Panamá gasta hasta $100 millones al año en biodiversidad: el reto es calcular la brecha

Panamá gasta entre $90 millones y $100 millones al año, en promedio, en materia de biodiversidad, pero todavía no ha determinado cuánto necesita para cumplir las metas que se ha planteado en este ámbito.

El dato fue expuesto por Magda Monteza, consultora senior en gobernanza ambiental y desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras la presentación de los resultados de la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) Panamá, desarrollada con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el PNUD, bajo el lema “Del diagnóstico a la acción para fortalecer el financiamiento de la biodiversidad”.

Para Monteza, uno de los principales aportes del ejercicio es establecer un punto de partida sobre el gasto que realiza el país y generar información para definir los siguientes pasos.

“Considero que la información presentada es sumamente relevante porque muestra precisamente cómo vamos. Panamá ha avanzado definitivamente en generar una plataforma de información relevante para ordenar la casa en materia de biodiversidad y determinar entonces lo que sigue”, expresó en entrevista con los medios.

En términos de gasto, Monteza indicó que Panamá está destinando “entre 90 y 100 millones de dólares al año, como promedio, en materia de biodiversidad”. Esto en distintos proyectos de ambiente, desarrollo sostenible y biodiversidad en el 2024, lo que equivale al 0.48 % del presupuesto devengado del Sector Público No Financiero y al 0.11 % del producto interno bruto (PIB).

Este financiamiento, identificado mediante el primer análisis del gasto público con impacto en ambiente y biodiversidad del país (BER), permitió apoyar la protección de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas, la investigación científica y el uso sostenible de recursos naturales.

Estas actividades representan una inversión estratégica para Panamá, ya que contribuyen a conservar bosques, ríos y vida silvestre, al tiempo que protegen servicios esenciales como el suministro de agua, la producción de alimentos y la resiliencia frente a eventos climáticos.

En este marco, la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), implementada en Panamá desde 2025 por el Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca mejorar la planificación, movilización y gestión del financiamiento para fortalecer la protección y el uso sostenible de los ecosistemas del país.

Sin embargo, Monteza explicó que el valor del dato no está únicamente en el monto. “Lo relevante de esa cifra no es precisamente establecer el monto per se, sino que comprende el primer acercamiento que el país tiene para determinar cuánto de los recursos públicos se está invirtiendo en materia de biodiversidad, y ese es un hallazgo sumamente importante en preocuparse a futuro, porque Panamá ha asumido metas relevantes y metas que obviamente van a impactar el gasto, y conocer desde dónde partimos es un primer paso”, sostuvo.

El gasto existe, pero la brecha aún no está cuantificada

La cifra actual de gasto no permite establecer cuánto debería destinar Panamá para cumplir sus metas de biodiversidad. Ese cálculo será la siguiente etapa del proceso. “En este momento el Ministerio de Ambiente, con el apoyo del PNUD en el marco de la iniciativa BIOFIN, está precisamente creando las condiciones para poder establecer cuál es esa brecha. Ese es el siguiente paso”, comentó Monteza.

Una vez determinada esa diferencia, se podrá definir cómo financiarla. “Luego que se tiene ese paso cubierto, entonces se podrá determinar cómo lo vamos a financiar. Pero en este momento todavía no se sabe. Sabemos de la meta, tenemos que cuantificarla”, afirmó.

Monteza reconoció que se trata de un proceso amplio y meticuloso. “Requiere un esfuerzo importante en establecer todo elemento que está vinculado con poder determinar cuál es esa brecha y su pago”, señaló.

El desafío, agregó, tampoco se limita a conseguir nuevos recursos. También implica conocer cómo se utilizan los que ya están disponibles.

“Lo que sigue es ser más eficientes, ser más eficaces y sobre todo mejorar la trazabilidad de ese gasto en biodiversidad”, sostuvo.

En esa línea, consideró necesario analizar cómo se están utilizando y gestionando actualmente los recursos destinados a este ámbito.

Monteza planteó además que el financiamiento de la biodiversidad debe analizarse junto con otros desafíos ambientales. “Es decir, que si pensamos en biodiversidad y pensamos en clima y pensamos en la desertificación no podemos mirarlo como fenómenos aislados sino que tenemos que mirarlos con la integralidad”, expresó.

Desde esa perspectiva, consideró relevante conocer tanto el gasto actual como las necesidades de financiamiento, de manera que el país pueda determinar los recursos requeridos para cumplir sus compromisos en materia de sostenibilidad.

Soledad Bauza, oficial a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por su parte, explicó que “BIOFIN es un programa que se trabaja a nivel global y que analiza las inversiones, del gasto y de oportunidades que se hacen en relación a la potencialidad del apoyo a la biodiversidad y al medio ambiente”.

