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- 21/09/2026 00:00
A pesar de los mensajes de contención del gasto, el pago en la planilla estatal se encareció en $13,2 millones durante el primer semestre del año en comparación con el de 2025.
Entre julio del año pasado y julio de 2026, se incorporaron al Estado 5,264 funcionarios nuevos, lo que encareció en sueldos $13,2 millones, de acuerdo al ‘Informe de la Planilla del Sector Público’ de la Contraloría General de la República (CGR).
La cantidad de funcionarios pasó de 264,005 en julio de 2025 a 269,269 en julio de 2026, un crecimiento de 2%. Los mayores ingresos se registraron en el reglón de los servidores públicos permanentes.
Hasta el 31 de julio pasado hay 249,251 empleados públicos fijos, mientras que en julio pasado eran 242,517, es decir hay 6,734 funcionarios permanentes adicionales, un incremento de 2,8%, mientras que disminuyeron 1,470 funcionarios eventuales en -6,8%.
El aumento de personal, en su mayoría permanente tuvo un efecto directo en el total desembolsado en planilla, indica el reporte.
En julio de 2026, el sector público pagó $460,7 millones en sueldos, frente a $447,5 millones en julio de 2025, un incremento de 2,9%.
“Esta cifra es muy alta para un país pequeño y lo grande de la planilla le quita recursos al Estado para utilizarlo en obras que beneficien a la población, lo que implica que el Estado debe tratar de controlar la planilla”, expresó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP), Rolando Gordón.
El aumento de funcionarios se concentra principalmente en entidades del Gobierno Central.
La planilla mensual de los empleados fijos en estas entidades pasó de $279,6 millones en julio de 2025 a $288,9 millones en julio de 2026, lo que es un aumento de $9,3 millones, equivalente a aproximadamente 3,3%.
Por ejemplo, en el Ministerio de Educación (Meduca) se sumaron unos 1,459 nuevos empleados, lo que convierte a esta institución en la que registró el mayor incremento en comparación con 2025.
En el Ministerio de Salud (Minsa) se registraron 957 nuevas contrataciones, mientras que en el Ministerio de Gobierno (Mingob) fueron 914 y el de Seguridad Pública 747.
El Órgano Judicial también aumentó la planilla con 709, el Ministerio de Ambiente 345, y Asamblea Nacional 242, entre otras, cita el reporte de la CGR.
Los aumentos de planilla son una respuesta política al momento de que cada gobierno asume el poder y en este trámite se beneficia a quienes realizaron favores políticos durante el tiempo de campaña, señaló Rubén Quijada, dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (Fenasep).
“Cada cinco años se dan despidos masivos en el sector público (...) Es quítate tú para ponerme yo. Y mucho de ese crecimiento son funcionarios eventuales y con altos salarios”, expresó a La Decana.
El dirigente también destacó que durante esta administración al menos unas 30,000 personas han sido removidas de sus puestos en el gobierno para contratar a en las mismas posiciones a personas afines al gobierno de turno.
El aumento del gasto de la planilla del sector público también se registró en el sector e instituciones descentralizadas, así como intermediarios financieros.
En tanto, el sueldo de las instituciones descentralizadas pasó de $167,8 millones a $171,7 millones, es decir, $3,9 millones adicionales al mes.
El aumento general de la planilla del Estado contradice el mensaje del gobierno, que desde junio del año pasado planteó la contención del gasto público de hasta $1,900 millones en la Resolución de gabinete 57-25, debido a que los ingresos disponibles eran inferiores a los gastos autorizados. De ese monto, $426,5 millones correspondían a gastos de funcionamiento.
Dentro de estos, uno de los principales problemas señalados fueron los aumentos salariales automáticos, cuyo crecimiento había superado el de los ingresos públicos, el gasto general del Gobierno y la inflación. Estos aumentos representaron un costo fiscal de $324 millones en un año.
Por su parte, el MEF “evaluó hacer un mayor recorte en los gastos de funcionamiento para poder asignar más recursos a inversiones”, mencionan en una comunicación correspondiente a octubre del 2024, sin embargo, expertos como Gordón señalan que todavía hace falta inversión por parte del Estado en sectores importantes.
“Falta personal técnico, como lo estamos viendo en salud, que no hay médicos especializados. El Estado no invierte en investigación y desarrollo, en donde se pueden formar nuevos profesionales en diferentes campos”, dijo.
La Estrella de Panamá consultó al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el aumento de la planilla, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de la entidad.
Opciones a futuro
Actualmente no existe un plan de retiro para los funcionarios que se están jubilando y que los motive a dejar sus puestos, sino que siguen laborando.
En tanto, varias de las opciones para reducir el número de empleados en el gobierno se gestan actualmente en la Asamblea Nacional, con proyectos relacionados al retiro voluntario de servidores públicos.
Una de las iniciativas acogidas por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, es el proyecto de ley 771 propuesto por el diputado Augusto Palacios de Vamos, plantea un programa de incentivos para funcionarios jubilados o pensionados que decidan renunciar voluntariamente.
La propuesta contempla un incentivo de hasta 12 meses de salario promedio, calculado con base en los diez mejores años de remuneración en el servicio público, según informó la propia Asamblea.
En cuanto a esto, Quijada, dirigente Fenasep, considera que cualquier programa de retiro voluntario debe garantizar una compensación que tome en cuenta la situación salarial de cada trabajador.
Además, cuestionó que el beneficio se establezca bajo un esquema escalonado y plantea que el incentivo debe ser suficiente para que los trabajadores próximos a jubilarse encuentren atractivo acogerse voluntariamente al programa.
“El retiro voluntario debe ser un retiro digno”, sostuvo Quijada, quien explicó que la federación no está de acuerdo con un mecanismo que termine beneficiando de manera diferente a los trabajadores dependiendo de su salario.
El dirigente argumentó que a la propuesta que ya se encontraba en discusión se sumaron otras iniciativas de retiro voluntario en la Asamblea Nacional. Estas nuevas propuestas tienen diferentes modalidades de pago y montos, por lo que no constituyen necesariamente un único modelo de retiro voluntario.
Mientras el Legislativo avanza en la discusión de estas alternativas, el Ejecutivo no ha presentado iniciativas concretas orientadas a reducir la planilla estatal, pese a que el propio Gobierno ha planteado la necesidad de contener el gasto público.