Mina de Donoso: expertos cuestionan auditoría y falta de vigilancia estatal

Las obligaciones ambientales de la mina de Donoso no terminan con el cese de la extracción. El manejo de los relaves, la calidad del agua, el drenaje ácido, la restauración y el monitoreo posterior podrían extenderse durante décadas.

Así se planteó este martes durante el V Foro Ciudadano “Cierre minero: una decisión sobre nuestro futuro como país”, organizado por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas en Panamá del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la auditoría realizada sobre los compromisos ambientales del proyecto. Isaías Ramos, especialista en gestión ambiental y técnico del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), explicó que los términos de referencia inicialmente contemplaban una revisión más amplia, con participación de las comunidades y aspectos ambientales, laborales, de seguridad, logísticos y financieros.

Sin embargo, según Ramos, los términos finalmente aprobados se limitaron a unos 370 compromisos y a la revisión de documentación. “La auditoría se iba a circunscribir básicamente a los aportes o información que pudiera presentar la empresa minera”, señaló.

Gabriel Jácomo, biólogo marino y auditor ambiental, sostuvo que cerca del 98% de la información analizada provenía de Minera Panamá y que parte de ella no estaba avalada o certificada por el Estado. También afirmó que algunos compromisos fueron considerados cumplidos sin suficiente evidencia documental. “Creo que la mayor debilidad aquí es la falta de seguimiento, la falta de control, la falta de una vigilancia por parte del Estado”, manifestó.

Los expertos también señalaron preocupaciones sobre la instalación de manejo de relaves, que ocupa unas 2,000 hectáreas y contiene residuos mineros y grandes cantidades de agua. Jácomo cuestionó la información disponible sobre la calidad del agua que sale de la instalación hacia los cuerpos de agua cercanos y advirtió sobre la necesidad de mantener controles permanentes.

Otro punto fue el plan de emergencia. Según lo expuesto en el foro, Minera Panamá presentó en enero de 2026 un “preplan de urgencia”, pero este no habría sido consultado adecuadamente con las comunidades y las instituciones vinculadas a la gestión de riesgos.

Mientras tanto, residentes de Donoso, como Inés Sutherland y Rubén Ayarza, expusieron carencias de infraestructura, electricidad, conectividad, salud y educación, además de las dificultades para desarrollar actividades como el turismo comunitario y la producción agrícola.

El foro también abordó el marco jurídico del cierre. El abogado Carlos Bichet recordó que la Resolución de Gabinete No. 19 de 2024 estableció la identificación de las condiciones ambientales y riesgos del sitio para sustentar un Plan Ordenado de Cierre Definitivo. A su juicio, el proceso requiere supervisión estatal, participación ciudadana y seguimiento de las obligaciones que permanezcan después del cierre.

Los participantes también destacaron que el cierre no debe entenderse únicamente como la paralización de las operaciones, sino como un proceso de largo plazo que requiere vigilancia, cumplimiento de las medidas ambientales y seguimiento de las obligaciones que permanezcan después de la actividad minera.

En el caso de las comunidades de Donoso, los residentes insistieron en que su participación debe mantenerse durante las distintas etapas del cierre y que las condiciones de acceso a servicios básicos deben ser consideradas dentro de las decisiones que se tomen sobre el futuro del territorio.

El mensaje que dejó el foro fue que el cierre definitivo de la mina no representa el final de las responsabilidades. El manejo de los riesgos ambientales, la supervisión del Estado y la participación de las comunidades serán determinantes para evitar que las obligaciones pendientes terminen trasladándose al país en los años posteriores.

La mina de cobre en Donoso (Cobre Panamá) detuvo formalmente sus operaciones comerciales y de extracción a finales de noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato ley de la concesión minera, tras masivas protestas ciudadanas en el país.

En junio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, designó una comisión interinstitucional de alto nivel para realizar una auditoría integral y definir el futuro y la hoja de ruta del cierre de la mina de cobre en Donoso. Según publicaciones recientes, la Comisión de Alto Nivel de Panamá entregará sus recomendaciones finales sobre el futuro de la mina Cobre Panamá antes de que finalice el año 2026.