Nuestro rol en el futuro económico

La economía nacional está experimentando un fuerte crecimiento que promete extenderse por lo menos durante unos años más. Ante esta perspectiva se ha planteado la pregunta de cómo hacer para que el motor de la economía sea sustentable en el tiempo. Parte de la respuesta a esa pregunta es de orden estrictamente económico e incluye factores tan diversos como la evolución de los mercados externos, el clima y las decisiones de organismos internacionales y gobiernos. Pero el proceso económico depende, también, de cómo funcionan las instituciones que influyen en las decisiones de los agentes económicos.

Desde este punto de vista, los programas oficiales, la dinámica de los mercados o las estrategias de empresas locales o externas, bastaban para explicar los problemas o las bondades de las economías o para formular proposiciones de mejora. Sin embargo, hay que admitir que el crecimiento depende también del funcionamiento de las instituciones, lo cual incluye las leyes, las normas y las tradiciones, que influyen poderosamente en la forma en que se localizan y aprovechan los recursos y en cómo se distribuyen los frutos del crecimiento.

La experiencia panameña ofrece un amplio campo para verificar la utilidad de esta perspectiva. Durante muchas décadas, factores no estrictamente económicos contribuyeron a la pérdida de oportunidades generadas por las oportunidades internas y la coyuntura internacional. Entre ellos se cuentan la inestabilidad debida a una cultura política de confrontación, la ausencia de una valoración de la productividad, tanto en las empresas como en los sindicatos, y las ineficiencias del sector estatal debido a la ausencia de una cultura del servicio público y por la difusión de la corrupción, entre otros. La frecuente interrupción del orden institucional, en particular, no sólo tuvo costos en materia de derechos políticos o humanos, sino también en la pérdida de inversiones derivada de la incertidumbre.

En la década del noventa se produjeron cambios importantes en el orden económico en muchos sentidos positivos, pero la falta de reglas claras en aspectos decisivos de la apertura y la carencia de autonomía de instituciones en los procesos de desregulación, además de la dependencia de la Justicia y el Legislativo en relación al Ejecutivo, crearon incertidumbres que seguramente desalentaron muchas inversiones y permitieron la creación de ineficiencias costosas, especialmente en el sector de los servicios públicos.

Por todo esto, un país que podía y puede considerarse afortunado en muchos sentidos, vivió una historia de frustraciones económicas y un sostenido retroceso en la escena internacional.

De allí que para evitar nuevas distorsiones y lograr que las inversiones generen actividades sustentables y socialmente beneficiosas, es necesario avanzar mejoras institucionales. Una de las prioridades es un cambio de cultura en el funcionamiento del Estado para que éste cumpla más adecuadamente funciones básicas para la economía, como constituye en el caso de la Acodeco la promoción de la competencia y la preservación del bienestar de los consumidores.

El desarrollo depende no sólo de cuestiones económicas sino también institucionales, que determinan cómo se localizan y utilizan los recursos. Por eso, mejorar las instituciones es indispensable para el crecimiento sustentable.