Panamá admite retrasos en trazabilidad pesquera y evaluación de la UE se aplaza hasta 2027

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) enfrenta un desafío clave en su estrategia contra la pesca ilegal: la culminación del sistema de trazabilidad pesquera, requisito indispensable para que la Unión Europea (UE) evalúe el levantamiento de la “tarjeta amarilla” que mantiene al país bajo observación.

El administrador de la entidad, Eduardo Carrasquilla Dutari, confesó a La Estrella de Panamá que el proyecto de trazabilidad, desarrollado en conjunto con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), debía estar listo en julio de 2026. Sin embargo, actualmente registra apenas un 45% de avance, debido a la falta de recursos financieros que retrasaron su ejecución.

“Nuestro calendario era que estuviera listo para julio de este año. Es muy probable que esté listo para octubre, haciendo las primeras pruebas. Nuestra apreciación es que no debe pasar del primer trimestre del 2027 que podamos ya ser evaluados y con una buena perspectiva de pasar a una tarjeta verde”, señaló Carrasquilla.

El sistema digital permitirá reportar y controlar todas las capturas de manera automatizada, cerrando el círculo de exigencias que la UE ha planteado para garantizar transparencia y sostenibilidad en la actividad pesquera. Con ello, Panamá busca demostrar que cuenta con mecanismos efectivos para combatir la pesca ilegal y asegurar la trazabilidad de los productos que llegan a los mercados internacionales.

Para respaldar este esfuerzo, la ARAP obtuvo recientemente un crédito extrajudicial por $3.9 millones, destinado a cumplir compromisos operativos y a invertir en equipamiento. Con estos fondos se completará la flota de cinco patrulleras dedicadas a la vigilancia marítima, además de la adquisición de tecnología que fortalecerá el sistema de monitoreo.

Carrasquilla destacó que la estrategia contra la pesca ilegal es integral y se ha reforzado en varios frentes. En 2026, dijo, se incorporaron 40 nuevos inspectores de pesca, distribuidos en todo el país, y se inauguró el centro de monitoreo de Vacamonte, que opera las 24 horas del día supervisando las embarcaciones en aguas nacionales.

Asimismo, aseguró que se creó una unidad de inspección en plantas procesadoras y se implementó el control de todas las descargas pesqueras con presencia de la ARAP, garantizando que las capturas provengan de embarcaciones autorizadas y artes de pesca regulados.

El administrador subrayó que estas medidas buscan cerrar espacios a la pesca ilegal y cumplir con los estándares internacionales. “Todo ese paquete permite cerrar los espacios a la pesca ilegal. Una vez culminemos el sistema de trazabilidad, estaremos listos para recibir la auditoría de la UE”, afirmó.

Tanto la ARAP como la Cancillería estuvieron en los últimos 18 meses sostenido múltiples reuniones y procesos de diálogo con la Dirección General de Asuntos Marítimos de la UE, con la expectativa de que en el segundo semestre de 2026 se realizará una auditoría en Panamá para demostrar el cumplimiento pleno de los estándares de control de la flota y combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La Autoridad Nacional de Aduanas también habría anunciado una serie de avances de coordinación para definir lineamientos estratégicos y metas operativas, incluyendo capacitaciones al personal técnico en puntos de control de la zona central y Azuero.

Aduanas juega un rol en este proceso, ya que es la encargada de garantizar la fiscalización del comercio exterior, la gestión de riesgos en operaciones aduaneras y la trazabilidad de las exportaciones pesqueras, en coordinación con la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Pesca INDNR.

La última revisión de la UE se realizó en octubre de 2025, cuando Panamá presentó avances en trazabilidad y supervisión de flota.

La UE sancionó por primera vez a Panamá con una “tarjeta amarilla” en 2014, pero en 2017 recuperó la “tarjeta verde”. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en 2019, explicó el administrador general de la Arap.

Después de 2019, dijo, hubo dos auditorías, una en 2020 y 2022, sin resultados para salir de la sanción de la tarjeta amarilla, situación que representaría que la tercera auditoría fuera una sanción para una tarjeta roja.

Una reciente investigación de La Estrella de Panamá pudo constatar que solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital o VMS por sus siglas en inglés, ya que se encontró que hay 399 embarcaciones artesanales palangreras y otras 82 industriales para un total de 481, pero según la información proporcionada por la ARAP solo 70 de estas tienen VMS.

Esto significa que hay unos 400 barcos palangreros sin portar VMS, a pesar de la obligatoriedad del Decreto 126 de 2017, según la información entregada por la entidad al mes de julio de 2026.