Superintendente descarta impacto directo para los bancos por Ley de Sustancia Económica

La implementación de la Ley de Sustancia Económica representa un avance estratégico para la reputación internacional de Panamá y su eventual salida de las listas discriminatorias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirmó el Superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong.

Al evaluar el alcance del nuevo marco normativo y su reciente reglamentación, el titular de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) destacó que, si bien la legislación exige un periodo de adaptación para los distintos actores económicos, la valoración general para la plaza financiera es altamente favorable.

“Creo que es un paso muy positivo para nosotros eventualmente salir de las listas de paraísos fiscales de la OCDE”, valoró Ayón Wong.

Añadió que “sabemos que es algo nuevo, acaba de salir la reglamentación, es algo que tenemos que digerir, pero es un paso muy positivo para el país para eventualmente salir de las listas discriminatorias”.

En relación con el rol de los bancos dentro de este nuevo esquema regulatorio, el Superintendente aclaró que la normativa no impone una carga operativa ni compromisos directos significativos sobre las entidades financieras del país.

Según explicó el superintendente, el peso del cumplimiento recaerá principalmente en los contribuyentes y sociedades que deban justificar la presencia e idoneidad de sus actividades corporativas en territorio nacional.

“No hay mayores compromisos para los bancos, básicamente los bancos no tienen mayor impacto en esto”, precisó Ayón Wong, añadiendo que la exigencia recaerá de manera puntual en ciertos perfiles de usuarios. “Algunos clientes de bancos lógicamente que sí tienen que tal vez sustentar mejor sus operaciones”.

La Ley

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32 publicado en la Gaceta Oficial se reglamentó el Capítulo II del Título I del Libro IV del Código Fiscal, relativo a las reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La normativa desarrolla lo establecido en la Ley 526 de 28 de mayo de 2026 y busca dotar de seguridad jurídica a las entidades multinacionales que operan en el país.

El decreto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la autoridad competente para administrar, supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones de sustancia económica.

La medida busca garantizar que las entidades multinacionales domiciliadas en Panamá cuenten con operaciones reales y verificables, evitando estructuras meramente instrumentales que generen ingresos pasivos sin actividad sustancial en el país.

La reglamentación aplica a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que formen parte de un grupo multinacional y obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, tales como dividendos, intereses, regalías o ingresos derivados de activos intangibles. También incluye a aquellas que se dediquen exclusivamente a la tenencia de participaciones patrimoniales o bienes inmuebles.

Expertos resaltaron que la medida refuerza la reputación internacional de Panamá y abre nuevas oportunidades de inversión, aunque también plantea retos de implementación y adaptación.

El socio líder de Deloitte Panamá, Luis Eduardo Ocando, subrayó que la ley representa una evolución del sistema de renta territorial. Explicó que ahora las empresas que reciben ingresos pasivos deberán tener presencia física en el país, con oficinas y juntas directivas locales.

“Lejos de ahuyentar, esta ley va a traer más inversión hacia Panamá. Se venderán más sociedades anónimas y más vehículos jurídicos panameños”, afirmó Ocando, citando ejemplos de países como Uruguay, Hong Kong y Singapur, que han fortalecido su atractivo tras adoptar medidas similares.

El presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales, Tony Roldán, coincidió en que la ley es clave para mejorar la reputación del país y atraer capital extranjero. “Esta legislación permitirá que más empresas miren a Panamá como objetivo de inversión y con ello gana el país con mejores posiciones, más inversiones y un entorno institucional fortalecido”, aseguró.

Roldán recordó que el Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA) ya cumplen con requisitos de sustancia desde hace cuatro años, lo que facilita la transición hacia los nuevos estándares.