Sobre los resultados presentados en Panamá, Bauza destacó que permiten conocer datos relevantes sobre el gasto y la inversión relacionados con la biodiversidad. “Tenemos muy buenas noticias con la información que los informes están dando, que se ha hecho conjuntamente con el MEF y con el Ministerio de Ambiente, y estos datos fundamentalmente, más allá de los números de gasto e inversión, es que da una información que permite tener una ruta, un mapa, de hacia dónde se deben continuar los esfuerzos”, señaló.

Bauza agregó que esta información también está coadyuvando a diferentes iniciativas relacionadas con la biodiversidad. Señaló que el programa BIOFIN se desarrolla en más de 135 países y destacó el respaldo de Alemania, Bélgica, Reino Unido y otros representantes de la comunidad internacional. “Nos da mucha esperanza, mucha esperanza para el futuro, mucha esperanza para las diferentes actividades que se están haciendo y sobre todo mucha esperanza para los compromisos internacionales que tiene Panamá en relación a las metas de ambiente y de biodiversidad”, comentó.

Bauza también destacó que el análisis realizado comprende diez años, al ser consultada sobre el peso del gasto en biodiversidad y su financiamiento.

Para Bauza, el análisis no debe limitarse a identificar nuevas fuentes de financiamiento. “Es muy importante no solo conseguir financiamiento en biodiversidad, sino también analizar cómo se está invirtiendo y cómo se está manejando el financiamiento actualmente. Entonces, eso es lo que hoy estamos precisamente analizando con los datos”, explicó.

Según Bauza, los resultados muestran que existe inversión y un camino sobre el cual continuar trabajando, pero también permiten identificar brechas. “Se ve que sí, que hay inversión, que es positivo y que hay un camino trazado hacia continuar, y también se ve cuáles son las brechas y la importancia de que otros actores, como el sector privado, como la comunidad internacional, como los diferentes ministerios y las diferentes instituciones públicas, privadas y académicas puedan seguir trabajando conjuntamente”, sostuvo.

Al referirse específicamente a las brechas, señaló que están relacionadas con las oportunidades de financiamiento internacional y con la coordinación interna para identificar los espacios de mayor inversión o aquellos en los que sea necesario continuar apoyando los esfuerzos.

“Las brechas específicamente tienen que ver con esta oportunidad de financiamiento, oportunidades de tocar la puerta para financiamiento internacional y estas oportunidades que hay de coordinación interna para analizar cuáles son estos espacios de mayor inversión o los espacios en los cuales hay que mover la aguja de la pública hacia continuar apoyando esfuerzos”, explicó.

Desde MiAmbiente, Darío Luque, técnico del Departamento de Biodiversidad, explicó que los estudios presentados abarcan tres componentes: el análisis de las políticas e instituciones que crean un marco habilitante para la conservación de la biodiversidad; el análisis del gasto del sector público en biodiversidad; y el análisis de los incentivos o subsidios, positivos y negativos, relacionados con la biodiversidad.

Sobre los desafíos, Luque señaló que Panamá “no está partiendo de cero”. Y, agregó que “ya hay indicativos de diferentes tipos de mecanismos financieros, también aliados o actores, socios clave, colaboradores en el tema del financiamiento de la biodiversidad”.

El reto, agregó, consiste en “articular o alinear todos esos esfuerzos” para que sean canalizados hacia el cumplimiento de las metas nacionales identificadas en la Política Nacional de Biodiversidad y la Estrategia y Plan de Acción de Biodiversidad.

Luque mencionó entre esas metas asuntos como “el tráfico ilegal de especies de vida silvestre, el tema de la conservación de los ecosistemas, las listas de las especies amenazadas”. “Todos estos temas involucran costos que requieren financiamiento”, afirmó.

Luque precisó que, después de esta etapa, comenzará el análisis del vacío de financiamiento. “Después de esta etapa se va a hacer el análisis de la brecha o el vacío de financiamiento, de cuánto se requiere, las propuestas de las opciones que son más viables para Panamá, el mecanismo financiero para cubrir esta brecha”, explicó.

La expectativa, añadió, es que “al final de este año tengamos una propuesta de un plan nacional de financiamiento de biodiversidad”.

Con el análisis presentado, Panamá cuenta con un dato sobre el gasto que realiza actualmente en biodiversidad: entre $90 millones y $100 millones anuales, en promedio. El siguiente paso será determinar cuánto se requiere para alcanzar las metas y cómo financiar la brecha que resulte de ese cálculo.

Así, el principal hallazgo económico del diagnóstico no es que Panamá gaste más o menos que otros países, sino que ya existe una primera medición del gasto —entre $90 millones y $100 millones anuales— y ahora comienza la etapa más compleja: determinar cuánto cuesta cumplir las metas de biodiversidad, cuánto falta para financiarlas y cómo se cubrirá esa brecha.