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- 10/09/2026 00:00
La Asamblea aprobó en primer debate la reconfiguración de los circuitos, pero diputadas exigieron al Tribunal Electoral explicar cómo define la proporcionalidad y la representación. El magistrado Alfredo Juncá plantea un censo electoral para conocer dónde reside realmente el electorado
El proyecto que redibuja los circuitos electorales del país avanzó ayer en la Asamblea Nacional, pero no sin cuestionamientos. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate la iniciativa del Tribunal Electoral (TE), que aumenta de 39 a 41 los circuitos para la elección de diputados y modifica la distribución de las 71 curules.
El proyecto pasó al pleno de la Asamblea Nacional para la aprobación en segundo y tercer debate.
Durante la discusión, las diputadas de la bancada Vamos Walkiria Chandler y Alexandra Brenes pidieron explicaciones sobre la metodología utilizada para determinar qué circuitos serán uninominales y cuáles plurinominales, así como sobre la aplicación del principio de representación proporcional establecido en la Constitución.
Uno de los principales puntos de discusión surgió alrededor de la cifra de 43,026 electores que el TE utiliza como referencia para determinar la cantidad de diputados por circuito.
Brenes cuestionó durante el debate cómo se aplica ese criterio cuando existen circuitos que no alcanzan el cociente electoral.
La diputada señaló que la propuesta utiliza como base el padrón electoral de 2024 y establece un cociente de aproximadamente 43 mil electores por diputado, pero preguntó por qué algunos circuitos que están por debajo de esa cifra conservan una curul y cómo se determina esa representación.
“¿Cuál es el criterio general para determinar que un circuito es plurinominal?”, preguntó Brenes a los representantes del TE.
La diputada también puso como ejemplo el caso de Bocas del Toro, donde el proyecto plantea separar Changuinola del resto de los distritos para crear dos circuitos uninominales.
Brenes sostuvo que el artículo 147 de la Constitución establece que los circuitos deben conformarse en proporción al número de electores del último padrón electoral, pero también contempla otros factores, como la proximidad territorial, los lazos de vecindad y las vías de comunicación.
Su cuestionamiento se centró en cómo se determina cuál de esos criterios prevalece en cada caso.
Indicadores
Chandler llevó el cuestionamiento hacia los criterios cualitativos utilizados para delimitar los circuitos.
La diputada pidió al TE explicar qué indicadores permiten medir factores como la proximidad territorial, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los elementos históricos y culturales mencionados en la Constitución.
Chandler tomó como referencia la propuesta de unir los distritos de Tierras Altas y Renacimiento en Chiriquí y preguntó qué parámetro permite establecer que existe suficiente afinidad entre ambos territorios.
La diputada cuestionó que una justificación basada, por ejemplo, en que los habitantes de ambas zonas cultivan productos similares sea suficiente para sustentar una decisión que definirá las reglas electorales.
“¿Existe una métrica real que permita reflejar el numeral cuatro del artículo 147 de la Constitución?”, preguntó Chandler durante el debate.
También cuestionó por qué la metodología para medir esos criterios no aparece desarrollada con mayor precisión en la exposición de motivos del proyecto.
“Estamos hablando de una ley de la República”, planteó la diputada, al advertir que la iniciativa establece las reglas para la elección de diputados y, por tanto, debe ofrecer criterios objetivos y verificables.
Representantes del TE explicaron que el proceso parte del número de electores y después incorpora los demás criterios establecidos en la Constitución.
Osman Valdez, del TE, explicó que primero se realiza el cálculo demográfico y se determina el número de diputados mediante los números enteros y las fracciones decimales.
Según la explicación ofrecida durante la sesión, una vez asignados los diputados correspondientes a los números enteros, las curules restantes se distribuyen tomando en cuenta las fracciones decimales de mayor a menor hasta completar el total de diputados.
En el caso de los circuitos que no alcanzan el cociente electoral, la representación se mantiene a partir de la aplicación de la metodología general y de los criterios territoriales contemplados en el artículo 147.
Los representantes del Tribunal también explicaron que, en casos como Chiriquí, la creación del distrito de Tierras Altas y su conexión territorial con Renacimiento fueron considerados para la nueva delimitación.
Los cambios
El proyecto aprobado en primer debate establece cambios importantes en la distribución de diputados.
La provincia de Panamá pasaría de 25 a 23 diputados. Los circuitos 8-2, 8-3 y 8-4 perderían una curul cada uno, mientras el 8-6 ganaría un diputado.
Panamá Oeste, en cambio, ganaría dos curules. Arraiján, en el circuito 13-1, pasaría a elegir cuatro diputados, mientras La Chorrera, en el 13-4, también elegiría cuatro.
El número total de diputados no cambia.
Bocas del Toro y Chiriquí
En Bocas del Toro, Changuinola quedaría como un circuito uninominal, mientras Bocas del Toro, Chiriquí Grande, Almirante y la comarca Naso Tjër Di integrarían otro circuito uninominal.
En Chiriquí, Bugaba quedaría separado de Tierras Altas. El distrito de Bugaba conformaría un circuito uninominal y Tierras Altas se uniría con Renacimiento en otro.
El proyecto también reorganiza el circuito de Alanje y Boquerón tras la salida de Renacimiento.
La Constitución establece que la Asamblea Nacional la integra 71 diputados, por lo tanto el proyecto de ley de la reconfiguración de los circuitos electorales no altera la cifra total de los diputados.
Magistrado del TE advierte la necesidad de un censo electoral
El magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Juncá planteó la necesidad de que Panamá cuente con un verdadero censo electoral que permita conocer con mayor precisión dónde reside la población habilitada para votar y mejorar los criterios utilizados para definir la representación política.
Durante la discusión del proyecto de ley sobre la reconfiguración de los circuitos electorales, Juncá explicó que el padrón electoral constituye actualmente la herramienta disponible para realizar los cálculos relacionados con la distribución de los electores.
Sin embargo, sostuvo que el país necesita avanzar hacia un instrumento específico para determinar la población electoral de cada territorio, separado del censo poblacional que realiza la Contraloría General de la República.
La propuesta parte de una diferencia metodológica entre ambos instrumentos. Mientras el censo poblacional busca determinar las características y distribución de los habitantes del país, un censo electoral permitiría identificar con mayor precisión a las personas habilitadas para ejercer el voto y su ubicación territorial.
Juncá señaló que contar con esa información permitiría reducir posibles distorsiones en la distribución electoral, particularmente cuando existen electores inscritos en lugares distintos a su residencia.
El magistrado también planteó la posibilidad de desarrollar mecanismos de consulta como parte de los procesos de delimitación electoral. A su juicio, estas herramientas podrían aportar información adicional para definir la organización de los circuitos, aunque su implementación requeriría recursos y una regulación específica.
La propuesta surgió en medio del debate sobre los criterios utilizados para distribuir los 71 escaños de la Asamblea Nacional entre los distintos circuitos electorales.
Juncá defendió la necesidad de considerar tanto los criterios matemáticos como las características territoriales para garantizar que todos los electores tengan representación.
La discusión deja sobre la mesa la posibilidad de que Panamá avance hacia un sistema de información electoral más preciso, con un instrumento diseñado específicamente para conocer dónde reside la población habilitada para votar y facilitar futuras delimitaciones de los circuitos electorales.
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