Panamá hacia la OCDE: ¿qué gana y qué arriesga?

Panamá ha iniciado un proceso de acercamiento estratégico a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en busca de fortalecer su competitividad y preparar al país para una nueva etapa de desarrollo.

El debate, sin embargo, no está exento de matices: mientras el Gobierno destaca las ventajas de adoptar estándares internacionales, expertos regionales señalan la experiencia de Costa Rica como un referente, y voces críticas cuestionan la conveniencia de seguir este camino.

La discusión se centra en cómo Panamá puede aprovechar las herramientas de la OCDE para mejorar su institucionalidad, atraer inversión y generar empleos de calidad, sin perder de vista sus propias fortalezas históricas ni comprometer su soberanía fiscal.

La viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Eida Gabriela Sáiz, explicó que Panamá ha firmado un memorándum de entendimiento con la OCDE y definió un plan de acción con cuatro líneas estratégicas: educación e inclusión social, inversión, transparencia en datos y desarrollo de pymes.

“Panamá no está en un proceso de adhesión inmediata. Lo que buscamos es utilizar la OCDE como una caja de herramientas, aprender de experiencias internacionales y adaptar lo que nos conviene para fortalecer nuestras ventajas competitivas”, afirmó Sáiz.

La viceministra subrayó que el país parte de una posición de fortaleza, con una economía abierta y dolarizada, un centro logístico de clase mundial y un ecosistema financiero sólido. Sin embargo, advirtió que el reto es transformar esas ventajas en productividad, innovación y capital humano de calidad.

Entre las prioridades, destacó la participación en pruebas internacionales como PISA y PIAAC, que medirán las competencias de estudiantes y adultos, así como la revisión de políticas de inversión para garantizar reglas claras y previsibilidad. También mencionó el apoyo a las pymes, que representan cerca del 80% de la economía, y la necesidad de mejorar la calidad de los datos para decisiones basadas en evidencia.

“El salto de Panamá no depende de cuánto podamos crecer, sino de cómo crecemos y de la calidad de ese crecimiento. La OCDE es una oportunidad para dar ese siguiente paso”, señaló.

Sáiz agregó que Panamá se prepara para evaluaciones internacionales como la quinta ronda del GAFI en 2027 y la revisión del Foro Global, además de la visita del Fondo Monetario Internacional en septiembre. “Panamá está en una posición robusta, mostrando transparencia y con todo el potencial para crecer”, aseguró.

Priscila Piedra, socia de impuestos de Deloitte en Costa Rica, compartió la experiencia de su país en la aplicación de la Ley de Transparencia Económica y su ingreso a la OCDE en 2019.

“La norma que se aprobó en Costa Rica es muy similar a la de Panamá, siguiendo el estándar europeo. Lo que se busca es evitar la doble no imposición y garantizar que las empresas multinacionales tengan sustancia real en el país”, explicó Piedra.

Recordó que la ley costarricense fue polémica y aprobada por un voto en el Congreso en 2022, bajo presión de la Unión Europea. Aunque algunas empresas salieron del país, la mayoría se adaptó y Costa Rica fue excluida de la lista europea tras la aprobación.

“Ser miembro de la OCDE implica participar activamente en comités técnicos y adoptar reformas fiscales, sociales y de gobernanza. Panamá puede usar este ejemplo para consolidar su competitividad manteniendo su territorialidad, pero alineándose con estándares globales”, señaló.

Piedra subrayó que cumplir con estándares internacionales fortalece la seguridad jurídica y la atracción de inversión extranjera. “El que una jurisdicción forme parte de la OCDE da muchísima mayor garantía a los países para que vuelvan a ver y los vuelvan más atractivos para generar inversión”, añadió.

El abogado Adolfo Linares expresó una postura contraria al proceso de acercamiento a la OCDE, cuestionando su legitimidad y beneficios para Panamá.

“Yo sigo siendo de la opinión que Panamá no gana nada entrando a la OCDE, que es una burocracia europea parasitaria. Obligar a países soberanos a cambiar su régimen fiscal viola la libre determinación y el derecho internacional”, afirmó.

Linares advirtió que la OCDE ha sido “enemiga de la jurisdicción panameña” y que sus presiones buscan modificar el régimen de territorialidad. Además, comparó el desempeño económico de Panamá con el de Europa:

“Mientras las economías de la OCDE han crecido en promedio 1.2% en los últimos 25 años, Panamá ha crecido cerca del 5%. No veo por qué aplicar estándares que allá no han dado resultado”, sostuvo.

El abogado también señaló que las principales economías europeas enfrentan crisis fiscales, deudas externas cercanas al 100% del PIB y sistemas de pensiones debilitados. “No veo que esos estándares tan cacareados los hayan llevado al éxito, más bien al fracaso”, manifestó.

Ante las inquietudes que genera este proceso, el ministro del MEF, Felipe Chapman, ha reconocido que existen preocupaciones legítimas en la sociedad frente a los cambios estructurales. Sin embargo, enfatizó que la adhesión a la OCDE no implica renunciar a la soberanía ni a las prioridades nacionales.

“Panamá mantiene plenamente su capacidad de decisión. Este proceso no supone la imposición de normas, sino la oportunidad de evaluar y adoptar aquellas prácticas que resulten beneficiosas para el país, respetando nuestras particularidades culturales, económicas y geográficas”, afirmó.

Chapman ha destacado que no todas las políticas internacionales son replicables en el contexto panameño, por lo que es fundamental analizarlas con criterio técnico y adaptarlas a la realidad local.