Icaza: ‘Reubicación de familias, sin fórmulas únicas’

El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, expresó que “no había soluciones generales” para la reubicación de las familias que serán impactadas por el proyecto de Río Indio, pues la logística deberá responder a las necesidades particulares de cada hogar.

La propuesta de reasentamiento, de acuerdo con Icaza, “garantizará los derechos humanos de los panameños”. La información preliminar compartida por el ministro apunta a 2.500 personas, es decir, unas 500 familias que deberían trasladar su vivienda. Las cifras responden a un censo socioeconómico donde participó 85 % de los lugareños, cuyo objetivo es recabar información sobre sus condiciones de vida.

“Nos encontramos culminando el proceso de tabulación del censo para, posteriormente, iniciar el diálogo y tener un pleno entendimiento de las condiciones de vida de cada panameño antes de conversar con las comunidades y los distintos grupos de interés, y así continuar en esta parte tan importante, que es la agenda social del proyecto”, expresó Icaza.

La reubicación de esta población podría tomar años, según la subadministradora y oficial de sostenibilidad de la entidad, Ilya Espino de Marotta, que estima un periodo de cuatro años para dicha gestión, el mismo tiempo que se requiere para la construcción de un embalse.

“No hemos identificado el lugar, porque queremos ubicarlo con ellos. El reasentamiento va a durar años. El Canal de Panamá tiene que adquirir la nueva tierra para que las familias se reasienten y se les debe dar su título de propiedad, construir las viviendas y devolverles sus medios de vida”, manifestó.

En el reciente mes de junio, Marotta presentó el proyecto y calculó una fecha de inicio entre los próximos 6 a 10 meses, pronosticando una adjudicación de la obra a principios de 2027.

Pese a los diferentes beneficios económicos que el proyecto representaría, según la ACP, el 85 % de los moradores expresó su oposición de acuerdo con una encuesta de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, realizada el pasado 7 de mayo.

“Este es el problema principal que queremos denunciar. La violación al Acuerdo de Escazú sobre una verdadera consulta transparente, previa, informada y consentida por los campesinos sobre la construcción o no del embalse”, denunció la coordinadora en un comunicado.