Reventas, ¿inmoralidad o ilegalidad?

ADMINISTRADOR DE ACODECO

La reventa de las entradas para diversos espectáculos ha generado un debate interesante, confrontándose, por un lado, posiciones de neto cuño económico que la justifican, señalando que se trata de un problema del mercado, en el cual los precios oficiales de las entradas son demasiados bajos y, en consecuencia, el público está dispuesto a pagar dos o tres veces más por las mismas; contrario a lo expuesto, surgen voces disidentes que, desde una perspectiva ética, sostienen que la reventa nada tiene que ver con el mercado, es una práctica muy arraigada que causa el disgusto de la gente, que es inmoral y que promueve injusticias y situaciones de inequidad.

La controversia está planteada y muy de moda, por los frecuentes eventos artísticos, deportivos y culturales que se organizan en nuestro país.

En otros países, la reventa es considerada una falta y, aún más, como delito regulado y sancionado en el Código Penal. Por ejemplo, en China está prohibida por la ley, de allí que en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing se tomaron fuertes medidas para luchar contra la reventa de entradas, como la identificación de los compradores de las entradas a las ceremonias de inauguración y clausura de juegos, cuotas para cada persona que compre entradas.

En Panamá, debemos abordar el problema con mucha prudencia, debido a lo arraigado de esta costumbre en el tráfico comercial local y a las escasas normas que pudieran aplicarse, por ejemplo, los precios a la vista del producto (aunque fuese superior al oficial), aspecto que desde ya presentará dificultades en su aplicación, por las razones tradicionales esbozadas.

Todos tenemos derecho a buscar y lograr una fuente de ingresos para satisfacer nuestras necesidades. Se ha dicho que la especulación por sí misma no es negativa, sino cuando raya en lo inmoral, lo injusto lo inequitativo.

Frente a ésta es que debemos ensayar fórmulas jurídicas que disuadan a los especuladores malsanos y que, ante su insistencia, sean fuertemente sancionados para garantizarle al consumidor un precio justo en la adquisición de entradas para espectáculos públicos o privados.