Productores advierten riesgo por importación de arroz fuera de norma legal

El productor Omar Spiegel, vocero del gremio arrocero, advirtió en entrevista con TVN Noticias que la reciente importación de 462 mil quintales de arroz procedentes de Uruguay se efectuó sin cumplir los requisitos que establece el marco legal panameño, encendiendo las alarmas en el sector agropecuario y generando reclamos al gobierno por el impacto que estas prácticas podrían tener sobre el mercado nacional.

”Panamá cuenta con un robusto marco legal para defender al sector agropecuario”, afirmó Spiegel, quien explicó que las importaciones de productos como el arroz —clasificados como sensibles desde la adhesión del país a la OMC en 1997— deben realizarse únicamente a través de dos mecanismos: contingentes pactados en tratados o por desabastecimiento avalado por la cadena agroalimentaria. “Este cargamento no pasó por cadena y no cumplió los procedimientos debidos”, reiteró.

El vocero detalló que el cargamento atracó en puerto hace 15 días y que su llegada se da justo en el inicio de la cosecha nacional, lo cual contraviene lo dispuesto en la Ley 47 de 2017, que prohíbe importaciones durante los períodos de precosecha y cosecha. “No debe ingresar arroz cuando estamos cosechando; afecta directamente al productor nacional y distorsiona el mercado”, subrayó.

A esta preocupación se suma una notificación reciente en la plataforma del Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (APA), que anuncia la posible entrada de 3 millones de quintales adicionales. “Eso representa casi el 50% del consumo anual de Panamá. Si ese volumen entra, destrozaría el mercado nacional y llevaría a la quiebra a miles de productores”, advirtió.

Según cifras compartidas por la Dirección Nacional de Agricultura, el país cuenta con suficiente arroz panameño para abastecer el mercado hasta el 2 de febrero de 2026. “El arroz nacional está, es de calidad, y cubre la demanda. No hay justificación para recurrir a importaciones masivas fuera del debido proceso”, aseguró Spiegel.

El productor insistió en que las importaciones sin consulta a la cadena agroalimentaria generan efectos en cascada: desde los agricultores hasta comerciantes, transportistas y consumidores. “Cuando los molinos están llenos de arroz importado, no reciben el grano nacional. Ya hemos vivido episodios en que el arroz nacional se echó a perder”, recordó.

El gremio ha enviado comunicaciones formales al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a la Dirección General de Aduanas, al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a la APA y a la oficina de Política Comercial, recordando cuál es el procedimiento establecido para este tipo de importaciones. “Lo único que pedimos es que se respete la ley y que se proteja el mercado panameño”, señaló.

Spiegel también criticó el argumento del menor precio del arroz importado: “Es cierto que en países como Uruguay el producto es más barato, pero allá el Estado invierte en infraestructura, investigación y clima favorable. Competir sin condiciones similares es condenar al productor panameño a desaparecer. Y lo barato termina saliendo caro cuando se destruyen plazas de empleo”.

En sus declaraciones, Spiegel fue enfático en señalar que no se trata únicamente de proteger intereses sectoriales, sino de preservar un ecosistema económico rural que beneficia a miles de panameños. “El sector agropecuario genera más de 400 mil plazas de empleo directas. Si se paraliza, no solo se deja de producir arroz; se detiene el transporte, la venta de insumos, la economía de las fondas rurales, el abastecimiento de combustible. Todo se afecta”, afirmó.

Por ello, el llamado al gobierno es claro: “No puede haber mina que compense los empleos que se perderán si el campo desaparece. Necesitamos que el análisis legal que se está haciendo tome en cuenta nuestra postura y defienda a los productores nacionales”.

Según el vocero, los productores seguirán en pie de lucha para garantizar que se cumplan los procedimientos legales de importación. De no ser así, advirtió que el sector podría enfrentar un nuevo ciclo de quiebra, desempleo y desabastecimiento que impactaría no solo al agro, sino a la seguridad alimentaria del país.