis Guerra Morales y Narciso Arellano.