Radiografía de las S.A.

PANAMÁ. “No somos un paraíso fiscal”, dice Moisés Cohen, presidente de la Asociación Bancaria Panameña (ABP), al defender en sus oficinas las normas que rigen en Panamá. En la calle, sin enojo —más bien con resignación—, el taxista Gilberto Francisco Ortega sentencia: “El que tiene plata entra a Panamá y hace lo que le da la gana”.

Panamá es un país de poco más de 3 millones de habitantes cuya población extranjera alcanza, según cifras oficiales, alrededor del 15%, entre los que destacan chinos, colombianos y, más recientemente, venezolanos.

Las cifras, sin embargo, revelan que no todos los extranjeros que llegan al país vienen cargados de dinero. No son pocos los que ingresan motivados por el ritmo de crecimiento caribeño que emerge del boom de la construcción, grandes inversiones y la vida nocturna de luces, casinos y prostitución que invade el centro de la capital.

Según la oficina de Migración, de las cerca de 2,900 visas de permanencia entregadas entre 2007 y 2008, sólo 500 se otorgaron a inversionistas extranjeros, principalmente colombianos, venezolanos y estadounidenses.

La facilidad para crear Sociedades Anónimas es la atracción principal para inversionistas de todo tipo.

Hasta ahora. Porque los efectos de la grave crisis financiera mundial ha provocado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) les aprieta el cinturón a los poderes político y económico panameños para que blinden su sistema fiscal y, según ellos, eviten que los extranjeros huyan de sus países evadiendo impuestos para invertirlos en Centroamérica.

Las consecuencias de lo decidido por la OCDE ya comienzan a surtir efecto. Ante las presiones internacionales, el poder político y económico de Panamá mueve sus piezas para impedir que un sistema que opera desde los años 20 del siglo pasado empiece a desmoronarse.

El sistema imperante en Panamá otorga grandes beneficios a las sociedades anónimas al portador allí establecidas. Para crearlas sólo basta tener un apoderado local, generalmente grandes firmas de abogados. Pero esas sociedades son letra muerta sin el otro elemento del sistema: el Centro Bancario, constituido en 1970 y que permite, entre otras ventajas, tener cuentas cifradas, gracias a la reserva bancaria.

Para el abogado Sidney Sittón, especialista en la creación de sociedades anónimas, ese entramado constituye el sistema ideal para los delincuentes: “A través de las sociedades se transfieren grandes sumas de dinero de un lado a otro del sistema bancario nacional e internacional, para confundir a las autoridades e intentar borrar el rastro del dinero”.

Así, cualquier extranjero puede otorgar poder a un abogado local para constituir una empresa en la que su nombre nunca aparecerá. Tampoco figurará en las cuentas bancarias. De esta manera se pueden evadir impuestos en sus países o esconder grandes sumas de dinero o blanquear capitales de origen ilícito.

“A pesar de las decenas de escándalos de corrupción pública y privada que durante años han relacionado a Panamá con la corrupción en la región, nunca se ha investigado a un banco y ni siquiera se ha ordenado el levantamiento de la reserva bancaria”, dice Sittón.

El más reciente es el caso del colombiano y zar de la estafa de las pirámides, David Murcia Guzmán, quien creó por lo menos 248 empresas de papel —según investigación judicial— y durante dos años entró y salió de Panamá en innumerables oportunidades, siempre con visa de turista.

Sentado en la sala de juntas del edificio Tower Bank, ubicado en el exclusivo sector de la calle 50 en Ciudad de Panamá, la opinión del presidente de la ABP, Moisés Cohen, es radicalmente distinta a la de Sittón: está convencido que lo que le ha permitido a su país ser un centro financiero es la creatividad para generar y atraer inversión al país.

-Si nos quitan eso, Panamá se acaba. Tenemos una posición estratégica y un sistema fiscal con evidentes ventajas, pero solo eso– asegura.

Mientras el gremio patronal de Panamá organiza la defensa del sistema financiero de su país, una nueva presión visible surgió el jueves 21 de mayo. Everett Eissenstat, asistente del representante comercial de Estados Unidos, declaró ese día en el Senado de su país: “También compartimos las preocupaciones acerca de las políticas tributarias de Panamá y estamos trabajando con Panamá sobre este tema”.

La breve advertencia revela que EEUU mira el tema con atención. Incluso algunos señalan que este tema podría ser una traba para la ratificación en el Congreso el Acuerdo de Libre Comercio que firmó con Panamá en 2007. De allí que ya se anuncia decisiva la negociación que deberá iniciar apenas asuma el poder el nuevo presidente electo de Panamá, el empresario Ricardo Martinelli.

La defensa del sistema financiero esboza un pilar central: que ya existe suficiente control sobre las operaciones bancarias en Panamá. Evans Rivera, director de Relaciones Públicas de la Superintendencia Bancaria dice que en áreas relacionadas con riesgos, préstamos, situaciones extrafronterizas, y blanqueo de capitales, se chequea el cumplimiento de las normas. “A través de esas sociedades se pueden abrir cuentas y podría ser que a través de ellas se puedan realizar actividades ilícitas. La Superintendencia tiene un programa para orientar a jueces y fiscales sobre lavado de activos y otros temas bancarios”, afirma Rivera, que no es cualquier funcionario. Trabaja en la Superintendencia que debe controlar los bancos emplazados en Panamá, y que goza de la fama de pagar los mejores sueldos de este país después de la sociedad que administra el Canal. Tiene otra peculiaridad: su presupuesto proviene de las cuotas que esas mismas entidades bancarias le deben pagar de acuerdo con sus ganancias. Otra prueba del poder y autonomía del sistema financiero de Panamá es que las leyes que regulan todas las actividades bancarias se hacen y aprueban en la Superintendencia respectiva y no pasan por el Poder Legislativo. Un sistema que le brinda a los capitales extranjeros todas las facilidades. Los dueños de esos capitales tienen todo en un solo lugar: el centro bancario, la bolsa de valores, las sociedades anónimas, los bufetes de abogados que exclusivamente se dedican a abrir sociedades anónimas, el secreto bancario y escaso control. Pero esa extrema flexibilidad es la que provoca la actual presión internacional para obligar los cambios. El FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales vigilan. Aún así, y a pesar de que el gremio patronal más importante de Panamá se moviliza en la defensa de su sistema, no se percibe mayor inquietud. Todos parecen confiar en que, finalmente, la comunidad internacional entenderá que así como Panamá es un enclave de tránsito obligado en la ruta aérea de esta parte del continente, el velo de impunidad que pareciera favorecer los negocios ilícitos también reparte dineros a otros países. La presión más fuerte es la que ejerce Estados Unidos. Y se confía en que se desarrolle a puertas cerradas. La misma puerta cerrada que se espera mantener para los dueños de las sociedades de papel y sus cuentas cifradas.